De la revisión del presente expediente se desprende que, la sentencia dictada en este proceso, es una sentencia de que pone fin al presente juicio por DAÑOS Y PERJUICIOS; lo cual, aunado a que para la fecha en que se interpuso la demanda, vale señalar, el 13 de febrero de 2012, se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece en el segundo aparte del artículo 18, que para anunciar casación se requiere que el interés principal del asunto exceda la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL BOLIVARES (Bs. 228.000,oo), que es el resultado de multiplicar TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.), por SETENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 76,oo), que es el valor de cada una, para la fecha en que fue interpuesta la misma; y dado que la cuantía de la presente demanda fue estimada en la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.813.520,38), equivalente a 23.862,11 Unidades Tributarias; de conformidad con .....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO HECHO interpuesto en fecha 01 de diciembre de 2014, por la abogada NORIS DEL VALLE SUNIAGA FIGUERA, en su carácter de parte demandante, contra el auto dictado el 25 de noviembre de 2014, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, que oyó en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada el 11 de noviembre de 2014, en el juicio contenido en el Expediente No. 9673, contentivo del juicio por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL, incoado por la abogada NORIS DEL VALLE SUNIAGA FIGUERA, CONTRA LA Comunidad de Propietarios del Edificio Residencias ALFA, y la .....

En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA SENTENCIA N° DOS DEL DOS MIL CINCO, dictada en fecha 10 de enero de 2005, por el Tribunal Municipal Popular de Puerto Padre, de la República de Cuba, referente al proceso de divorcio intentado por el ciudadano ALDO WALTER TERRERO PEREZ y RAMONA JOSEFA REYES LEYVA, quedando disuelto el matrimonio. PUBLÍQUESE REGÍSTRESE DÉJESE COPIA