DISPOSITIVA: En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 364 y 366 del Código Orgánico Procesal Penal, ABSUELVE al acusado: JOSE GREGORIO MARTINEZ, venezolano, natural de Valencia, estado Carabobo, de 31 años de edad, nacido el 25-07-83, titular de la Cédula de Identidad N° 15.219.264, de oficio obrero, de estado civil soltero, hijo de Pedro Roberto Martínez y de María de Martínez, domiciliado en Central Tacarigua, Barrio El Aruco, casa Nº 11-80, estado Carabobo, de la comisión del delito de Cooperación inmediata en el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, en relación con el artículo 83 ejusdem, por el que el Ministerio Público formulara acusación en su contra. Se c.....

En consecuencia, como quiera que la pretendida reconvención en realidad no es más que un desconocimiento en contenido y firma de los documentos consignados con el libelo, se niega la admisión a la reconvención propuesta.

Se ejecuto el Emabargo EJecutivo y fue expedido cheque de gerencia a nombre del Juzgado Comitente.

EL TRIBUNAL, POR CUANTO LA PARTES CELEBRARON TRANSACCIÓN SE ABSTUVO DE PRACTICAR LA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO ORDENADA.

Este Tribunal Niega la solicitud del Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, por ser esta improcedente, en vista que para el Tribunal las circunstancias por las cuales se le decretó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al imputado ROMÁN ULISES VILORIA LINARES, por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, no han variado, considerando quien aquí decide que el planteamiento del Fiscal del Ministerio Público, se refiere a un nuevo hecho delictivo, como son los delitos de VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, previstos y sancionados en los artículos 17 y 20 de la Ley de Violencia Contra la Mujer y la Familia, los cuales deben imputársele a dicho ciudadano, en la Fiscalía o en el Tribunal de Control, a lo fines de garantizarles los derechos del imputado y el debido proceso.