Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. INADMISIBLE la pretensión de amparo cautelar, por cuanto el amparo constitucional constituye vía extraordinaria, que solo tiene cabida cuando, después de la violación o peligro de violación de derechos constitucionales, no exista vía ordinaria en el ordenamiento jurídico capaz de restituir la situación jurídica infringida. En el presente caso la medida cautelar ordinaria solicitada es capaz de satisfacer la solicitud planteada con lo cual el amparo cautelar se hace inadmisible de conformidad a lo establecido en el articulo 6, ordinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara. 2. CON LUGAR la medida cautelar innominada solicitada por el Abogado JUAN CARLOS QUINTANA, cedula.....

Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. CON LUGAR el amparo constitucional cautelar solicitado por el ciudadano HENRYS LOR MOGOLLÓN, cédula de identidad V-10.372.905, asistida por la abogada Rosalinda Ocanto Escorche, cédula de identidad V-7.594.245, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nro. 55.140, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO YARACUY. 2. En consecuencia, se ORDENA la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Notificación del 08 de mayo 2007, publicada en medios de comunicación escritos el 10 de mayo 2007, y se ordena la reincorporación del ciudadano recurrente al cargo de Legislador en el Consejo Legislativo del Estado Yaracuy, hasta que se dicte sentencia definitiva en la presente causa.

DECISIÓN En orden a los razonamientos expuestos y a las pruebas valoradas ut-supra, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de IMPROCEDENTE la solicitud del ciudadano ELIO CHIRINOS contra VIGILANCIA Y SEGURIDAD ORGANIZADA VISOR, C.A.

En consecuencia este Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con sede en Valencia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA y condena a la demandada DULCE C.A. a cancelar la cantidad total de TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 28.530.763,11). Se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, tomándose en cuenta los IPC del Área Metropolitana de Caracas, y la cual deberá ser calculada desde el decreto de la ejecución forzosa hasta el momento en que se efectué la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Debiendo excluirse las vacaciones o recesos judiciales

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin Lugar la apelación ejercida por la parte actora. SEGUNDO: Sin lugar la demanda incoada por el ciudadano Carlos Romero Rumbos contra la sociedad de comercio INDUSTRIA LÁCTEA DE VENEZUELA S.A. - INDULAC.

ordena de forma SUMARIA, al Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Candelaria del Municipio Valencia del Estado Carabobo, al Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Parroquia San José del Municipio Valencia del Estado Carabobo y al Registrador Principal Civil del Estado Carabobo, estampar la debida Nota Marginal en la 1º) PARTIDA DE NACIMIENTO de la ciudadana MIRJUD MARGARITA RAMONI DE DELGADO, previamente determinada así; donde dice "...MARJUD..." debe decir "...MIRJUD...", que es lo correcto; 2°) En el ACTA DE MATRIMONIO de la ciudadana MIRJUD MARGARITA RAMONI DE DELGADO, previamente determinada así; donde dice: "...7.047.882..." debe decir "...7.047.982...", que es lo correcto. Así se decide.

Este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición interpuesta por la Abg. ROSA MARGARITA VALOR, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de esta Circunscripción Judicial, con sede en esta ciudad. En consecuencia, remítase el presente expediente al precitado Tribunal, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA

Se publica sentencia definitiva, por admisión de los hechos, medianta la cual se CONDENA al ciudadano JEFFERSON JOSÉ PEROZO MENDOZA, a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISION por la comisión del delito de: PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Vigente, en perjuicio del Estado venezolano. Se condenan igualmente a las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal y se exonera al pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 272 ejusdem, por su notable estado de pobreza, el cual queda evidenciado al estar asistido por la defensa pública.

Se dictó auto, mediante el cual se otorga al penado Warner Ixguaxigla Hernandez, la Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena

este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al referido acuerdo transaccional a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, habida cuenta que comporta reciprocas concesiones de las partes en relación con los conceptos discutidos en el presente juicio y cumple con los requisitos establecidos en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.