PRIMERO: INADMISIBLE la acción de nulidad de acto administrativo de efectos particulares, interpuesto por la abogada INDIRA N. FALCON SANTANA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.072.329, actuando en su carácter de SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO, en contra de la Providencia Administrativa Nº 302/2016, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Reclamos de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Carlos Arvelo, Libertador, Bejuma, Montalban y Miranda del Estado Carabobo, en el expediente Nº 080-2015-03-0808, en fecha 13 de junio de 2016. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

El Tribunal da por concluido el presente JUICIO y HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES.

este Tribunal administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY declara: UNICO: CON LUGAR la solicitud de divorcio de los MARYORI ELIZABETH BLANCO SALCEDO y CESAR GUZMAN JIMÉNEZ AGUILAR, ya identificados, por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano y en consecuencia declara DISUELTO el vinculo matrimonial por ellos contraídos por ante Oficina Municipal de Registro Civil Municipio Naguanagua, del Estado Carabobo, tal y como se evidencia de la respectiva acta de Matrimonio que cursa al folio Dos (02).

Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE la demanda presentada por el ciudadano RAFAEL ANTONIO AREVALO SANDOVAL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número V-9.666.754, debidamente asistido de Abogado, contra la ciudadana MARIA EUGENIA IZAGUIRRE SUAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número V-11.160.373, por PARTICION DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA, Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juz.....

Este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Central, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN POR PERDIDA DE INTERÈS, en la demanda intentada por el abogado Hilton Eduardo Navas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.182, en su carácter de apoderado judicial de TINTORERIA Y LAVANDERIA DE LUJO LA VENEZUELA, C.A.,

Este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Central, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN POR PERDIDA DE INTERÈS, en la demanda intentada por la abogada Niria Jiménez Emperador, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 34.852, en su carácter de representante de SOLO INTIMIDADES.

Este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Central, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN POR PERDIDA DE INTERÈS., en la demanda intentada por el ciudadano Roberto Arciero Valente, titular de la cédula de identidad N° V-7.126.768, en su carácter de Representante de MOVIL ONLINE, C.A.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, dicta el siguiente pronunciamiento: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública, Abg. MARIA YONEIDA CASTELLANOS, Defensa del ciudadano DERWIN ALEJANDRO MOLINA LAYA, en contra la decisión dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 28 de Octubre de 2016, mediante la cual declaró sin Lugar el Decaimiento de la Medida Privativa Preventiva de Libertad que pesa contra del ciudadano DERWIN ALEJANDRO ÑOLINA LAYA, quedando en los términos expuestos confirmada la Decisión Recurrida.-

En base a las anteriores consideraciones, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA RUEDA ROCHA, en su condición de Defensora Publica Décima, cargo adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Publica de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, contra la decisión dictada en fecha 08/02/2017 y publicada en fecha 16/2/2017 por el Tribunal Undécimo de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en el asunto principal Nº GP01-P-2017-004941, mediante la cual se DECRETO MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD, a la imputada LILIANA JOSEFINA MENDOZA PEREZ, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal y DETENTACION DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el articulo 277 .....

se otorga la LIBERTAD PLENA y SIN RESTRICCIONES, al ciudadano JORGE LUIS CORDERO esta juzgadora como garante y respetuosa de los Principios constitucionalidad y Derechos Procesales, así como controladora de la actividad del ministerio Publico es NO DECRETAR LA FLAGRANCIA al ciudadano JORGE LUIS CORDERO, titular de la cédula de identidad N° V-10.506.643, en ese sentido, y a los fines de garantizar los derechos de la denunciante, considera importante acordar que la presente INVESTIGACIÓN SE MANTENGA INCÓLUME y se siga por la vía del Procedimiento Único y Especial, contemplado en el artículo 97 y 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que corresponde al Ministerio Público activar los mecanismos de investigación correspondientes a los fines de verificar el delito imputado