UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano RAMON RIVERO, judicialmente representado por los abogados RUBEN DARIO PEÑA, REINALDO GIL y ROMELIA HERNÁNDEZ en contra la decisión de fecha 17 de octubre de 1990, emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, SE CONFIRMA la decisión recurrida. Todo en el juicio seguido por RAMON RIVERO, contra el ciudadano MIGUEL ANGEL ALCALA MARTINEZ por DAÑOS MATERIALES, LUCRO CESANTE y LESIONES PERSONALES. De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte actora por haber resultado vencida en el presente fallo.

PRIMERO: SIN LUGAR recurso procesal de apelación intentado por la abogada Ybis Hernández en su carácter de apoderada del ciudadano Isidoro Rodríguez Roldan contra la decisión de fecha 30 de agosto de 2000 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE CONFIRMA el dispositivo del fallo apelado, bajo los razonamientos contenidos en esta decisión. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo.

: UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JAIRO ANTONIO SUAREZ, judicialmente representado por la abogada Iris Picado Silva, en contra la decisión de fecha 15 de julio de 1999 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, SE CONFIRMA la decisión recurrida. Todo en el juicio seguido por SORAIDA RIVAS MONCADA, contra el ciudadano JAIRO ANTONIO SUAREZ por FIJACIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS. De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el presente fallo.

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano NELSON HERNAN CARDONA, en contra la decisión de fecha 19 de enero de 2000, emanada del Juzgado Segundo de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, SE CONFIRMA la decisión recurrida. Todo en el juicio seguido la ciudadana Procuradora Primera de Menores del Estado Carabobo, contra el ciudadano NELSON GERNAN CARDONA por FIJACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el presente fallo.

UNICO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de apelación interpuesto por el abogado RAUL ARNOLDO BLONVAL PAOLINI, judicialmente representado por los abogados ADOLFO BLONVAL RAMÍREZ, ARMANDO JAVIER DÍAZ y PEDRO ANTONIO MORALES AGUILAR, en contra la decisión de fecha 18 de diciembre del 2000 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, SE CONFIRMA la decisión recurrida. Todo en el juicio seguido por el abogado RAUL ARNOLDO BLONVAL PAOLINI, contra la Sociedad de Comercio SEGUROS LOS ANDES, C.A por COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES. De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte actora por haber resultado vencida en el presente fallo.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por los ciudadanos ANABEL NOVOA de RESTREPO y GERMAN RESTREPO MORENO en contra de la decisión dictada el 02 de noviembre de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el fallo apelado que declara la inadmisibilidad del amparo constitucional interpuesto, en conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se exonera a la parte accionante del pago de las costas por considerar este tribunal que la acción no ha sido ejercida temerariamente, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.