Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta el 22 de noviembre del 2004, por la abogada MILAGROS MONRROY, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano IVAN JOSE SOLORZANO, contra el auto dictado el 15 de noviembre del 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en esta ciudad, que negó la fijación de nueva oportunidad para la declaración de los testigos promovidos.- SEGUNDO: REVOCA el auto anterior, y REPONE LA CAUSA al estado en que se fije nueva oportunidad para que declaren las testigos, ciudadanos ANA JULIA ADRIAN MARCANO, y MAXIMO ENRIQUE ARRAEZ, a cuyos fines lo que resta del lapso de evacuación comenzará a correr a partir del auto en que se .....

Este Tribunal considerando que dichas partes son capaces, que los derechos respecto a los cuales convienen son disponibles y que no han sido violadas normas del orden público, le imparte su HOMOLOGACIÓN a dicho CONVENIMIENTO en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme al artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

Se publicó Sentencia Condenatoria a ---------- donde se le impuso MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD por un lapso de dos (02) años tres (3) meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 620.f de la L. O. P .N. A. en concordancia con el artículo 628 del mismo texto legal.

Este Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para seguir conociendo de la presente demanda en fase de mediación, y EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LA INCOMPETENCIA POR LA MATERIA.

En el caso bajo estudio el demandado trae una fianza de un establecimiento mercantil hasta por la suma de BOLIVARES CIENTO QUINCE MILLONES (Bs. 115.000.000,00), para garantizar las resultas del juicio, sin embargo no existe en el presente expediente constancia de las pretensiones del demandante, lo que impide a esta alzada verificar el alcance de la fianza presentada y si efectivamente se cumple con los requisitos exigidos a los fiadores mercantiles, siendo criterio de este Tribunal Superior que el solicitante tiene la carga procesal de traer a los autos los elementos necesarios para que este Tribunal pueda formarse un criterio sobre aquello a que va a ser sometida su decisión, circunstancias por las cuales no procede la suspensión de la medida cautelar decretada en el presente juicio. ASI SE DECIDE.

PRIMERO: LA INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA de este Tribunal para conocer de la presente Acción de Amparo; SEGUNDO: Se declina la competencia al JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, para que sustancie y decida el Recurso de Amparo Constitucional.

En mérito a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior en lo Civil, mercantil, Tránsito y Menores de esta Circunscripción Judicial, SUSPENDE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DECRETADA EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2004, para lo cual se acuerda oficiar lo conducente al Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, participándole la suspensión de la medida cautelar a que se ha hecho referencia. Líbrese Oficio.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como Tribunal Constitucional en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer y decidir la acción de Habeas Data interpuesta por la sociedad mercantil INVERSIONES MACOMACO, C.A., contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA y en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA en la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

el Tribunal Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ¿IMPROCEDENTE EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, por presentarse un dilema de propiedad, el cual no puede ser ventilado por esta vía, por consiguiente se decreta SU INADMISIBILIDAD y Así se establece. Es Todo, Termino, se leyó y conforme firman.- EL JUEZ PROVISORIO,

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la abogada Sorvey Josefina Fernández Vargas, en su carácter de apoderada de la ciudadana Nery Josefa Emilia Maldonado Solórzano, en contra del auto dictado el 10 de agosto de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada en todas y cada una de sus partes conforme a los razonamientos contenidos en esta decisión. Todo en el juicio seguido por el ciudadano PAOLO FERRARO en contra de la ciudadana NERY JOSEFA EMILIA MALDONADO SOLORZANO. Se condena en Costas a la parte demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.