Se declaró: 1. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado FRANCISCO AMONI VELASQUEZ, inscrito en el IPSA bajo el Nº 31.156, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALEXANDER VASQUEZ SILVA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.909.853, domiciliado en la ciudad de San Felipe, Estado Yaracuy, en contra del acto administrativo sin número de fecha nueve (09) de febrero de 1998, emanado de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY, y contra el acto de fecha seis (06) de julio de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto; y 2. Se ORDENA a la Contraloría General del Estado Yaracuy, reincorporar a la querellante al cargo que ejercía o a otro de igual jerarquía. Igualmente, a cancelarle los salarios dejados de percibir desde el momento de su ilegal retiro hasta la fecha de su reincorporación.

Se declaró 1. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado FRANCISCO AMONI VELASQUEZ, inscrito en el IPSA bajo el Nº 31.156, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MILAGROS DURAN PEREZ, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.504.731, domiciliada en la ciudad de San Felipe, Estado Yaracuy, en contra del acto administrativo sin número de fecha nueve (09) de febrero de 1998, emanado de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY, y contra el acto de fecha seis (06) de julio de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto; y 2. Se ORDENA a la Contraloría General del Estado Yaracuy, reincorporar a la querellante al cargo que ejercía o a otro de igual jerarquía. Igualmente, a cancelarle los salarios dejados de percibir desde el momento de su ilegal retiro hasta la fecha de su reincorporación.

DECISION Por las anteriores consideraciones este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los imputados ciudadanos JESUS RAMON TORRES RODRIGUEZ y VICTOR EDUARDO LAPADULA ACOSTA, titular de la Cédula de Identidad Nros. 11.099.045 y 10.252.711, domiciliados en Puerto Cabello, Estado Carabobo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 256 numerales 3°, 4° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, esto es (3°) Presentación cada Ocho (8) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Penal y las veces que el Tribunal lo requiera; (4°) Prohibición expresa de salir del Estado Carabobo sin la autorización expresa del Tribunal y (5°) Prestación de una fianza entendida co.....

: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación que intentó la representación judicial de la sociedad de comercio INVERSORA CONTINENTE, C.A. en contra de la decisión de fecha 29 de julio de 2004 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE MODIFICA la sentencia recurrida y se declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional intentada, conforme a los razonamientos contenidos en esta decisión; TERCERO: como fórmula restitutoria de la situación jurídica infringida, este tribunal deja SIN EFECTO la notificación ordenada por el juez en el momento de decretar la medida y en tal sentido SE ACUERDA oficiar tanto al juez agraviante como a los jueces de municipio y ejecutores sobre el contenido de la presente decisión. No hay condenatoria en costas, por la naturaleza del presente fallo.

este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando como Juez Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada dictada el 11 de abril de 1997 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando como Juez Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada dictada el 04 de febrero de 1999 por el Juzgado Segundo de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando como Juez Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada dictada el 23 de octubre de 2000 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando como Juez Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada dictada el 10 de septiembre de 1996 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la ciudadana BERTHA DIAZ COLMENARES en contra de la decisión dictada el 10 de noviembre de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia apelada, que declaró INADMISIBLE la pretensión Constitucional intentada por la ciudadana BERTHA DIAZ COLMENARES en contra de la Asociación de Vecinos de las Urbanizaciones La Entrada y Altamira (ASOVELEA) representada por el ciudadano JUAN PORTILLO. No hay condenatoria en Costas dada la naturaleza de la presente decisión.

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ANA GERTRUDIS ACOSTA DE CASTILLO, en contra la decisión de fecha 05 de agosto de 1988emanada del Juzgado Superior de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, SE CONFIRMA la decisión recurrida. Todo en el juicio seguido por BEATRIZ CASTILLO ACOSTA, la ciudadana ANA GERTRUDIS ACOSTA DE CASTILLO por ENTREGA MATERIAL. De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte recurrente por haber resultado vencida en el presente fallo.