Es así como el Tribunal evidencia que desde el día 30 de Julio del 2013, fecha en la que se admitió la demanda hasta el día 30 de Septiembre del 2013, se observa que la parte actora no puso a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para la citación de la parte demandada, y así dar cumplimiento con las obligaciones que le impone la ley. Por lo tanto, en el presente caso se configura el supuesto de hecho de la perención breve, de conformidad con el artículo 267 ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara, por lo que este Tribunal Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA y así se decide. No se condena en costas a la parte demandada por no haber resultado vencida.

En tal sentido, por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente se desprende que el mismo actualmente se encuentra suspendido y en etapa de ejecución de la sentencia, es por lo que este Juzgador acogiendo el criterio jurisprudencial in comento, de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, para mantener la uniformidad de la jurisprudencia y defender la integridad de la legislación, acata en su integridad, declara: PRIMERO: Revocar la sentencia de fecha 25 de mayo de 2011. SEGUNDO: Ordena la reanudación de la presente causa en el estado en que se encontraba para el momento de la suspensión a cuyo efecto se fija de conformidad con los artículos 14, 202 en su parágrafo primero y 233 del Código de Procedimiento Civil un lapso de diez (10) días continuos a partir de que conste en autos la última de las notificaciones que de la sentencia se haga a las partes o a sus apoderados, lo cual también se ordena, entendiéndose que la causa .....

Como puede apreciarse, las citadas normas no sólo suponen la potestad del Juez o Jueza para dejar sin efecto actuaciones que lesionen normas constitucionales, sino, además expresa la obligación en que se encuentran, amén, que el articulo 206 de nuestra Ley Adjetiva Civil, previamente citado, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales. En este mismo sentido, encontramos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 18 de agosto de 2.003, haciendo referencia a la revocatoria de actuaciones lesivas, señaló: "...Observa la Sala, al respecto que aun cuando las decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación no pueden modificarse ni revocarse por el Tribunal que las haya pronunciado e, igualmente, la revocatoria por contrario imperio sólo es procedente contra aquellas actuaciones o providencias de mera sustanciación o mero trámite cuando atentan cont.....