En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Mixto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, por Unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, CONDENA al acusado WILFREDO ENRIQUE MEDINA venezolano, natural de Maracay, Estado Aragua, nacido en fecha 02-11-67, titular de la Cedula de Identidad Nº14.061.441 de 28 años de edad, hijo de Zulay Coromoto Medina, y José de la Cruz Medina, residenciado en Caña de Azúcar, Sector 2, Vereda 3, Casa Nº 13, Maracay, Estado Aragua, a cumplir la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRESIDIO, como autor del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 5 en relación con el artículo 6, Ordinales 1, 2, 5 y 8 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos; a las penas accesorias contempladas en el artí.....

Por ello, esta Juzgadora desestima los alegatos de la codemandada OLGA MARGARITA ESPEJO, en cuanto a que los documentos producidos con el libelo no constituyen prueba de los presupuestos de procedencia de la medida cautelar. Hechas las consideraciones precedentes, esta Juzgadora estima improcedente la oposición formulada por la codemandada OLGA MARGARITA ESPEJO, y así se decide. Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la oposición formulada por la ciudadana OLGA MARGARITA ESPEJO, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.748.358, contra el decreto cautelar dictado en este juicio el 13-octubre-2005, el cual queda ratificado en todas sus partes. Se condena a la ciudadana OLGA MARGARITA ESPEJO al pago de las costas de .....

es por lo que este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente caso, conforme lo establece el Artículo 269 eiusdem. Y así se decide. Publíquese, Regístrese y Déjese copia para su archivo. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. Dado, firmado y sellado en la Sala de este Despacho, en la ciudad de Puerto Cabello, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005). Años 194° de la Federación y 146° de la Independencia. La Juez Temporal Abogada CLAUDIA ALEXANDRA OLAVARRIA La Secretaria, Abogada MARITZA RAFFO PAIVA Expediente N° 2002 / 5731 CAO/MRP/francis

Se decretó el Sobreseimiento de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 318 del Códgo Orgánico Procesal Penal

DISPOSITIVA Con fundamento a lo expuesto con anterioridad, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Declara SIN LUGAR la solicitud realizada por el ciudadano: LUIS VILLAVICENCIO, Defensor Público adscrito al Sistema Autónomo de Defensa Pública Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, y en consecuencia se RATIFICA la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano acusado: JOSE RAFAEL RIVERO BARRIOS, venezolano, natural de Valencia, Estado Carabobo, portador de la cédula de identidad personal Nº V- 18.563.862, de 21 años de edad, nacido el 01-06-1984, hijo de José Rafael Rivera y América Josefina Rivera, y residenciado en La Urbanización Los Lanceros, Manzana A-6, casa N° 2, Puerto Cabello, Estado Carabobo, Segundo: Notifíq.....

Por presentada la anterior demanda junto a sus recaudos, y revisada la misma, se observa que no es contraria ha derecho, a las buenas costumbres o a disposiciones legales expresas, y por cuanto la solicitud formulada y los recaudos presentados llenan los requisitos exigidos en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo encontrado causales específicas o genéricas de inadmisibilidad de las establecidas en los artículos 644 y 340 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal admite cuanto a lugar a derecho salvo su apreciación en la definitiva, la pretensión por cobro de Bolívares mediante el procedimiento por intimación.