Se decretó el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en virtud de haberse extinguido la acción penal por el cumplimiento de las obligaciones contraidas y del plazo de la suspensión del proceso, y se acuerda su Libertad Plena. Se ratifica la revocatoria de las medidas cautelares contenidas en los literales b y c, del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, impuesta en la audiencia de presentación de fecha 20-05-2002. Notifíquese a las partes. Expídase por secretaría copia certificada de la presente decisión, para ser archivada en el copiador correspondiente. Remítase la presente actuación al Tribunal de Ejecución en su oportunidad legal. Líbrense Oficios.

Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la presente causa y se acuerda su Libertad Plena. Quedan revocadas todas y cada una de la medidas cautelares imputas en la audiencia de presentación celebrada en fecha 08-04-04 contenidas en los literales b, c, del articulo 582 de e la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Notifíquese a las partes. Expídase por secretaría copia certificada de la presente decisión, para ser archivada en el copiador correspondiente. Remítase la presente actuación al Tribunal de Ejecución en su oportunidad legal.

Se deceretó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la presente causa, se acuerda la Libertad Plena del adolescente de auto. Notifíquese a las partes. Expídase por secretaría copia certificada de la presente decisión, para ser archivada en el copiador correspondiente. Remítase la presente actuación al Tribunal de Ejecución en su oportunidad legal.

En base a las precedentes consideraciones esta SALA N° 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY emite el siguiente pronunciamiento: ANULA el procedimiento realizado y la decisión Consultada, dictada por la Juez N° 4 de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal de fecha 29 de abril de 2004, y en consecuencia se REPONE la presente causa al estado, de que la mencionada Jueza N° 4 se pronuncie sobre la admisibilidad o no de la presente acción de amparo constitucional, todo en estricto cumplimiento al procedimiento de amparo establecido en Sentencia de fecha 1 de Febrero de 2000, Caso José Amando Mejía, Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En virtud de las consideracines expuestas, este Tribunal de Control, actuando en sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ PINEDA, asistido por la Abogada MARIA NOHEMI MACHADO, en contra de los Fiscales del Ministerio Público del Estado Carabobo, ROSANNA MARCANO LAREZ y MILAGROS ROMERO.

En virtud de la rotación anual de los Jueces de Primera Instancia en lo Penal la Juez Provisorio Abogada Florisbé Lira Arenas se avoca al conocimiento de la presente causa y vista la solicitud de Sobreseimiento presentada por la Fiscalía Undécima del Ministerio Publico en la causa seguida al Ciudadano JOSE ALVAREZ, de conformidad con lo establecido en el articulo 325 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, actualmente el articulo 318 ordinal 3 ejusdem, por el delito de Lesiones Culposas en Accidente de Transito, previsto y sancionado en el articulo 422 ordinal 1 del Código Penal. Este Tribunal observa: PRIMERO : Que el Representante del Ministerio Publico está solicitando el Sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano JOSE ALVAREZ, por el delito de Lesiones Culposas en Accidente de Transito, previsto y sancionado en el articulo 422 ordinal 1 del Código Penal, el cual establece: “ El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesi.....

Este Tribunal se abstiene de analizar y pronunciarse sobre los demás alegatos y defensas de las partes, por ser inútil e inoficioso, y así se decide. Por las razones antes expuestas, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la demanda intentada por las abogadas IRMA FELICISIMA RIOS PEREZ y BIANCA ACOSTA GARCIA apoderadas judiciales de los ciudadanos: JUANA MERCEDES PEREIRA OLIVEROS y ANTONIO JESUS CHIQUIN CHAPARRO en su condición de propietarios del vehículo Marca: Ford; Tipo: Sedan; Color: Beige; Modelo: Sierra; Año: 1985; Serial de Carrocería: CJBAFG31112; Serial del Motor: 6 Cilindros; Placas: HAN133; Uso: Particular, en contra de el ciudadano RODRIGO PENILLA RESTREPO y de la empresa ADMINISTRADORA PRINCIPAL C.A., en su carácter de propietario y garante respectivamente del vehículo marca: Renault; Placas: XHU509; Clase: Camioneta, todos suficientemente identificados en a.....

CONDENA a cumplir la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, establecida en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el literal f del artículo 620, ejusdem, por el lapso de TRES (3) AÑOS Y CUATRO (4) MESES; medida esta que deberá cumplir en el CDT. Dr. Pastor Oropeza, o en cualquier otro lugar que designe el Tribunal de ejecución. El adolescente permanecerá en el CDT. Dr. Alberto Ravell hasta que quede definitivamente firme la presente decisión. Remítase la causa al tribunal de ejecución en la oportunidad legal correspondiente

En esta misma fecha se declaró improcedente la solicitud efectuada por la progenitora del epnado Manfred Mendoza. Se ordenó su notificacción.-

Se evidencia del texto transcrito del capitulo en referencia, que la parte actora da por demostrado unos extremos legales, sin indicarle al Tribunal cuales son los hechos constitutivos de los requerimientos de las normas citadas, lo que en doctrina se conoce como ¿Fomus boni iuris¿ y el ¿Periculum in mora¿; esto es, estamos en presencia de un pedimento sin motivación y sin prueba que demuestre el riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria; al no demostrar tales extremos procesales que permitan al Tribunal sustentar su decisión, es obligatorio concluir sobre la IMPROCEDENCIA de las medidas solicitadas y ASÍ SE DECIDE