Este Tribunal Superior de los Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, da por consumado el acto, en consecuencia, declara HOMOLOGADO el desistimiento formulado por el ciudadano Daniel Cabrera, antes identificado, pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual origina la terminación del presente proceso.

Este Tribunal Superior de los Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, da por consumado el acto, en consecuencia, declara HOMOLOGADO el desistimiento formulado por el ciudadano Alfredo Ramón Méndez Sánchez, antes identificado, pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual origina la terminación del presente proceso.

ÚNICO: LA NULIDAD del auto dictado el 15 de noviembre de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en la ciudad de Puerto Cabello, donde se admitió el recurso procesal de apelación ejercido por la abogada ANNA IANNI, en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES, C.A. (DIANCA) y todos los actos subsiguientes del proceso y se ordena LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que el referido tribunal oiga en un solo efecto devolutivo el recurso procesal de apelación intentado. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

UNICO: LA NULIDAD del auto dictado por este Tribunal Superior en fecha 14 de diciembre de 2007, así como de todas las actuaciones procesales subsiguientes; y en consecuencia SE REPONE la causa al estado de que el Tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad de las apelaciones interpuestas tanto por la parte demandante como por la codemandada Tecmaca C.A. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo.

N° 1.292-08 Fecha: 12-02-2008. PARTES: Demandante: VICTOR TARAZONA Demandado: SIMON GARCIA Abogado Actor: MARCOS SALAZAR MEDIDA: SECUESTRO Y EMBARGO PREVENTIVO RESUMEN: Se trasladó el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en compañía de la parte actora, a la dirección señalada por la misma, con la finalidad de practicar las medidas de Secuestro y Embargo Preventivo, decretada por el Juzgado Primero de los Municipios Guacara y San Joaquín de esta misma Circunscripción Judicial. Se designo Depositaria Judicial, y Perito Avaluador Una vez en el sitio indicado se hicieron los toques de Ley, no acudiendo persona alguna al llamado judicial. Se hizo presente la ciudadana Dalia Mercedes García, a quien el Tribunal notificó de su misión, manifestando la misma ser cónyuge del demandado, que el mismo se fue del hogar, solicito un plazo para .....

Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley hace entrega material, del inmueble objeto de juicio y a solicitud de la paret actora se asbtiene de practicar la medida de embargo ejecutivo.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por el ciudadano Edicto Varela Villasmil en contra de la decisión dictada el 03 de diciembre de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE MODIFICA la sentencia apelada, conforme a los razonamientos contenidos en el presente fallo; TERCERO: SIN LUGAR la pretensión Constitucional intentada por el ciudadano Edicto Varela Villasmil contra la decisión dictada el 03 de julio de 2007 por el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y contra el ciudadano Alberto José Brandt Valera. Se condena en Costas al accionante en amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

"EL EX-TRABAJADOR" y "LA EMPRESA" declaran que el pago que se hubiese generado por concepto de honorarios profesionales de abogados y demás asesores que pudieran haber contratado en cualquier procedimiento que involucre a "EL EX-TRABAJADOR" con "LA EMPRESA", están incluidos en la presente transacción, y en caso de existir alguna diferencia, la misma correrá en cada caso por la exclusiva cuenta de quien los contrató o utilizó, sin que nada puedan reclamarse entre sí por estos conceptos ni por ninguno otro. DÉCIMA: Las partes reconocen y aceptan el carácter de cosa juzgada que la presente Transacción tiene a todos los efectos legales, en virtud de estar siendo celebrada ante funcionario idóneo y/o competente, y fundamentada en los artículos 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 3, Parágrafo único de la Ley Orgánica del Trabajo, en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley del Trabajo y en los artículos 1.713 y 1.718 del C.....

En merito a lo expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA la presente instancia, a tenor de lo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, 269 ejusdem. No se condena en costa a la parte inactiva en ningún caso a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se da por terminado y se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia en el archivo del Juzgado. Dada, Firmada y Sellada en la Sala del Despacho del Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego del Estado Carabobo, en Valencia, a los doce (12) días del mes de Febrero del Dos Mil ocho (2.008).- Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.- LA JUEZ PROVISORIO, Abg. Yuleima Castillo Oviedo. LA SECRETARIA, .....

Se habilita el tiempo necesario para publicar decisión en la cual se ORDENA ABRIR EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO en la presente causa seguida a los ciudadanos JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y ELVIS RAMIEL PÉREZ PÉREZ, por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal vigente para el momento de los hechos; en perjuicio de VIVIANA SOCORRO SALINAS; y se Emplaza a las partes para que en el plazo común de cinco días concurran ante el Juez de Juicio, instruyéndose a la Secretaria para que remita al Tribunal Competente la documentación de las actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal.