ACTA DE JURAMENTACION DE EXPERTO. En horas de despacho del día de hoy 09 de febrero de 2010, siendo las 08:30 a.m., comparece ante éste Juzgado el ciudadano José Antonio Delgado Castillo, titular de la cédula de identidad Nº 7.184.742, de profesión Ingeniero Civil, inscrita en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, bajo el Nº 73.234, e inscrito en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela bajo el Nº 2.234, y expone: "Acepto el cargo de experto, para lo cual he sido designado en la presente causa y juro cumplir bien y fielmente las obligaciones inherentes al mismo".

AUTO. OYE APELACIÓN EN EL SOLO EFECTO DEVOLUTIVO. Vista la apelación contra la sentencia interlocutoria de fecha 03 de febrero de 2010, (folio 134 al 137), realizada por el abogado Alfredo Magno Carpio Carvajal, actuando en su carácter de autos; éste tribunal conforme a su criterio de amplitud a la doble instancia , acuerda OÍRLA EN EL SÓLO EFECTO DEVOLUTIVO, en consecuencia, se ordena la remisión de las copias certificada que indique la apelante y este Tribunal al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes con competencia en el Territorio de los Estados Cojedes, Aragua y Carabobo, con sede en San Carlos, de conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil.

Por recibida comunicación emanada de CORPORACION ELECTRICA NACIONAL (CORPOELEC) de fecha 09 de Diciembre de 2009 y recibida por este tribunal en fecha 09 de febrero de 2010, dando respuesta al Oficio Nº 170/2009. En consecuencia, se ordena agregarlo al expediente.-

IV. DECISION. Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: IMPROCEDENTE la solicitud de acción autónoma de tutela cautelar agraria, interpuesta por el ciudadano CARLOS ENRIQUE PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.650.590, por considerar que no están llenos los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la doctrina vinculante de la sala Constitucional arriba referida.