SE HOMOLOGA LA TRANSACCION Y SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y SE ORDENA DE IGUAL FORMA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y LA DEVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CADA UNA DE LAS PARTES.

PRIMERO: Que en el caso bajo estudio, se ha dado fiel cumplimiento a cada uno de los requisitos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, no siendo la sentencia evaluada disconforme con los preceptos del orden público venezolano; SEGUNDO: Se procede a partir de la publicación del presente fallo a LA DECLARATORIA DE FUERZA EJECUTORIA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de la sentencia dictada en fecha 14 de marzo de 1.997, por el TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL UNDECIMO CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, MIAMI, FLORIDA. DIVISION DE FAMILIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mediante la cual se decretó la disolución del matrimonio civil entre los ciudadanos GEORGES LUIS BATTAH y ADRIANA NESTEROVSKY DOMINGUEZ, el cual fue contraído el catorce (14) de junio de 1.991, por ante la Prefectura de la Parroquia San José, Municipio Valencia, del Estado Carabobo de la Republica Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo previsto en el artículo 475 del Código.....

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos Pedro Germán Brito y Salvatore Chiaracane, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-8.433.812 y E-81.957.412, respectivamente, abogados en el libre ejercicio de la profesión, inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 48.709 y 52.143, en el mismo orden, actuando como apoderados judiciales del accionante ciudadano Alexis Sanabria. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil cuatro (2004). Conforme a la naturaleza de la decisión dictada en este asunto, en aplicación del artículo 26 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se emite pronunciamiento al pago de las costas procésales. Y Así se decide.

la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la solicitud de nulidad presentada por el abogado LUIS VILLAVICENCIO DEL VILLAR, quién actúa en su condición de defensor del ciudadano Juan Valera, a quién se le sigue causa por ante el Tribunal de Control N° 3 de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual solicita se decrete la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión de fecha 17 de septiembre de 1999, dictada por la Sala N ° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo y por tanto el decreto de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre su representado; y por cuanto se trata de petición ante una decisión dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, DECLINA su competencia para conocer la solicitud presentada en la Sala de Casación Penal del Tribunal

DISPOSITIVA: Es por todo lo antes expuesto que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo, Marítimo y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR la OPOSICIÓN formulada por el Abogado LUIS LEONARDO REMARTINI ROMERO, Apoderado Judicial de los demandados, DELIA GRACIELA MAZZILLI DE TRAN, INOCENCIA ANDRADE DE MAZZILLI, JOSE ANTONIO MAZZILLI, RAMON GREGORIO MAZZILLI y, LUIS JOSE MAZZILLI, ya identificados; contra la Medida de Prohibición Enajenar y Gravar practicada sobre bienes comunes de los demandados, discriminados a los autos y concretamente en el oficio Nº 1446, del 08/12/2003, comunicado al ciudadano Registrador Inmobiliario Local, el cual riela a los folios 18 al 20, de la pieza I, del cuaderno de medidas.

¿ DESISTIDO el recurso de hecho interpuesto por el ciudadano ABEL FERREIRA DE AZEVEDO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.269.154, en su carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil PROCESADORA INDUSTRIAL ALIVECO, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 20 de Enero de 1997, bajo el N° 53, del Tomo 4-A, asistido por el abogado MIGUEL LAURENCIO SÁNCHEZ GIRÓN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.517.-

Ahora bien, dada la gravedad de las denuncias formuladas por el recurrente y las probanzas aportadas, considera este sentenciador, sin que ello implique adelanto de opinión sobre el fondo a debatirse en este proceso de amparo, hacer uso del poder cautelar que le otorga la Ley, ya que de materializarse la ejecución del fallo cuestionado, podría agravar la situación denunciada, en tanto que se está denunciando violaciones de derechos constitucionales, como el debido proceso y la igualdad de las partes en el proceso, por lo cual considera este Juzgador procedente la medida cautelar solicitada, y en consecuencia se ordena al Juzgado del Municipio Miranda de esta misma Circunscripción Judicial, en el expediente signado bajo el Nº. 133/00, abstenerse de realizar o practicar cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio seguido por el ciudadano AUGUSTO JOSÉ RODRÍGUEZ PEREZ en contra del ciudadano LEONARDO ANTONIO TOSCANO ROMERO, por cumplimiento de contrato, hasta tanto no.....

INADMISIBLE la Acción de Amparo interpuesta por el ciudadano AGUSTIN SOLORZANO, debidamente asistidos por el abogado incoada contra el Juzgado Primero de los Municipios Guacara Y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se Decide.-

PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por el abogado MARIO RAMÓN MEJIAS DELGADO, quien actúa en su propio nombre y representación. SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA de fecha 25 de noviembre de 2003. TERCERO: SE ORDENA AL TRIBUNAL DE LA CAUSA que admita la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios incoada por MARIO RAMÓN MEJIAS DELGADO contra NERIO ANTONIO RAMÍREZ RINCÓN y SADAYS ARTHEMIS MARCANO MARTÍNEZ, por el procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios Judiciales,