Considera esta Juzgadora que en atención a las normas que regulan el proceso penal Venezolano, ciertas atribuciones que tenían los Jueces sentenciadores en el sistema inquisitivo son transferidas a los de Ejecución; ello es así, sólo que por haberse constituido legalmente el Juez de Ejecución para ejecutar penas y medidas de seguridad, equiparándolo al Juez de Vigilancia de otras legislaciones, nuestros Tribunales sentenciadores actuales, que son los de Control y los de Juicio, irremediablemente conservan algunas competencias de ejecución penal relativas a hacer cumplir lo juzgado, aunado al contenido del artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, con lo cual no se precisa que un Juez de Ejecución emita un auto expreso declarando la firmeza de una determinación jurisdiccional u ordenando su ejecución, lo cual hace forzoso declarar la incompetencia de esta Juzgador.....

En atención a las normas procedimentales contenidas en el texto legal, el Juez de Ejecución velará por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas, vigilando y haciendo respetar los derechos humanos del penado consagrados en la Constitución de la República, en los Tratados y Convenios y Acuerdos Internacionales, de lo que se desprede que son situaciones que surgen de una condenatoria, por lo que en modo alguno alcanza a las sentencias absolutorias o autos o sentencias de sobreseimiento, razon por el cual es procedente declarar la incompetencia para conocer de los asuntos relacionados estos

En criterio de quien aqui decide,con la separación de las fases de Investigación, de Juzgamiento y de Ejecución, se distribuyó en tres Jueces distintos las funciones que otrora pertenecieron a un solo Juez, y; cuando en un ordenamiento penal adjetivo, como en nuestro caso, se consagra la figura del Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad para perfilar legalmente lo que se conoce como la judicialización de la ejecución de la pena, con un marcado tono antropocéntrico debido a la importancia constitucional de la rehabilitación y la reinserción social; no sólo a los fines del cumplimiento del ius puniendi sino que al propio tiempo se debe controlar y vigilar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario, con el respeto de los derechos fundamentales; ciertas atribuciones que tenían los Jueces sentenciadores en el sistema inquisitivo son transferidas a los de Ejecución; ello es así, sólo que por haberse constituido legalmente el Juez de Ejecución para ejecutar penas y medidas .....

Esta Juzgadora en fundamento a los principios Constitucionales, previstos en los artículos 19 y 242 y de las normas contenidas en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal penal, acuerda EL DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO al penado JHOAN RODOLFO GONZALEZ GOMEZ, en el Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi, fijándose como condiciones: 1)acudir al Hospital Psiquiatrico Dr. José Ortega Duran a los efectos de gestionar lo conducente para ser evaluado por especialista. 2) Presentarse ante el Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi. 3) Mantenerse en un trabajo estable, del cual deberá tener conocimiento el Tribunal y su delegado de Prueba. 4) Durante el tiempo que se encuentra fuera del establecimiento, no frecuentar lugares donde se expendan o consuman bebidas alcoholicas o drogas.

Se dicta auto de conformidad a lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos... En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria...”. por lo que encontrandose cubiertos los extremos del artículo 501 del Código orgánico Procesal Penal se ACUERDA la fórmula de cumplimiento de pena denominada LIBERTAD CONDICIONAL, al penado GREGORI JOSE MACHADO GIL, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.192.405, de conformidad con lo pautado en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal en relacion con el artículo 272 de la Carta Magna