LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la actora cumpliera las obligaciones que le impone la ley para lograr la citación del demandado.

DISPOSITIVA En consideración a lo anteriormente expuesto este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Juicio 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello Administrando justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 47 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Amparo Constitucional interpuesto por la ciudadana FLOR DE MARIA GUIELLEN DE SANDOVAL, con el carácter acreditado en autos, y, en consecuencia, se anula el allanamiento efectuado el día 26 de mayo de 2005, que dio origen a la presente acción así como todos los actos realizados con ocasión y como consecuencia del mismo, y por tanto se ordena de acuerdo al artículo 27 del texto Constitucional el inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida, y la entr.....

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

ésta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION POR OBLIGACION ALIMENTARIA y REGIMEN DE VISITAS

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 1.999, por el antes Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia, SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión dictada por el tribunal de primera instancia. Todo en el juicio seguido por las ciudadanas PETRA OTAIZA, BERTA NAVAS OTAIZA y AURA MARGARITA NAVAS OTAIZA contra los ciudadanos LUIS MANUEL VITRIAGO y PEDRO LUIS NAVAS VITRIAGO. De conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte recurrente por haber resultado vencida en el presente fallo.

Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley declara: 1. CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JOSÉ MERCEDES PIÑANGO PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.277.768, representado judicialmente por el abogado Willmer Humberto Ovalles Fuentes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº. 78.687, en contra del Municipio Diego Ibarra del Estado Carabobo.