En fundamento a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:  Declara DESISTIDO, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA ALEYDA ARANGO SALAZAR, como apoderada judicial de la demandada, VENCOSA C.A., al no comparecer a la audiencia oral y publica. Y así se decide.  CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello, Estado Carabobo, en fecha 11-octubre-2005, que declaró parcialmente con lugar la demanda planteada por el ciudadano AGUSTIN LEON, contra la entidad mercantil VENCOSA C.A, de las características que constan en autos por cobro de prestaciones sociales, e impugnada mediante recurso de apelación. Y así se decid.....

Por los razonamientos expuestos, esta Presidencia de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la Recusación propuesta por el Abogado ALBERTO JOSE GARCIA SILVA, contra la Juez Nº 4, integrante de la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ALICIA GARCIA DE NICHOLLS; para conocer el asunto principal N° GP01-R-2006-000064, seguido a GUSTAVO ORTEGA. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Remítase la presente actuación para ser agregado al asunto principal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la competencia constitucional que le es atribuida, declara la INADMISIBILIDAD in limine litis de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JOSE RIGOBERTO MERCADO RODRÍGUEZ y FREDDY JOSE ROJAS BRITO, mediante apoderado judicial abogado JOSE RAFAEL CALVO CALVO, inscrito en el IPSA bajo el N° 88.721, en contra de la Sociedad Mercantil FLETES ADRY, C.A., y así se decide.

esta JUEZ UNIPERSONAL DE LA SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda: Autorizar suficientemente a la ciudadana MIRIAM BEATRIZ MEDINA MIQUILARENA, para que en su carácter de madre y representante legal de la adolescente MAIRIM GISETTE REYES MEDINA, efectúe los trámites correspondientes para el retiro de la cuota parte que le pertenece a la adolescente antes mencionada

Este Tribunal, una vez oídas las exposiciones de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador demandante, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron dándole efectos de Cosa Juzgada. De esta Acta se hacen cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. déjese copia en el archivo. Entréguese las pruebas Terminó, se leyó y conformes firman

En consecuencia, este Juzgado del Municipio Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad conferida, y con la facultad conferida el articulo 334, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los dispositivos, 257 eiusdem y 20 del Código de Procedimiento Civil, procede a INAPLICAR EN ESTE CASO CONCRETO, el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo y APLICA, la disposición constitucional establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 257 eiusdem, y establece el procedimiento a seguir para la imposición de la medida de arresto, en el siguiente orden: PRIMERO: Désele entrada a la presente solicitud, háganse las anotaciones en los libros a que corresponda, asígnesele número y fórmese el expediente respectivo. SEGUNDO: Notifíquese mediante boleta con inserción del .....

En consecuencia, este Juzgado del Municipio Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad conferida, y con la facultad conferida el articulo 334, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los dispositivos, 257 eiusdem y 20 del Código de Procedimiento Civil, procede a INAPLICAR EN ESTE CASO CONCRETO, el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo y APLICA, la disposición constitucional establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 257 eiusdem, y establece el procedimiento a seguir para la imposición de la medida de arresto, en el siguiente orden: PRIMERO: Désele entrada a la presente solicitud, háganse las anotaciones en los libros a que corresponda, asígnesele número y fórmese el expediente respectivo. SEGUNDO: Notifíquese mediante boleta con inserción del .....

esta JUEZ UNIPERSONAL DE LA SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION, quedando desde éste momento extinguida la relación procesal y la Instancia

Este Tribunal Declara el Desistimiento de la Acusación Privada, interpuesta por los ciudadanos HECTOR JESUS PIÑERO MARTINEZ, ZORAIMA MONTERO Y ALBERTO JOSE GARCIA SILVA, actuando los mismos en condición de Apoderado Judiciales de la Sociedad de Comercio "E.A.M. INDUSTRIAL, C.A", ente mercantil, en contra del ciudadano ENRIQUE ANEIROS SALMERON, antes identificado, por la comisión del delito de DAÑO A LA PROPIEDAD PRIVADA, previsto y sancionado en el artículo 473 del Código Penal vigente para el momento del hecho, en base a lo establecido en el penúltimo aparte del artículo 401 del Código Orgánico Procesal Penal. Por efecto de esta decisión se impone de costa a la parte acusadora, de conformidad con el primer aparte del artículo 416 ibidem, en relación con el artículo 271 ejusdem.

En el caso bajo análisis, para la fecha en que fue presentada la demanda, es decir, el 15 de septiembre de 2003, se encontraba vigente la cuantía establecida por el Decreto N° 1.029 de fecha 22 de enero de 1996 emanado del Ejecutivo Nacional, según el cual el interés principal del asunto debía exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) para el anuncio del recurso de casación, evidenciándose de las actas procesales que la presente demanda fue estimada en una cantidad mayor a la establecida en dicho decreto, circunstancias éstas que motivan se declare ADMITIDO el recurso intentado. Así se establece.