Por las razones expuestas, este Juzgado Superior, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, in limine litis, la querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios interpuesta por el abogado Antonio Jatar, Inpreabogado N° 54.850, con carácter de apoderado judicial del ciudadano PAÚL ISAAC TORRES MÁRQUEZ, cédula de identidad V-11.564.875, contra la COMANDANCIA DE POLICÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO

Este Tribunal, una vez oídas las exposiciones de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada.

Se trasladó y constituyó el Tribunal Ejecutor de Medidas, en el sitio indicado por la parte actora. Se le notificó de la misión a realizar al Coordinador de Gestión de Gente, de la empresa donde se constituyó el Tribunal, quien por solicitud de la parte actora indicó los cálculos de utilidades que tenía el demandado en la empresa, también pidio un lapso de cinco días habiles para consignar el resto del cálculo solicitado por cuanto estaba en unificación del sistema de nómina, lo que el tribunal acordo de confomidad. Los abogados actores se se abstuvieron de practicar la medida de embargo para otra oportunidad la cual señalarían posteriormente.

Por todo lo antes expuesto es por lo que este Juzgado Segundo de Municipio del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Pretensión Jurídica de DIVORCIO 185-A, formulada por los ciudadanos EFRAÍN ANTONIO MORA PÉREZ y ALICIA MERCEDES SALAS GÓMEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 7.171.685 y V.- 10.247.965, respectivamente; en consecuencia DISUELTO, el vínculo matrimonial que los unía desde el día 20 de Septiembre de 1982, y así se decide.

Revisada como ha sido la presente solicitud, se admite cuanto a lugar en derecho por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 185-A del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Superior Contencioso Tributario, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la demanda intentada por el ciudadano Manuel Martins Pereira, en su carácter de administrador de DISTRIBUIDORA LUSO VENEZOLANA, C.A, plenamente identificado.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Superior Contencioso Tributario, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la demanda intentada por el ciudadano Jhon Rafael Iturriaga, en su carácter de gerente de ASADOS CARABOBO, C.A., plenamente identificado.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Superior Contencioso Tributario, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la demanda intentada por el ciudadano Giovanni Simone Marino, en su carácter de representante de FUNDICION IMES, C.A., plenamente identificado. Notifíquese de la presente decisión al Procurador General de la República con copia certificada.

Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JOSÉ ROJAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad Nro. V-378.088, y, en consecuencia: 2. Se CONFIRMA la sentencia dictada el 7 diciembre del año 2000, por el Juzgado Primero de los Municipios Guacara y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declara Con Lugar el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por Ana Cecilia Conde de Lorenzo, con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Benito Conde.

Este Tribunal, una vez oídas las exposiciones de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada. LA JUEZ Abg. GLADYS MIJARES LUY EL APODERADO JUDICIAL DE LA EMPRESA., EL EXTRABAJADOR LA ABOGADA ASISTENTE DEL EXTRABAJADOR., LA SECRETARIA.