JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, a tenor de lo previsto en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 269 ejusdem. En consecuencia acuerda este Juzgador dejar sin efecto las medidas de Embargo Preventivo y Secuestro decretadas en fecha 14 de Febrero de 2003. No se condena en costas a la parte inactiva, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, Regístrese y déjese copia en el archivo.- Asimismo Archivese el expediente y remítase al Archivo Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los Seis (06) días del mes de Julio del año Dos Mil cuatro.- Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.-

N° Exhorto: 921-04 Fecha: 06-07-2004 Partes: Demandante: Octavio Munar Rojas Demandado: Milagros Salcedo Abogado Actor: Ana Derlis Rebolledo, IPSA N° 42.718 y Robertson Berra, IPSA N° 95.762 Medida: Secuestro Resumen: Se traslado el Juzgado Ejecutor de Medidas a la Calle Páez N° 24-B, Barrio Negro Primero, Municipio Guacara, Estado Carabobo, junto con una comisión de la Policía del Estado, se declaró SECUESTRADO el inmueble en la dirección indicada, los bienes encontrados en el inmueble quedaron a cargo de Luisa Fernández, quien se hizo cargo de los mismo, quedando el inmueble el posesión de la Depositaria Judicial designada.

N° Exhorto: 921-04 Fecha: 06-07-2004 Partes: Demandante: Octavio Munar Rojas Demandado: Milagros Salcedo Abogado Actor: Ana Derlis Rebolledo, IPSA N° 42.718 y Robertson Berra, IPSA N° 95.762 Medida: Secuestro Resumen: Se traslado el Juzgado Ejecutor de Medidas a la Calle Páez N° 24-B, Barrio Negro Primero, Municipio Guacara, Estado Carabobo, junto con una comisión de la Policía del Estado, se declaró SECUESTRADO el inmueble en la dirección indicada, los bienes encontrados en el inmueble quedaron a cargo de Luisa Fernández, quien se hizo cargo de los mismo, quedando el inmueble el posesión de la Depositaria Judicial designada.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Antonio José González, quien es venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.31.560, actuando como apoderado judicial de la empresa demandada C.A Bananera Venezolana. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana Beatriz Coromoto Sequera de Benítez, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.376.623, civilmente hábil, inscrita ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.30.898, actuando como apoderado judicial de la parte accionante ciudadano Jorge José Guasimucaro. TERCERO: SE CONFIRMA LA DECISIÓN emitida por el extinto Juzgado Tercero de Primera Instanci.....

Se dictó la sentencia condenatoria por admisión de hechos del imputado Douglas Samuel Ruiz León se registró, publicó y se ordenó notificar a las partes

Se CONDENA a los acusados DANIEL JESÚS CASTELLANO y FÉLIX ABELARDO RIVERO, a CUMPLIR LA PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de Asalto a Transporte Colectivo, en grado de complicidad, sancionado en el artículo 358 en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 del Código Penal. Se mantiene la medida cautelar sustitutiva, extendiendo el lapso de presentación a cada 30 días. No se condena en costas en aplicación de la Garantía Constitucional de la Justicia Gratuita.

Se dictó Sentencia, con ocasión de habérse llevado a cabo la Audiencia Preliminar, en la cual el imputado de Autos, se acojió al Procedimiento por Admisión de los Hechos, contenido en el aretículo 376 del COPP, por lo que el Tribunal procedió a la imposición de la pena correspondiente, quedsndo las misma en Tres Años de Precidio, mas las penas accesorias, ordenando la remisión de las actuaciones al tribunal de Ejecución. Se decretó Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad a favor del imputado, de conformidad con lo establecido en el articulo 256, Numerales 3. y 4. del COPP.

Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONDENA al ciudadano: JOSÉ OSWALDO MORILLO ANGARITA, funcionario policial, venezolano, mayor de edad, de 29 años de edad, natural del Tocuyo, Estado Lara, nacido el 15 de Noviembre de 1972, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.032.746, domiciliado en Valencia, Estado Carabobo, en el Barrio El Bucaral, calle 14, casa Nº 365, por el Delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL EN CONCORDANCIA CON EL HOMICIDIO INTENCIONAL previstos en el Artículo 412 en concordancia con el artículo 407 del Código Penal a cumplir de Cuatro años (04) y Ocho (08) meses de Presidio, más las penas accesorias previstas en el Artículo 13 del Código Penal. En relación a los ciudadanos MAURICIO ALBERTO PÉREZ PÉREZ, natural de Güigüe, Estado Carabobo, de 33 años de edad, de profesión u oficio funcion.....

PRIMERO: CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 06 de junio de 2003 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SIN LUGAR la pretensión del demandante conforme a los razonamientos sostenidos en el presente fallo. Todo en el juicio seguido por la sociedad mercantil C.C.A. 2000, C.A. contra la sociedad de comercio INDUSTRIAS AÑAÑOS DE VENEZUELA, C.A., por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS. Queda de esta manera REVOCADA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada. Se condena en COSTAS a la parte demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

DECLARA SIN LUGAR, la demanda de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, intentada por la ciudadana BLANCA ISABEL ARTEAGA, contra el ciudadano IBRAHIM MONTAÑEZ AVILA, todos identificados en esta sentencia.-