Bdl.

Este Tribunal ejecutó decisión firme dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de fecha 22-06-04, mediante la cual Decreto Sobreseimiento de La Causa, seguida a los ciudadanos ELIO JOSE PEÑA CARRILLO, titular de la cédula de identidad N° 13.870.671 y RANDY MANUEL FLORES CHAVEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.976.840, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas Nancy Miroslava Rojas de Mirelis y Raiza Daiquiri Molina, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, conforme lo ha sostenido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, la jurisdicción competente para conocer de los juicios de nulidad de los actos administrativos que emanen de las Inspectorías del Trabajo es la jurisdicción Contencioso-administrativa, así lo confirma en sentencia de amparo constitucional dictada en fecha 13 de febrero de 2003, publicada en Ramírez & Garay, tomo 196, pag. 228 a la 230, la cual es del tenor siguiente: ¿En esa oportunidad (sentencia N° 1318/2001), la Sala estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que es la jurisdicción contencioso- administrativa la competente para el conocimiento de los juicios de nulidad, a través del recurso contencioso-administrativo, de los actos que administrativos emanan de las Inspectorías del Trabajo. Asimismo, se afirmó que los tribunales de dicha jurisdicción son los competent.....

Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA EXTINCIÓN del presente procedimiento y ASÍ SE DECIDE.

En virtud de lo anterior, en atención a la tutela judicial efectiva y sin dilaciones injustificadas, y por mandato de nuestra Ley Penal Adjetiva que en su Artículo 314, consagra que : “…Si vencidos los plazos que le hubieren sido fijados, el Fiscal del Ministerio Público no presentare acusación ni solicitare sobreseimiento de la causa, el Juez decretará el archivo de las actuaciones…”; lo que se ha materializado en el presente caso, este Tribunal de primera Instancia en lo Penal en Función de Control N° 2 Administrando Justicia, en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES de conformidad con lo previsto en la parte in fine del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal y el CESE DE CUALQUIER MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD que pese sobre los ciudadanos WILMER ALEXANDER CASTRO MUÑOZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 18.086.500, .....

Se dictó auto declarando el abandono de la acusación privada interpuesta por el ciudadano MIGUEL ADRIANZEN PINTO en contra del ciudadano OSCAR RUBEN ADRIANZEN GUERRERO, de conformidad con lo establecido en el artículo 416 del COPP. Se ordenó su archivo definitivo y notificar a las partes.

DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, en razón de la materia, en el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Déjese transcurrir el lapso de cinco (5) días de despacho a los efectos previstos en el artículo 69 eiusdem.

V DECISIÒN En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano César Alonzo Pico, actuando en su carácter de propietario de DISTRIBUIDORA CEALPI, S. R. L., debidamente asistido por la abogada Maigualida J. Del Rosario Flores, contra los actos administrativos contenidos en la resolución Nº GRTI-DRAJ-A-2003-1568, del 18 de julio que confirmó la resolución de imposición de multa Nº GRTI-RCE-DFD-06-E-2128 del 08 de junio de 1998 de 2003, y planillas para pagar por un monto total de Bs. cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veinticinco con cero céntimos (5.653.125,00), todas del 30 de octubre de 1998, emitidas por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÒN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2) NULAS las planillas de planillas para pagar por .....