Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por los ciudadanos YRIS DIEGO, ALBERTO SÁNCHEZ y RAFAEL ORDÓÑEZ, cédulas de identidad V-9.539.560, V-4.451.494 y V-7.533.402, respectivamente, asistidos por el abogado LUIS CRUCES TORREALBA, cédula de identidad V-7.098.138, Inpreabogado Nº 54.970, en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo. 2. En consecuencia, SE ORDENA la restitución inmediata de los ciudadanos Yris Diego, Alberto Sánchez y Rafael Ordóñez como Concejales activos del Municipio Falcón, Estado Cojedes, por lo que deberán ser respectados con ese carácter por todos los demás integrantes del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO FALCÓN, ESTADO COJEDES.

Por las razones antes expuestas, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de Apelación ejercido contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 10 de este Circuito Judicial Penal, el 24 de enero de 2008 conforme a la cual acordó la ENTREGA DEL VEHICULO al ciudadano VICENTE HERNANDEZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437 literal “a” del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia al artículo 304 ejusdem, por falta de cualidad para interponer el recurso.-

Se dicta auto motivado, mediante el cual se decide Mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del acusado DIXON ALEXANDER ARRAEZ LOPEZ.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA a favor de PAOLO LACAPRA, de conformidad con el Artículo 318 Ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el hecho imputado no es típico, así como que el hecho imputado carece de base y de elementos de convicción que le permitan al ministerio público solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, y como consecuencia del Sobreseimiento decretado se deja sin efecto la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada contra el bien inmueble conformado por una parcela de terreno distinguida con el Nro. D-31, sector D, del Parcelamiento y Urbanismo Terrazas del Country. En concordancia con lo decidido, líbrese el oficio correspondiente al Registro Subalterno del Primer Circuito de Valencia Estado Carabobo, con el objeto de hacer cesar la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre el referido inmueble. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente al Departamento de Informática del Cuerpo .....

DISPOSITIVA En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CONDENA al ciudadano ENDER ENRIQUE CAMARGO VÁSQUEZ, quien es venezolano, natural de Puerto Cabello, de 32 años de edad, fecha de nacimiento 24/07/1975, de estado civil: soltero, de profesión u oficio: Albañil, hijo de Enma Vásquez y German Camargo, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.848.352, residenciado en la Calle Honduras, casa N° 01, de tablas color amarilla, cerca de una mueblería, frente al Grupo Honduras, Puerto Cabello, Estado Carabobo, actualmente recluido en el Internado Judicial de Carabobo; a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sanciona.....

Por tales razones procedo a plantear mi formal INHIBICION con fundamento en le numeral 1° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 87 eiusdem.-

declara PROCEDENTE la Solicitud de Medida Cautelar a favor del imputado LUIS ALEJANDRO MARCANO OVALLES y en consecuencia le impone las siguientes condiciones: 1°) Art. 256 Ord. 3 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, Presentarse cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. 2º) Art. 256 Ord. 4 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, Prohibición de salida del país. 3º) Art. 256 Ord. 6 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, Prohibición de comunicarse con la victima, siempre que no afecte el derecho a la defensa. Líbrese la correspondiente Boleta de Excarcelación y levántese el acta al imputado LUIS ALEJANDRO MARCANO OVALLES, de conformidad con los artículos 263 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciéndose que deberá cumplir las condiciones impuestas para hacerse efectiva la medida acordada con las exigencias establecidas. Ofíciese. Notifíquese a las partes. Líbrese boleta de excarcelación estableciéndose que de.....

DECRETA a favor del ciudadano LEOMAR ALBERTO PACHECO OLLARVES la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD prevista en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ordinales 3°,4°, y 8° y así se DECRETA.

En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ANTONIO PINTO contra las empresas RADICALL PT 4073, C.A. y SCRATCH 0203, C.A., ambas partes suficientemente identificadas en la narrativa del presente fallo.

En consecuencia este Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con sede en Valencia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara CON LUGAR LA DEMANDA y condena a la demandada VIGILANTES GUACARA C.A.; a cancelar la cantidad total de DIESIETE MIL SEISIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.F 17.668,62), más lo resulte del de los intereses moratorios. Se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, tomándose en cuenta los IPC del Área Metropolitana de Caracas, y la cual deberá ser calculada desde el decreto de la ejecución forzosa hasta el momento en que se efectué la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Debiendo excluirse las vacaciones y recesos judiciales, la cual deberá ser realizada por un experto nombrado.....