Se declaró PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de la Providencia Administrativa dictada en el expediente 069-05-01-01732 de fecha veintidós (22) de julio de 2005, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los de los Municipios Autónomos Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo

UNICO: EL ABANDONO DEL TRAMITE en la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano FELIPE SEGUNDO FIGUEROA OSSES en contra del auto dictado en fecha 02 de junio de 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia TERMINADO EL PRESENTE PROCESO. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo.

Se decreto AMPARO CAUTELAR de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 49, 257 y 259 en concordancia con el artículo 5º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogado FRANCIS GOITE CELIS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 33.246, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. SEGUNDO: SE REPONE la causa al estado de que el Tribunal de Juicio que resulte competente fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. TERCERO: SE ANULAN todas las actuaciones celebradas a partir del 10 de noviembre de 2005, inclusive, fecha en la cual fue celebrada la audiencia de juicio.

Este Tribunal observando que desde la fecha en que se efectuó la Boleta de Notificación de la ciudadana MARIANELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, hasta la presente no se ha recibido escrito contentivo de la corrección exigida por el Tribunal; y actuando de conformidad con lo establecido en la parte in fine del artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, DECLARA INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por la ciudadana MARIANELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, antes identificada en virtud de no haberse efectuado la corrección de los defectos u omisiones en la solicitud del recurso interpuesto.- Así se decide. Déjese copia, Notifíquese a las partes y remítase la causa en su oportunidad al Archivo Central para su posterior remisión al Archivo Judicial.-

DECLARA CON LUGAR la INHIBICION propuesta por la ciudadana Jueza Nro. 3 de la Sala Nro.1 de la Corte de Apelaciones, de este Circuito Judicial Penal, MARIA ARELLANO BELANDRIA, con fundamento en las causales previstas en el articulo 86 ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó sentencia definitiva absolutoria, a favor del ciudadano JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, plenamente identificado en los Autos, por la presunta comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal vigente para la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos, y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 eiusdem. Se condenó al Estado Venezolano, al pago de costas procesales. Todo ello de conformidad con lo establecido en los articulos 364, 355 y 366 del COPP.

Conforme a la competencia atribuida en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta la LIBERTAD PLENA del ciudadano MANUEL LABARCA CORRALES, por cumplimiento de la condena impuesta en fecha 20-09-2004. Remítase el presente asunto a la Oficina de Archivo Central de está Extensión Judicial, para su posterior remisión al Archivo Judicial en su debida oportunidad. Notifíquese al referido ciudadano, al ciudadano Fiscal de Ejecución Sentencias, y a la Defensa. Ofíciese con copia de la presente resolución la Dirección del Centro de Tratamiento Comunitario "Dr. Eduardo Herrera" y al Ministerio del Interior y Justicia.

onforme a la competencia atribuida en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta la LIBERTAD PLENA del ciudadano ANDERSON MIGUEL SILIE MIJARES, por cumplimiento de las condenas impuestas en fechas 30-07-2002 y 14-03-2003. Remítase el presente asunto a la Oficina de Archivo Central de está Extensión Judicial, para su posterior remisión al Archivo Judicial en su debida oportunidad.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el articulo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden publico, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de COSA JUZGADA.