Este Tribunal Superior, observa que las mismas se encuentran insertas en el presente expediente. En tal sentido, dicha documental trata de reproducciones del merito favorable inserto en autos, advierte este Juzgado que tal invocación no constituye un medio de prueba per se, sino la solicitud que efectivamente hace la parte promovente de la aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político Administrativa; ratificada -entre otras- por el fallo Nº 01375 del 4 de diciembre de 2013). En consecuencia, será este Juzgador, en su condición de Juez de mérito, el encargado de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide.

Se admite cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal, impertinente, ni inconducente, salvo su apreciación en la sentencia definitiva

este Juzgado Superior las admite cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales, impertinentes ni inconducentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva

Este Tribunal Superior, observa que las mismas se encuentran insertas en el presente expediente. En tal sentido, dicha documental trata de reproducciones del merito favorable inserto en autos, advierte este Juzgado que tal invocación no constituye un medio de prueba per se, sino la solicitud que efectivamente hace la parte promovente de la aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político Administrativa; ratificada -entre otras- por el fallo Nº 01375 del 4 de diciembre de 2013). En consecuencia, será este Juzgador, en su condición de Juez de mérito, el encargado de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide.

PRIMERO: LA CONFESIÓN de la parte demandada en relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto a no sean contrarios a derechos. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, incoada por el ciudadano JUSTO LUIS SANCHEZ MELENDEZ, por concepto de COBRO DE SALARIOS CAIDOS, BENEFICIOS DE ALIMENTACION Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, contra la entidad de trabajo ASOCIACION COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVOS CANAIMA R.L, ambos plenamente identificados en autos, en consecuencia se ordena al demandado a pagar al demandante la cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE BOLIVARES CON 50/100 (Bs. 202.319,50), más lo que resulte de la experticia complementaria del fallo que se ordena realizar por un solo experto contable, a los fines de calcular los respectivos intereses moratorios y la indexación sobre los conceptos concretados para su cálculo en la presente decisión conforme se ordenó ut supra,

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA DENUNCIA DE FRAUDE PROCESAL formulada por la Ciudadana LORENA ROA BARBOZA, asistida por los Abogados LUIS MAGO y OSWALDO GUTIERREZ, parte Co-demandada, del juicio principal, en contra de la Ciudadana SONIA MARGARITA GRIMAN DE PAIVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.272.483, parte actora del juicio principal. SEGUNDO: Sin Lugar la demandada que por DESALOJO DE VIVIENDA, intento la ciudadana SONIA MARGARITA GRIMAN DE PAIVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.272.483, asistida por las abogadas KATIUSKA GODOY y VERONICA CEPEDA, inscritas en el Inpreabogado bajo los N(s)° 133.703 y 133.702.....

Por todo lo anterior, y comprobada la ausencia de la documentación requerida, ordena a la parte solicitante, SUBSANAR su pretensión y consignar la documentación requerida, esto a los fines de garantizar su acceso a la Justicia en aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual acuerda concederle un lapso de tres (03) días de despacho siguientes a la publicación del presente auto, con sus respectivos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Ahora bien, hecha la revisión minuciosa de las actas que conforman la presente solicitud de Justificativo de Perpetua Memoria (Titulo Supletorio), se verificó que los peticionantes no consignaron la debida condición jurídica del lote de terreno, o cualquier otro instrumento I.N.T.i, lo que limita la presente solicitud de Justificativo de Perpetua. De esta forma, queda demostrado el defecto u omisión a los elementos requisitorios a que se contrae la norma procesal agraria; y por cuanto resulta necesaria la documentación emitida por el Instituto Nacional de Tierras, a favor de los solicitantes de actas, como prueba apropiada para comprobar la posesión legítima de éstos sobre el lote de terreno, en el cual pretenden hacer valer su condición de poseedores de las bienhechurias detalladas en el escrito. Lo anterior, a los fines de que esta Instancia Agraria pueda emitir pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la solicitud de Justificativo de Perpetua Memoria (Titulo Supletorio); motiv.....