UNICO: CON LUGAR el recurso procesal de apelación intentado por el abogado Rafael Alfonso Loreto Delgado, quién actúa como apoderado de la parte intimante en contra del auto dictado el 25 de abril de 2005 por la Jueza Unipersonal N° 04 de la Sala N° 01 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia SE REVOCA en todas y cada una de sus partes la decisión apelada conforme a los razonamientos contenidos en el presente fallo. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

ÚNICO: INADMISIBLE la pretensión Constitucional intentada por el abogado JORGE ENRIQUE BENAVIDES LAREZ, procediendo en su carácter de apoderado del ciudadano VICENTE ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se exonera de costas al recurrente, por no considerarse temeraria su pretensión. Notifíquese al recurrente el contenido de esta decisión.

IN LIMINE LITIS-, IMPROCEDENTE la acción de amparo ejercida por la abogada NANCY VARGAS procediendo en su carácter de apoderada de GRUPO EMPRESARIAL EDIFICACIONES TECNICAS COMPAÑÍA ANONIMA “GRUPEDITECA”.

este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando como Juez Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: -IN LIMINE LITIS-, IMPROCEDENTE la acción de amparo ejercida por el abogado JUAN GARCIA MADRIZ, procediendo en su carácter de apoderado de PRODUCTORES AGRICOLAS DE SABANA GRANDE DEL MEDIO, SOCIEDAD CIVIL.

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por la abogada Brenda Iciarte Herrera, quien actúa en su carácter de apoderada de la parte demandada en contra del auto dictado en fecha 10 de enero de 1.991, por el antes Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión dictada por el tribunal de primera instancia. De conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el presente fallo.

En el caso bajo análisis, el vencimiento del lapso originario para dictar el fallo fue en fecha 14 de noviembre de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se deberá aplicar al caso la cuantía establecida por el Decreto N° 1.029 de fecha 22 de enero de 1996 emanado del Ejecutivo Nacional, el cual se encontraba vigente para la fecha en que venció el lapso para dictar la sentencia recurrida, y según el cual el interés principal del asunto debía exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) para el anuncio del recurso de casación, evidenciándose de las actas procesales que la presente demanda fue estimada en una cantidad mayor a la establecida en dicho decreto, circunstancias éstas que motivan se declare ADMITIDO el recurso intentado, y así se establece.