PRIMERO: ANULA de oficio la decisión dictada el 15 de Diciembre de 2008, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante el cual decretó a favor de la ciudadano, CARLOS RAFAEL NAVEDA Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, SEGUNDO: . REPONE la causa al estado que un juez distinto al que dictó la decisión anulada, resuelva con la presencia de entre partes sobre la solicitud de privación judicial preventiva de libertad formulada por la representante del Ministerio Público, conforme al artículo 250 ibidem, prescindiendo de los vicios observados.

N° 1.383-09 Fecha 30-03-2009 Partes: Demandante: KARINA YLEMAR ALVARADO Demandado: EURLENI DEL SOCORRO DÍAZ DE JIMÉNEZ. Abogado Actor: ZEILA MACERO CAMPOS, I.P.S.A, N° 40.149, MEDIDA: ENTREGA EFECTIVA DEL INMUEBLE RESUMEN Se trasladó el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en compañía de la parte actora, a los fines de verificar la Entrega Efectiva del Inmueble decretada por el Juzgado Segundo de los Municipios Guacara y San Joaquín de esta misma Circunscripción Judicial. Una vez en el sitio indicado se hicieron los toques de Ley, acudiendo al llamado judicial la ciudadana Eurleni del Socorro Díaz de Jiménez, a quien el Tribunal notificó de su misión, y manifestó estar enterada de la Sentencia dictada en su contra. Se hizo presente el ciudadano Néstor Alexander Jiménez Reaño, a quien el Tribunal notificó de su misión, quien tomo una ac.....

." Es así como el Tribunal evidencia que desde la fecha de admisión de la demanda, esto es 11 de Febrero de 2009, la parte actora no instó la citación del demandado, es decir no consignó las copias simples del libelo de la demanda para su certificación, ni instó al Alguacil para la práctica de la misma. Por lo tanto, en el presente caso se configura el supuesto de hecho de la perención breve, toda vez que el demandante en su carácter de requirente, no cumplió con las actuaciones correspondientes a los fines de practicarse la citación de la demandada EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA "C.A SERENOS ASOCIADOS". Por lo antes expresado ocurrió la perención de esta instancia en la presente causa y así se decide, en consecuencia este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara perimida la instancia en la demanda intentada por el ciudadano FELIX RAFAEL ARCILA contra la EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA "C.A SERENOS ASOCIA.....

este Juzgador observa que el desistimiento no es contraria al orden público, a la moral, buenas costumbres ni disposición expresa de la ley que impida su homologación, en razón de lo cual este Juzgado impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara Homologado el desistimiento realizado por la parte querellante. Archívese el expediente.

Este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la inhibición interpuesta por la Abg. SOL MILAGROS ARIAS LOAIZA, en su carácter de Jueza Accidental del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la circunscripción judicial del Estado Carabobo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, remítase el presente expediente al precitado Tribunal, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. PUBLIQUESE, REGISTRESE DEJESE COPIA

declara: CON LUGAR la inhibición formulada por la Abog. ANNABELLA GARCIA QUINTANA, Juez Provisorio del Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo contra el abogado ALEXANDER RACINI VELASQUEZ.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del ciudadano PEDRO AMADO OLLARVES TIGRERA, antes identificado, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal publica dentro del lapso legal Sentencia en la cual ABSUELVE al Ciudadano: CARLOS ALBERTO PEREZ ZAMBRANO, de la imputación fiscal que se le hizo por el delito de DETENTACIÒN DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos, en perjuicio del Estado Venezolano.No se condena en costas al Estado, en virtud de la gratuidad de la justicia consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Se hace cesar medida cautelar sustitutiva de libertad, decretada en fecha 20-03-2.005 por el Tribunal de Control Nº 10 de este Circuito Judicial Penal, tal como se ordenara en la dispositiva pronunciada y leída en el juicio oral y público, acordándose su Libertad Plena. Líbrese los correspondientes oficios a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Ahora bien, el llamado como tercero no fue fundamentado con una prueba documental tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, considerando pues este Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con sede en Valencia improcedente el llamado del tercero, y declara inadmisible la tercería planteada por la parte demandada. Y así se decide.

Revisado como ha sido el acuerdo transaccional suscrito por las partes y dado que el mismo no vulnera normas y derechos irrenunciables del Trabajador; el Tribunal visto que la mediación ha sido positiva de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo da por concluido el proceso, y le imparte la homologación al acuerdo suscrito por las partes adquiriendo fuerza de cosa juzgada de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el numeral 2 del articulo 89 constitucional y el articulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el 10 del Reglamento. ¿