En consecuencia y por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de las Ley, declara SIN LUGAR la demanda por cobro de Prestaciones Sociales e Indemnización por Daños y Perjuicios, incoada por el ciudadano ANTONIO JOSE GONZALEZ PARRA , quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 6.703.070 y de este domicilio, en contra de TRANSPORTE CHIRGUA C.A. y TALLER L.T.D.

La jurisprudencia patria, ha considerado como extemporáneo, por prematuro, el recurso ordinario de apelación ejercido por la parte interesada el mismo día de publicación de la sentencia con inmediata posterioridad a tal acto, o durante el resto del lapso fijado por la ley para su pronunciamiento, o antes de la notificación de la contraparte o el día de la notificación en los casos que ésta sea procedente. Igualmente, se ha establecido que la ratificación en tiempo hábil del recurso propuesto, valida el que fue ejercido en forma extemporánea; por lo que si la ratificación también es inoportuna no podrá dar validez al recurso propuesto intempestivamente. Ahora bien, la Sala considera que es conveniente abandonar tales criterios por considerar que es mas acertada y cercana a los fines de la justicia la posición sostenida por parte de la doctrina patria, que considera valido el recurso ejercido después de pronunciado el fallo y con antelación al inicio del lapso para recurrir. En .....

En orden a los razonamientos expuestos por las partes, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la solicitud de Calificación de Despido incoada por la ciudadana IRIS MIREYA ROJAS GONZÁLEZ, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.321.408, de este domicilio, contra la sociedad de comercio MATERIALES SEIJO, C.A. en consecuencia se califica el despido que fue objeto la actora como injustificado, y condena a esta última a los siguiente:

Observa quien decide que del análisis de la contestación se pudo constatar que la demandada motivo pormenorizadamente el porque negaba cada uno de los alegatos, en consecuencia, corresponde al trabajador probar que trabajo durante horas extras y corresponde a la demandada probar cada uno de los hechos nuevos con los que motivó el rechazo a la demanda, es decir, si la demandada cumplió con el pago de las prestaciones sociales, que el salario y la jornada de trabajo alegado por la demandada fue convenido por el actor en la transacción homologada.-

d. Testigo promovido por la demandada MARIA ISABEL SANCHEZ, analizada la misma testimonial se desecha por cuanto, existe un nexo de consanguinidad entre la testigo y Alfonso Sánchez que es el representante legal de la demandada (articulo 480 del Código de Procedimiento Civil) tal como quedó tácitamente admitido cuando el apoderado judicial de la demandada pretende desconocer el vinculo de consanguinidad con el argumento de que la demandada es un persona jurídica distinta al representante legal de la demandada, argumento este ultimo que se declara improcedente ya que el mismo no es suficiente para enervar el vinculo de consanguinidad existente entre el testigo Maria Isabel Sánchez y el presidente de la demandada Alfonso Sánchez .

Para decidir la presente causa, considera este Juzgador destacar que en la contestación de la demanda el argumento central de la demandada fue alegar la prescripción, según su decir, por haberse vencido el lapso para practicar la citación; de las actas procesales se evidencia que la accionante alega haber prestado servicios personales para la accionada desde el día 15 de enero del año 2000 hasta el 01 de enero del año 2001; igualmente alega que devengaba para el momento de su despido un salario diario de Bs. 4.800,00 y que fue despedida injustificadamente, hechos estos no negados, desvirtuados ni controvertidos por la accionada, y no promovió durante el curso probatorio probanza alguna que le favoreciera y por cuanto la acción intentada no es contraria a derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo de declara confeso y ASI DE DECIDE.

En consecuencia se evidencia de las actas procesales que existe una flagrante violación al debido proceso y el derecho a la defensa al dictar el Juez A-quo una sentencia definitiva sin cursar en las actas procesales las resultas de la apelación interpuesta por la parte demandante en la demanda de Prestaciones Sociales, por lo que con vista de las disposiciones de nuestra Carta Magna, dando cumplimiento con el principio finalista y procurando no incurrir en reposiciones inútiles, ya que se observa que existe en el caso que nos ocupa una deficiencia concreta en determinar el alcance de la aplicación de la justicia, observándose de esta manera la fragrante violación del derecho a una justa resolución de la presente controversia.

Ahora bien, del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido lo siguiente que la demandante no se retiró de su trabajo, o sea, no hubo tal renuncia, por el contrario según estas mismas pruebas, quedó evidenciado el DESPIDO INJUSTIFICADO. De igual manera, la parte patronal no pudo probar los extremos eximentes del REENGANCHE previsto en el Art. 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, o sea, la condición de tener menos de 10 trabajadores a sus servicios, quedó probado por el instrumento NO DESCONOCIDO por la parte actora que riela al folio 22, que el salario para la fecha era de Bs. 4.840,00, el cual servirá de base para la condena que se ordena en la segunda parte de este fallo. Por consiguiente al quedar demostrado la existencia de una relación de trabajo entre las partes, la terminación, debe tenerse como ciertos los demás hechos narrados en la demanda y así se declara.

La demandada invocando el principio de la comunidad de la prueba, se valió de las documentales consignadas por el actor en su escrito libelar, a los fines de demostrar que canceló correctamente los conceptos que reclama el demandante. Por lo tanto pasa el Tribunal a analizarla de la siguiente manera:

CON LUGAR la acción de calificación de despido