UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la decisión dictada el 12 de Abril de 1.999, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia se CONFIRMA la decisión apelada. De conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el presente fallo.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la ciudadana EDDITH NELLIZTA RONDON MENDEZ, en contra de la sentencia dictada el 18 de octubre de 2004 por la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia SE REVOCA la sentencia recurrida; SEGUNDO: SE DECLARA DISUELTO EL VINCULO CONYUGAL que ha unido a los ciudadanos JOHAN ALFREDO FRANCES ORDOÑEZ y EDDITH NELLIZTA RONDON MENDEZ, desde el 15 de diciembre de 1994, celebrado por ante la Prefectura de Ciudad Alianza del Municipio Guacara del Estado Carabobo, así como también se declara que cesó la comunidad entre los cónyuges. Liquídese la Comunidad Conyugal.

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada MARITZA CHAVEZ, procediendo en su carácter de apoderada del ciudadano JOSÉ GALDINO MORIN TORTOLERO, en contra de la decisión dictada en fecha 04 de agosto de 2004 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: IMPROCEDENTE la Pretensión Constitucional intentada por el abogado ALBERTO MORIN TORTOLERO, en su carácter de apoderado del recurrente en amparo ciudadano JOSÉ GALDINO MORIN TORTOLERO, en contra del ciudadano LUIS EDUARDO VIVAS ROSALES, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS DEL ESTADO CARABOBO, y en consecuencia SE MODIFICA la decisión apelada. Se condena en Costas al querellante en amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.