CON LUGAR, la SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE DESPIDO

Del estudio de las actas procesales concluye quien decide, que ha debido la parte que alega que la empresa se encontraba representada ante la Inspectoría del Trabajo por el ciudadano Leoncio Contreras titular de la cédula de identidad número 10.040.014, demostrar que efectivamente dicho ciudadano representaba legalmente a la demandada, por cuanto no existe evidencia alguna que efectivamente el ciudadano Leoncio Contreras guardara relación con la demandada se declara procedente la tacha interpuesta.

De acuerdo al Criterio Jurisprudencial transcrito el cual comparte plenamente quien decide le correspondía a la parte actora demostrar la existencia de la prestación del servicio por cuanto la parte accionada negó la existencia de la relación laboral y cabe destacar que si la parte actora hubiese probado la prestación de un servicio, operaría en su favor la presunción legal establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por todo lo anteriormente expuesto concluye quien decide, que al no haber evidenciado la actora la relación laboral que la unió con la accionada, la presente acción surge improcedente. Y ASI SE DECIDE

Por cuanto la demandante requirió al representante de la demandada la exhibición de los instrumentos con los cuales se otorgó el poder y al no ser los mismos exhibidos al solicitante, la parte requirente adecuó su conducta en contra lo dispuesto en el Artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente establece: ¿¿y a falta de exhibición de los documentos requeridos quedará desechado, y así lo hará constar el Juez en el acta respectiva¿¿ por consiguiente el poder no surte los efectos para representar a la demandada. Y así se decide

Que la relación laboral que mantenía la trabajadora culmino el 12 de enero del año 2002, tal como se evidencia de la constancia de trabajo que cursa inserta en el folio 88, que a pesar de que fue negada por la empresa demandada, no solicito en la oportunidad del desconocimiento la prueba de cotejo de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley Orgánica Procesal del Trabaj

En orden a los razonamientos expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara en la presente demanda por CALIFICACIÓN DE DESPIDO, intentada por el ciudadano YOVANNY MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V-13.666.750, representado por sus Apoderados MIREYA LUGO y JOSE ANGEL GONZÁLEZ contra ASADOS CARABOBO, C.A, representada por su Apoderado NESTOR MAZON MARTINEZ : PRIMERO: QUE NO HAY MATERIA SOBRE EL CUAL DECIDIR, POR CUANTO NO HAY DESPIDO QUE CALIFICAR. SEGUNDO: Estando probado en autos que el actor devengaba menos de 3 salarios mínimos sin inclusión de la tasación del valor del derecho a percibir propinas graciosas, en consecuencia, por aplicación analógica del articulo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se exime de costas de la incidencia a.....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, administrando Justicia y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado CARLOS FIGUEREDO VILLAMIZAR, Inpreabogado Nº- 7.278, en su condición de apoderado judicial de la demandada FUNDACION ATENCIÓN INMEDIATA, registrada por ante la Oficina Subalterna del segundo Circuito de registro del Distrito Valencia del estado Carabobo, bajo el N° 14, Folios 1 al 6 del Protocolo 1°, Tomo 3°, de fecha 18 de enero de 1993. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada AURA TOVAR SEQUERA, Inpreabogado Nº- 19.991, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana MARIA DE LA CRUZ RUIZ. TERCERO: SE REVOCA la sentencia de fecha 13 de marzo del año 2001, dictada por el suprimido Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo y CON LUGAR.....

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena a la abogada ANA MARIA ARANGO, en su carácter de apoderada judicial del quejoso, ciudadano DARIO FRANCISCO LEONARDI MARTINEZ, que informe a este Tribunal si interpuso o no recurso de hecho contra el auto dictado el 16 de marzo del 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, y en caso de haberlo hecho, indicar en cual Juzgado Superior se encuentra, y asimismo la dirección de los terceros interesados, o sean, los ciudadanos MARIA ELENA MARTINEZ DE LEONARDI, DARIO FEDERICO LEONARDI MARTINEZ, RUBEN DARIO LEONARDI MARTINEZ y DARIELA LEONARDI MARTINEZ, (parte actora), y el ciudadano JUAN VICENTE SOSA GOMEZ, (parte accionada).

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado MANUEL SALVADOR RAMOS VILLORIA, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio SWIFTSGIPS SHIPBUILDERS LLC., contra las actuaciones y omisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, con sede en esta ciudad, a cargo del Abog. RAFAEL RICARDO GIMENEZ, en el juicio contentivo de Resolución de Contrato, Pago de Daños y Perjuicios, incoado por la mencionada sociedad mercantil SWIFTSGIPS SHIPBUILDERS LLC., contra la sociedad de comercio DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES, C.A. (DIANCA).

Por las consideraciones que anteceden y las conclusiones que de ellas han sido deducidas, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Carabobo, actuando como Tribunal Constitucional, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR el Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano Eduardo Borges Paz, quien es venezolano, mayor de edad, abogado en el libre ejercicio de la profesión, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 9.068, actuando como apoderado judicial de la Sociedad de Comercio denominada ¿Fanalpade Valencia¿, C.A., y en consecuencia se decreta la nulidad del acto de denunciado, declarándose igualmente la Nulidad de la Sentencia definitiva emitida en fecha 06 de noviembre de 2.003 por el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Es.....