este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE

Seguidamente este Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas actuando por comisión en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara Secuestrado el inmueble objeto de la medida constituido por un apartamento, ubicado en la Urbanización La Viña, Residencias Viña Palace, Piso Noveno (09), apartamento Nro.96, Valencia Estado Carabobo y lo deja bajo la guarda y custodia de la Depositaria Judicial designada.

Seguidamente este Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas actuando por comisión en nombre de la República Bolivariana de Venezuela hace Entrega Material del inmueble ubicado en la Avenida Bolívar ( antes Avenida Constitución) Nro. 103-42, entre las calles Rondón y Vargas, apartamento Nro 21 Valencia del Estado Carabobo a la parte actora representada en este acto por la abogada Saturnina Alcántara, venezolana y titular de la cédula de identidad Nro. 5.861.290.

DECISION Por todo lo antes expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUIN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la presente demanda que por DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO incoara el Abogado JULIO CESAR BANDRES NARANJO, Inscrito en el I.P.S.A bajo los Nro. 11.959, actuando como Apoderado Judicial de la Ciudadana DIRGEN LOLIMAR RODRIGUEZ MENDOZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad N° V-7.134.196, contra el ciudadano IVO BENITEZ DIAZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.581.922. En consecuencia se ordena al demandado de autos, ciudadano IVO BENITEZ DIAZ, a pagar a la actora, ciudadana DIRGEN LOLIMAR RODRIGUEZ MENDOZA, la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.3.000.000,oo) por concepto de los daños materiales que le ocasionó al vehiculo Marca: FORD; Modelo: ZEPHYR; Añ.....

Este Tribunal acuerda homologarlo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y acuerda tenerlo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

"...En virtud de los razonamientos antes expuestos y de conformidad con las normas legales citadas este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley Declara, Sin Lugar, la solicitud de la nulidad de todo lo actuado y consecuencialmente la nulidad de formalidad esencial de validez en la citación, opuesto por la apoderada judicial de LA GENERAL DE SEGUROS S.A., y por los demandados de autos. Sin Lugar, la Prescripción de la Acción, prevista en el artículo 62 de la derogada, Ley de Tránsito Terrestre, opuesta por la abogada, YASMIN CORDERO DE COLINA, en su carácter de apoderada judicial de LA GENERAL DE SEGUROS, S.A., y defensor de oficio de los demandados de autos. Sin Lugar, la falta de cualidad e interés del demandante para intentar o sostener el presente juicio, previsto en el artículo 361 del Código d.....

Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley declara: 1.- PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar interpuesta por las abogados CLAUDIA CASAL WADSKIER y SOLANGEL QUINTERO, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 41.658 y 12.027, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INDUGRAM, C.A.; y 2.- En consecuencia, SE ORDENA la suspensión de los efectos del Acto Administrativo (Boleta de Inscripción) de fecha trece (13) de enero de 2006 distinguida con el Nº 360, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Cojedes, mediante la cual se acuerda la inscripción de la Organización Sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la Empresa INDUGRAM, C.A. (SINTRAINDUGRAM).

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el Abogado Jorge Elías Bastidas Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 27.256, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana OLGA MARIA ORTIZ, titular de la cédula de identidad Nro. 1.375.707 del acto administrativo Nro. DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanado de la Contraloría del Estado Carabobo, en consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de secretaria I de Contraloría, en el mencionado ente administrativo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva al cargo, en los términos establecido en la parte motiva de este fallo.

Siendo ello así, este Tribunal adhiriéndose al criterio sustentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1219 de fecha diecinueve (19) de agosto de 2003, y con fundamento en el análisis realizado por dicha Sala en la decisión N° 2003-1276 dictada en fecha quince (15) de noviembre de 2005, ordena la reposición de la causa al estado de notificar del auto de admisión de fecha once (11) de octubre de 2005, a la Sociedad Mercantil ALIMENTOS NINA, C. A., en su condición de tercero coadyuvante por el organismo demandado.

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el Abogado Jorge Elías Bastidas Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 27.256, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana JULIO JAVIER COLINA MONTERO, titular de la cédula de identidad Nro. 7.023.572 del acto administrativo Nro. DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanado de la Contraloría del Estado Carabobo, en consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de auditor II de Contraloría, en el mencionado ente administrativo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva al cargo, en los términos establecido en la parte motiva de este fallo.