SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO

esta Juez Unipersonal N° 3 de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION

De las actas procesales se constata que la demanda fue estimada en la suma de quinientos millones de bolívares (500.000.000,00 Bs.) y como puede observarse dicha cuantía es superior a la cantidad establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, circunstancias que motivan a este Tribunal para declarar ADMITIDO el recurso de casación intentado. Así se establece.

 Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada IRIS VELASQUEZ, con el carácter de Apoderada Judicial de los codemandantes., al comprobarse en esta Alzada, que no logro demostrar sus alegatos que representa. Y así se decide.  Declara CON LUGAR la adhesión de la apelación interpuesta por el abogado FRANKLIN FURGIUELE LISCANO, con el carácter de Apoderado Judicial de MOLINOS NACIONALES C.A (MONACA), al comprobarse en esta Alzada, que logro demostrar sus alegatos que representa. Y así se decide.  CONFIRMA la sentencia recurrida dictada por el Juzgado Primero Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04-diciembre-2000, que declaró sin lugar la demanda planteada por los ciudadanos FRANK FECUNDA, DELSIS CHUELLO, JOSE COLMENARES, GILBERT MARIN, JESUS MARIA MORALES, LUIS ANTONIO ALVARADO, HECTOR MANUEL MALPICA, MAXIMILIANO MELENDEZ, ANIBAL OJED.....

Se dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual de motiva la Orden de Captura dictada en contra de los imputados con ocasión del diferimiento de la Audiencia Preliminar , por causa de la falta de comparecencia de los imputados Hctor E. López y Nardel Raposo, todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 250, 251, 252 y 262 Numeral 2. del COPP.

Se declaró IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano ENIO JESÚS ZERPA BOISSIERE, titular de la cédula de identidad Nro. 8.513.515, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 49.979, actuando en su propio nombre en contra de la ciudadana IRMA TERESA GÓMEZ GONZÁLEZ, titular de cédula de identidad Nro. 7.985.226, en su carácter de Registradora de Oficina del Registro Inmobiliario de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy.

Se declaró IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional incoada por los abogados ciudadanos Rosa Elena Martínez de Silva, María Elena Páez Pumar, Luis Augusto Silva Martínez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 15.071, 39.320 y 61.184 respectivamente, en su carácter de apoderado judicial de la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), en contra de la Providencia Administrativa Nro. 620, de fecha 7 de noviembre de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos, Carlos Arvelo, Libertador, Bejuma, Miranda y Montalbán del Estado Carabobo.

esta Juez Unipersonal N° 3 de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION

N° 1.130-06 Fecha: 13-03-2006.- Partes: Demandante: MILAGROS CASTELLANOS Demandado: ALCALDIA MUNICIPIO SAN JOAQUIN Abogado Actor: PETRA M. AZUAJE DE MORA, I.P.S.A. N° 90.805, Medida: RESTITUCION Resumen: Se trasladó el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a la sede de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, a fin de practicar la medida de Restitución decretada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. Tribunal fue atendido por el ciudadano Alcalde César Hernández, debidamente asistido por el Abogado Pedro Suárez, a quien el Tribunal notificó de su misión. El Tribunal procedió a la inmediata reincorporación de la ciudadana Milagros Castellanos, al cargo de secretaria II, del Área Administrativa en la Alcaldía querellada. El Alcalde asistido por el Sindico Pro.....

En consecuencia, este Juez Decimoprimero del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control Administrando Justicia en el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por prescripción de la acción penal, seguida a personas desconocidas, de conformidad con las normas ya indicadas. Notifíquese, ofíciese al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los fines de su ejecución y remítanse las actuaciones en su oportunidad al Archivo Judicial.