en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, declina la competencia en el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

En fuerza de las precedentes consideraciones, este Tribunal administrando justicia en nombre DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY declara CON LUGAR la oposición a la Medida Preventiva de Secuestro decretada sobre el inmueble constituido por una casa quinta ubicada en la calle 126 (Avenida Kerdell) distinguida con el No. 97-41 Parroquia San José, Municipio Valencia, Estado Carabobo, efectuada por el demandado LUIS ANTONIO ROMAN

Se otorgó al penado ROJAS PEREZ ANGEL ENRIQUE, titular de la cédula de identidad N° V-9.823.333, antes identificado, la medida alternativa de cumplimiento de pena denominada LIBERTAD CONDICIONAL; Se levantará acta donde conste el compromiso del penado al cumplimiento de las condiciones impuestas, por lo que se acordó su citación para el día 31 de Agosto de 2004 en horas de la mañana, a los fines de ser impuesto de la presente decisión, y en caso de no cumplimiento de alguna de las condiciones le será revocado el presente beneficio; Se modificó el cómputo de pena del 05 de Junio de 2001, todo de conformidad con el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de esta decisión al Fiscal 14° del Ministerio Público y a la Defensa. Remítase Copia Certificada de la presente decisión al Ministerio del Interior y Justicia y al Centro de Tratamiento Comunitario "Dr. Andrés Grisanti".

Se le acordó al penado MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N°: V-11.150.169, la medida alternativa de cumplimiento de pena denominada LIBERTAD CONDICIONAL, ;Se levantará acta donde conste el compromiso del penado al cumplimiento de las condiciones impuestas, por lo que se acuerda su debida imposición; Se modificó el cómputo de pena del 18 de Diciembre de 2000, todo de conformidad con el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de esta decisión al Fiscal 14° del Ministerio Público y a la Defensa. Remítase Copia Certificada de la presente decisión al Ministerio del Interior y Justicia y al Internado Judicial Carabobo. Líbrese la respectiva boleta de pre-libertad y remítase al Internado Judicial de Barinas.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la Oposición a la medida Preventiva de Embargo realizada por el ciudadano CARLOS PATRICIO CAMPOS BENITEZ, asistido por la abogada AMAYRANI MENDOZA HERNÁNDEZ, ambos ya identificados, y ASÍ SE DECIDE.

se difiere la publicación del fallo que debía ser publicada en el día de hoy en la presente causa, por plazo de Treinta (30) días CALENDARIO CONSECUTIVOS

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la apelación interpuesta el 15 de julio de 2003, el abogado PAOLO GALLO, en su carácter de apoderado judicial de la accionante, CORFRICAR, S.A., contra la sentencia definitiva dictada el 05 de junio del 2003, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la litispendencia, por cuanto el único recurso que debió haber interpuesto la parte actora es el de regulación de competencia, lo cual no hizo. Queda así confirmada la sentencia definitiva objeto de la presente apelación.

PRIMERO: CON LUGAR la Pretensión de Amparo Constitucional intentada por el abogado EDUARDO DIAZ-SANTOS, procediendo en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil INVERSIONES 130638, C.A., en contra de la decisión dictada en fecha 27 de octubre de 2003, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por haber incurrido el fallo accionado en violación directa al derecho que le asiste al recurrente a una tutela judicial efectiva, el derecho a dirigir peticiones y obtener respuesta, así como a un debido proceso, consagrados en los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución; SEGUNDO: Como formula para restituir la situación infringida se declara LA NULIDAD del auto dictado el 27 de octubre de 2003 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y en consecuencia se tiene sin efecto alguno la decisión anulada.

El Tribunal declararo la IMPROCEDENCIA in limine litis de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JOSE ALARCÓN, JUAN CARLOS SÁNCHEZ E., CESAR CABRERA, ENRIQUE VILORIA y JAVIER ALBERTO HENRY JOSEPH, asistidos por el abogado CARLOS VIDAL O., contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO, por órgano de la Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social.

Se ORDENO a la SOCIEDAD MERCANTIL METALURGICA HERMANOS GARCIA, C. A., restituir en el ejercicio pleno de sus funciones laborales al ciudadano ALBERTO LAMA ATOCHE, con el goce del salario y prerrogativas inherentes al cargo.