DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano JULIO CESAR TORREALBA titular de la cédula de identidad V- 7.149.968, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 300, ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 305 ejusdem.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano JOSE FRANCISCO OCHOA VILLALOBOS titular de la cédula de identidad V- 7.090.699, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 300, ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 305 ejusdem.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano REINOLDES MANUEL RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad E-80.397.614, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 300, ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 305 ejusdem.

En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por los ciudadanos JUAN BAUTISTA FLORES, PABLO GREGORIO CORRALES ESCALONA, DOUGLAS DE JESÚS CARRILLO, MERBI RAFAEL BALLESTEROS VELÁSQUEZ Y JUAN CARLOS FLORES NOGUERA, titulares de las cédulas de identidad números 4.288.001, 11.153.842, 7.897.219, 16.289.342 y 12.118.583, respectivamente, contra las entidades de trabajo HYUNVAL, C.A. Y LATCAR, C.A., ambas partes suficientemente identificadas en la narrativa del presente fallo.

este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara : LA PERENCION DE LA INSTANCIA. Publíquese y Regístrese la presente decisión. La Juez

Verificado como ha sido el error material en que se incurrió en la referida sentencia, queda aclarada la misma en los términos siguientes: "...Visto lo anterior, y de conformidad con los criterios jurisprudenciales traídos a colación pasa este Sentenciador a verificar si se le ha dado cumplimiento, a las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto, se observa: 1°) La sentencia extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio no contencioso. 2°) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la sentencia dictada por la Corte de Circuito del Décimo Octavo Circuito Judicial en y por el Condado de Seminole, Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, referente a la disolución del matrimonio entre LIZBETH CARRILLO y NELSON PINEDA. 3°) No se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del divorcio entre las partes. 4°) La Corte de Circuito del Décimo .....

En conclusión, tenemos que la Tutela Cautelar obedece a la protección de uno de los derechos constitucionales en conflictos, esto es, en definitiva, el derecho de acceso a la justicia compaginado con la respuesta efectiva del órgano jurisdiccional (doble dualidad de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta Fundamental). En consecuencia y en virtud de lo establecido anteriormente este Juzgador resuelve NO ACORDAR el decreto de la medida Preventiva de secuestro solicitada en el libelo de la demanda que corre inserto al vuelto del folio dos, en virtud de que no fueron probadas las múltiples razones en las que fundamenta la actora su pretensión, que como consecuencia de ello, conllevaría a materializarse la medida preventiva solicitada; toda vez que quien decide, apegado a las normas jurídicas y a la Jurisprudencia reiterada de nuestro Máximo Tribunal, evidencia que la parte actora no llenó uno de los requisitos fundamentales para decretar la m.....

este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley: Declara: INADMISIBLE la presente demanda por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 340, ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, resultando la demanda contraria a la disposición de ley; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 341 ejusdem.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado CARLOS JOSE BLANCO, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARIA FATIMA DOS SANTOS GOMEZ, y LICINIO DEL ALMEIDA SANTOS, contra el auto dictado el 31 de julio del 2012, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, con sede en esta ciudad.- SEGUNDO.- SE REVOCA PARCIALMENTE el auto dictado el 31 de julio del 2012, por el Juzgado "a-quo"; con relación a las pruebas contenidas en el Capítulo IV, del escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado CARLOS JOSE BLANCO, apoderado actor.- TERCERO.- SE REPONE LA CAUSA AL ESTADO EN QUE EL JUZGADO "A-QUO" ADMITA LAS PRUEBAS contenidas en el Ca.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriores, este JUZGADO DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de los Ciudadanos y Ciudadanas, la República Bolivariana de Venezuela y la Autoridad que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, declara: CON LUGAR, la solicitud de DIVORCIO, formulada por los ciudadanos YVAN OSWALDO NOGUERA e HILDA COROMOTO MONSALVE, titulares de la cedula de identidad N° V- 9.539.542 y V- 12.145.641, respectivamente, asistidos por la abogada: ROSALBA CASTILLO TOLOZA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 151.979. En consecuencia, se declara: DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL celebrado en fecha: 18 de Abril 1985, asentado, en el Libro de Registro de Matrimonios llevados por el REGISTRADOR (A) CIVIL DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, bajo el No. 62, folio 62, del año 1985, y así se decide. Ofíciese lo conducente a la referida autorid.....