SEGUNDO: Se decreta MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROPRODUCTIVA por un lapso de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS a favor del ciudadano Casto De Jesús García Quintero, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.589.456, en el Lote de terreno denominado "La Esperanza", ubicado en el asentamiento campesino Valles de Mozanga, parcela AA, municipio San Diego del estado Carabobo, situado dentro de los siguientes linderos particulares: NORTE: Terreno del Ferrocarril. SUR: Ocupado por desconocidos. ESTE: Vía Principal. OESTE: Terreno ocupado por Mini finca Mozanga. Constante de una Superficie de DOS HECTAREAS CON CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO METROS CUADRADOS (2 HAS CON 4.705 mts2).

VI DECISIÓN. DECRETO DE TITULO SUPLETORIO AGRARIO. Por lo antes expuesto, visto que en el presente tramite, durante la oportunidad fijada por este Tribunal para el traslado, se pudo constar la ocupación y existencia física de bienhechurias agrícolas, y en atención al contenido de las declaraciones emitidas por los testigos evacuados, este Tribunal en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara que tales diligencias resultan suficientes para decretar el TITULO SUPLETORIO de POSESIÓN TITULO SUPLETORIO de DOMINIO a favor del ciudadano IGINIO ROJAS CASTILLO, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº 381.291, domiciliado en un en un lote de terreno denominado " LA ROJEÑA", ubicado en el sector El Cabrito de Yagua, Asentamiento Campesino Sin Información, Parroquia No Urbana Yagua, Municipio Guacara del Estado Carabobo

QUINTO: SE ORDENA oficiar de la presente decisión, con copia certificada de la presente decisión, a los siguientes cuerpos de seguridad del estado venezolano: 1) Gobernación del Estado Carabobo; 2) Secretaría General del Gobierno Bolivariano del Estado Carabobo; 3) Zona de Defensa Integral (ZODI); y de la misma forma se ordena oficiar al Ministerio Público del Estado Carabobo, a los efectos de la remisión de copia certificada de la referida sentencia; todo lo anterior en virtud que la medida decretada, es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado Agrario.