En el mismo orden de ideas, con respecto a las pruebas documentales, se evidencia que la intención primaria es proteger el derecho a la defensa de las partes, y en segundo lugar, evitar una decisión judicial denegatoria, pues, la admisión de una prueba no lesionaría a ninguna de las partes, ya que el Juez al momento de valorar el mérito probatorio de los medios traídos en el proceso, puede desestimarla, todo ello a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva, es por ello, que este Juzgador en su condición de Juez superior, valorará la oposición de las pruebas documentales contenidas en el Capítulo III, al momento de dictar la sentencia definitiva. Así se decide.

Ahora bien, este Administrador de justicia como rector del proceso dando cumplimiento con su deber, efectuando un minucioso análisis del presente dossier judicial, y en aras de que el ejercicio de su actuación jurisdiccional se desarrolle en pleno apego de la ley adjetiva que regula la materia y a los principios constitucionales como el debido proceso, la justicia gratuita, la imparcialidad, la idoneidad, la tutela judicial efectiva, garantizando así la igualdad entre las partes; motivo por el cual, éste Juzgado superior se pronunciará sobre el escrito de impugnación ut supra mencionado en el fondo de la sentencia definitiva. Y ASÍ SE DECIDE.

ADMISION DE PRUEBAS PARTE QUERELLANTE

Ahora bien, por lo ut supra transcrito, en virtud de que las partes se encuentran a derecho, y visto que fueron practicadas las resultas de las notificaciones, de la decisión de fecha cinco (05) de junio de 2025, las cuales fueron consignadas por el alguacil de éste Tribunal en fecha 07 de julio del año en curso, y transcurrido, como ha sido, el lapso para ejercer el recurso de apelación establecido en los artículos 88 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, disposición aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con competencia en los Estados Cojedes y Yaracuy, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, a DECLARAR DEFINITIVAMENTE FIRME la decisión de fecha cinco (05) de junio de 2025. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, por todo lo antes expuesto, y en aras de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con competencia en los estados Cojedes y Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE por extemporáneo el escrito de promoción de pruebas consignado por la abogada ERIKA ANTONIETA LÓPEZ ÁVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-18.957.241, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 174.620, actuando en nombre y representación de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, Parte querellada, Y ASÍ SE DECIDE.