en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Leyque HOMOLOGA el acuerdo de las partes, en los términos en que las partes lo establecieron y le da el carácter de cosa juzgada

Las partes solicitan dela Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, que se sirva impartir al presente convenio la HOMOLOGACION correspondiente para que tenga el efecto de cosa juzgada

HOMOLOGA el acuerdo de las partes, en los términos en que las partes lo establecieron y le da el carácter de cosa juzgada

nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Leyque HOMOLOGA el acuerdo de las partes, en los términos en que las partes lo establecieron y le da el carácter de cosa juzgada.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efecto de Cosa Juzgada

Del análisis supra interpretado, se puede observar, el cambio de criterio asumido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia de la Repúblicas Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que es obligatorio, y no discrecional del Juez, acordar una medida cautelar, cuando considere llenos ambos extremos necesarios, es decir, el fomus bonis iuris y el periculum in mora y negarla cuando por el contrario, no se vean satisfechos estos principios fundamentales para su decreto. En conclusión, tenemos que la Tutela Cautelar obedece a la protección de uno de los derechos constitucionales en conflictos, esto es, en definitiva, el derecho de acceso a la justicia compaginado con la respuesta efectiva del órgano jurisdiccional (doble dualidad de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta Fundamental). En virtud de lo establecido anteriormente este Juzgador resuelve NO ACORDAR el decreto de la medida solicitada dado que no fueron probadas las múltiples razones.....

declara INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesta por la abogada Ruthsaly Álvarez, actuando en su condición de Fiscal Décimo Cuarta con Competencia en Ejecución de Sentencia del estado Carabobo, contra el auto dictado en fecha 27 de junio de 2016, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia en función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en el asunto principal signado con el N° GJ01-P-2015-000081, seguido al cuidadano Ramón Alejandro Uzcategui Guerra, mediante el cual concedió el beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena a favor del prenombrado ciudadano.

Se Admite, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley declara perimida la instancia en la demanda intentada por la abogada REINA TARTAGLIA DE JASPE, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 74.119, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN ANDRES GOMEZ BECERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-13.663.932, contra la Sociedad de Comercio GRUPO MEDICO VALENCIA PLAZA, C.A, Publíquese y déjese copia certificada.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la pretensión incoada por el ciudadano JAVIER JOSE OLIVEROS PRADO, contra es COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y CONSTRUCCION R.L., y solidariamente al ciudadano JUAN HERIBERTO PEREIRA MIJARES, por cobro de prestaciones sociales. En consecuencia, se les condena a pagar la cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL BOLIVARES CON 00/49 CENTIMOS (Bs. 12.258.331,49) más lo que resulte del cálculo de los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora, y de la corrección monetaria, los cuales serán calculados mediante experticia complementaria del fallo.