PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de enfermedad profesional que incoara el ciudadano JOSÉ PARRA contra la empresa RUEDAS DE ALUMNIO, C.A. (RUALCA)

DECLINA LA COMPETENCIA en el Tribunal (Distribuidor) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. A tal efecto, remítase mediante oficio el expediente Nº GP02-L-2004-000937 al Tribunal Distribuidor Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en Alzada, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la Inhibición formulada por la Abogada: HILEN DAHER DE LUCENA, Juez Superior Primero del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en Alzada, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la Inhibición formulada por la Abogada: DIANA PARES FREITES, Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia, se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines de su Distribución y envío al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial que corresponda. Remítase copia de la sentencia a la Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Désele salida y remítase con oficio a la URDD para su distribución.-

Esta Juzgadora de conformidad con el artículo 67 del Código orgánico Procesal Penal en concordancia con los articulos 64, 479, 532 eiusden se declara incompetente para conocer los autos de sobreseimiento para su ejecución, en fundamento a que el Juez Ejecutor penal se constituye legalmente para ejecutar penas y medidas de seguridad, equiparándolo al Juez de Vigilancia de otras legislaciones, nuestros Tribunales sentenciadores actuales, que son los de Control y los de Juicio, irremediablemente conservan algunas competencias de ejecución penal relativas a hacer cumplir lo juzgado, aunado al contenido del artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, con lo cual no se precisa que un Juez de Ejecución emita un auto expreso declarando la firmeza de una determinación jurisdiccional u ordenando su ejecución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal se declara incompetente para conocer de la decisión de Sobreseimiento para su ejecución, pues la mencionada decisión en forma alguna impone una pena o una medida de seguridad, por lo que no es competente el Juez de Primera Instancia en lo Penal actuando en funciones de Ejecución, para llevar a cabo las diligencias administrativa que genera el decreto de sobreseimiento; luego entonces le corresponde al Juez de Control, desde el momento en que profiere la decisión de sobreseimiento hasta que emite el oficio remitiéndolo al Archivo Judicial, y no al Juez de Ejecución. Y así se declara.

UNICO: INADMISIBLE, la Pretensión Constitucional intentada por la abogada RAIZA LEAL AROCHA en contra del auto dictado el 16 de abril de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. No hay condenatoria en Costas por la naturaleza de la presente decisión.

UNICO: SE CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 12 de mayo de 2003 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró INADMISIBLE la Pretensión Constitucional intentada por el ciudadano JOSÉ RAFAEL OSORIO LLAMOZAS en contra de las decisiones dictadas por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fechas 26 de noviembre de 2002 y 03 de abril de 2003. No hay condenatoria en Costas por la naturaleza de la presente decisión.

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO.- SIN LUGAR la apelación interpuesta el08 de junio de 2004, el abogado CARLOS LUIS NOGUERA, en su carácter de apoderado judicial del accionado, EDWARD ANDRES ALVAREZ PARADA, contra la sentencia definitiva dictada el 21 de abril del 2004, por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, Juez Unipersonal N° 02. SEGUNDO.- CON LUGAR la solicitud de fijación de obligación alimentaria, incoada por CARMEN ARELIS NAVAS MARTINEZ, en representación de la niña EMMY ALEJANDRA ALVAREZ NAVAS, contra el ciudadano EDWARD ANDRES ALVAREZ PARADA, en consecuencia: Primero: Se establece con carácter definitivo el equivalente a 0,85 de un salario mínimo legal establecido por el Ejecuti.....