Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la pretensión de amparo constitucional incoada por el abogado Miguel Osio Osio, titular de la cédula de identidad N° 3.290.579, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 16.036, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HECTOR LADERA LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° 1.333.760, contra el MUNICIPIO VALENCIA ESTADO CARABOBO.

medidas provisionales del TREINTA POR CIENTO (30%) del Sueldo mensual que devenga el ciudadano RICARDO ENRIQUE JIMENEZ MIRANDA, del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las Prestaciones Sociales y el embargo del TREINTA POR CIENTO (30%) de las Utilidades, Aguinaldos o Bonificación de Fin de Año

"....este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley Declara, que este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, es incompetente para seguir conociendo de la presente causa y ordena remitir este expediente al Juez de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de acuerdo a quien le corresponda, para que siga los trámites de este proceso, haga efectiva la entrega material del vehículo, antes identificado, y consecuencialmente, se haga la reparación por los daños y perjuicios causados al vehículo de su propiedad, o bien, que siga el procedimiento y la investigación para determinar quien de las partes es el que tiene la razón en este proceso."

"...este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la cuestión previa prevista en el ordinal 8° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil referida a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un procedimiento distinto opuesta por la parte demandada, en consecuencia, la presente causa continuará su curso hasta antes de la audiencia oral en la cual se paralizará la misma hasta que recaiga sobre los presentes hechos, la sentencia penal definitivamente firme. Así se decide."

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, la PERENCION DE LA INSTANCIA y por ende su extinción

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, la PERENCION DE LA INSTANCIA y por ende su extinción

ANULA de oficio la decisión dictada por el Juez Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha: 07 de septiembre del 2006, por haber sido dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, retrotrayéndose el proceso al estado de emitir nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción de amparo SEGUNDO: Declara Competente para conocer y decidir la presente acción de Amparo a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Remítase en original el presente expediente al Tribunal distribuidor a los fines legales consiguientes.

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES en el recurso de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la decisión dictada el 12 de diciembre de 1991 por el antes Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. De conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte demandada, por resultar vencida en la presente incidencia.

Se dicta sentencia, mediante la cual se CONDENA, al acusado ALVAREZ SEQUERA ANGEL, a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, por ser autor material de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN SU MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 31 penúltimo aparte de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 del Código Penal Venezolano vigente y así como el delito de USO DE NIÑOS O ADOLESCENTES PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Art. 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes, en relación con el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Se condena asimismo a las penas accesorias contempladas en el artículo 16 ejusdem. Se condena al pago de las costas procesales, conforme a lo establecido en el artículo 272 del C.O.P.P.-

Este Tribunal publica dentro del lapso legal Sentencia en la cual PRIMERO: CONDENA a la ciudadana acusada que durante el proceso ha sido identificada como GISELA DEL CARMEN DELGADO y quien en su declaración final rendida en el juicio se identificó como CARMEN GISELA DELGADO, a cumplir la pena de CINCO AÑOS, SEIS MESES DE PRISION, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, previsto en el artículo 31, aparte tercero, de la Ley Orgánica contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y asimismo, se le condena a las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal. SEGUNDO: Se declara NO CULPABLE a la misma acusada, se le ABSUELVE de la imputación que se le hizo en la acusación fiscal por el delito previsto en los artículos 61 y 63 de la Ley Contra la Corrupción. No se impone condenatoria en costas en virtud de la garantía de justicia gratuita consagrada en el artículo 26 de la Constitución.