TSJ Regiones - Decisión

En fecha 17 de septiembre de 2025, fue presentada demanda por Resolución de Contrato por el abogado Roberto Cortez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 236.784, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ORIOR ANTONIO FONSECA VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.948.619, en contra de la ciudadana CARLINA COROMOTO BLANCO PEROZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-20.444.972. Correspondiendo el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, quedó signada bajo el expediente N° 27.419.
I
En fecha 22 de septiembre de 2025, este Tribunal dictó auto de admisión de la demanda, ordenado emplazar a la parte demandada.
El 29 de septiembre de 2025, la representación judicial de la parte demandante solicitó medida cautelar de secuestro sobre bienes de la parte demandada, lo cual fue negado por este Tribunal mediante sentencia de fecha 6 de octubre de 2025.
El 23 de octubre de 2025, la representación judicial de la parte demandante insistió en la solicitud de medida cautelar de secuestro sobre un bien mueble de la parte demandada, la cual fue acordada por este Tribunal mediante sentencia de fecha 4 de noviembre de 2025.
El 28 de noviembre de 2025, la representación judicial de la parte demandante desistió de la medida cautelar de secuestro dictada por este Tribunal.
El 12 de marzo de 2026, la representación judicial de la parte demandante presentó diligencia mediante la cual desistió de la causa, solicitando su homologación.
Siendo la oportunidad procesal para proveer sobre la homologación del desistimiento presentado en juicio, conforme lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se pronuncia en los siguientes términos:
II
Primeramente, debe este Tribunal determinar su competencia y al respecto observa que, la presente controversia con motivo de Resolución de Contrato, fue intentada con fundamento en lo establecido en el artículo 1.167 del Código Civil, motivo por el cual, este Jurisdicente determina que su naturaleza pertenece a los derechos civiles. En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgador se declara competente por la materia. Así se establece.
Con relación a la competencia por el territorio, por cuanto del escrito libelar se observa que, la ciudadana Carlina Coromoto Blanco Peroza, parte demandada, tiene su domicilio en el municipio Valencia, estado Carabobo, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal reconoce su plena competencia en razón del territorio. Así se establece.
En cuanto a la competencia por la cuantía, la Resolución N° 2023-0001, de fecha 24 de mayo de 2023, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para el momento de la interposición de la demanda, contempla en su artículo 1°, lo siguiente:
Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, el precio del día de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela al momento de la interposición del asunto.
En el caso de autos, se observa que la demanda fue estimada en la cantidad de dos millones novecientos catorce mil veinte bolívares (BS. 2.914.020,00), equivalente a quince mil ciento noventa y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (€ 15.194,59) para el momento de la interposición de la demandada, siendo el euro la moneda de mayor valor según la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela; dicha estimación excede la cantidad de tres mil (3.000) veces el tipo de cambio oficial, por lo cual este Juzgador se declara competente por la cuantía para conocer y decidir la presente causa. Así se establece.
Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, reconoce su plena competencia en razón en la materia, territorio y cuantía para conocer la presente causa. Así se establece.
III
Ahora bien, el desistimiento es un acto de auto composición del proceso, donde la parte demandante manifiesta su voluntad de renunciar y de no continuar impulsando la demanda, siendo éste el legitimado para ejercerla en cualquier acto o grado del proceso, según lo contemplado en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, que disponen:
Artículo 263: En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.
Artículo 264: Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.
Artículo 265: El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.
En atención a lo antes citado, este Tribunal estima prudente destacar que el desistimiento es una acción unilateral de voluntad expresada por el actor ante el Juez, a través de la cual abandona el procedimiento o acción iniciada, dando lugar a su extinción y en consecuencia, un modo de conclusión del mismo. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de julio de 2006, expediente Nro. 2005-000751, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, estableció lo siguiente:
(…) En este sentido, existen dos clases de desistimiento, el de la instancia o procedimiento y, el de la acción, el primero se refiere a la actuación voluntaria expresada por el demandante ante el juez, con la finalidad de abandonar el procedimiento empezado, dando lugar a su extinción; el segundo, el desistimiento de la acción, comporta la renuncia por parte del actor del derecho material del que está investido para postular la pretensión, produce efectos en la relación jurídico sustancial, tiene efectos preclusivos y deja extinguida las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones de procedencia, que si bien no todas aparecen definidas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia y de ésta se desprende que el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Así, se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Al mismo tiempo, se exige a la parte capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones…
Aunado a esto, el doctrinario Arístides Rangel Romberg (2001), en su obra denominada “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987”, Tomo II, dispuso lo siguiente:
(…) Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. (p. 367).
Ahora bien, en materia civil podrá el demandante desistir de la demanda en cualquier estado y grado de la causa. Sin embargo, dicho acto se encuentra condicionado a la existencia de una capacidad subjetiva y objetiva que encontramos dispuesta en el artículo 264 del Código del Procedimiento Civil, donde se prevé que para desistir de la demanda se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones. Con relación a la capacidad subjetiva, el artículo 136 de la ley adjetiva civil, dispone: “Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.
De las disposiciones transcritas se desprende la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos a los fines de homologar la transacción cuando sea solicitada, a saber: 1) Tener capacidad o estar facultado para transar y 2) Que la transacción verse sobre materias disponibles por las partes.
Así las cosas, revisadas y analizadas las actas procesales que conforman el presente expediente se desprende que, en fecha 12 de marzo de 2026, compareció la representación judicial de la parte demandante, quien mediante diligencia que riela en el folio veintiuno (21) de la presente pieza principal, manifestó su voluntad de desistir del procedimiento en el juicio signado con el número de expediente 27.419. En tal sentido, visto que en la presente causa no se ha dado contestación a la demanda, que el desistimiento planteado es en materia disponible y que no se encuentra involucrado algún derecho de estricto orden público, verificado el cumplimiento de todos los extremos de ley para que prospere lo solicitado por el la representación judicial del demandante, procede este Juzgador a homologar el desistimiento planteado. Así se establece.
IV
En razón de todo lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PROCEDENTE el desistimiento del procedimiento presentado por el abogado Roberto Cortez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 236.784, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ORIOR ANTONIO FONSECA VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.948.619. En consecuencia, se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO en los términos antes expresados, conforme lo dispuesto en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se extingue la instancia según lo previsto en el artículo 266 eiusdem.
SEGUNDO: Se tiene por desistida la medida cautelar decretada mediante sentencia de fecha 4 de noviembre de 2025, sobre un vehículo automotor Minibus, modelo 59.12, marca Iveco, año 2004, placas 04AA9MW, serial de carrocería: 93Z0658S34V301341, serial de motor: 81404336213869066 y con certificado de registro de vehículo: 220107736850, de fecha 27 de junio de 2022, propiedad del ciudadano Orior Antonio Fonseca Valencia, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.948.619.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el día dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Años 215º de la Independencia y 167º de la Federación.
El Juez Provisorio,
Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR

En la misma fecha se publicó la sentencia que consta de seis (6) páginas, siendo las 2:00 de la tarde.
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR

Exp. No. 27.419-I