TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, cuatro (04) de marzo de 2026
Años: 215° de independencia y 167º de la Federación.
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
PARTE DEMANDANTE: DURBY DEL VALLE GAINZA LOVERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.146.333.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLA ANDREINA LUNA TORRES, DAYSI NAHIM NAVAS FIGUEROA Y GABRIEL ARMANDO RAMÍREZ LUGO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 296.476, 62.110 y 301.750 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: RICHARD ALEXANDER VALDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 327.907.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EXPEDIENTE: Nº 25.227.
DECISIÓN: (CESE INMEDIATO DE LA REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL DEFENSOR AD LITEM).
-II-
DE LOS ANTECEDENTES
Se inician las presentes actuaciones por demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, intentada por la ciudadana DURBY DEL VALLE GAINZA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-7.146.333, asistida por los abogados DAYSI NAHIM NAVAS FIGUEROA, CARLA ANDREINA LUNA TORRES y GABRIEL ARMANDO RAMÍREZ LUGO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 62.110, 296.476 y 301.752 respectivamente, contra la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214, correspondiéndole conocer de la referida demanda a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo previa distribución de ley, dándosele entrada en fecha treinta (30) de octubre de 2024, bajo el Nro. 25.227 (nomenclatura interna de este Juzgado) asentándose en los libros correspondientes.
Mediante auto de fecha cuatro (04) de noviembre de 2024, se admite la demanda, y se ordena el emplazamiento de la parte demandada ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214 (folio 68 y 69 pieza principal).
En fecha veinticinco (25) de noviembre de 2024, comparece el alguacil y deja expresa constancia que recibió las copias para la elaboración de la compulsa y los emolumentos y medios necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada (folio 70)
En fecha veintidós (22) de enero de 2025, el alguacil del tribunal consigna boleta de citación librada a la parte demandada, ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214, dejando expresa constancia que la referida ciudadana se negó a firmar la Boleta de Citación (folio 73 y 74)
En fecha tres (03) de febrero de 2025, comparece la abogada DAYSI NAHIM NAVAS FIGUEROA actuando con el carácter de apoderad judicial de la parte demandada y consigna diligencia solicitando se libre boleta de notificación en la que se le comunique a la parte demandada la declaración del alguacil de conformidad con lo establecido en el articulo 218 del Código de Procedimiento Civil (folio 75) siendo proveído dicho pedimento mediante auto de fecha cinco (05) de febrero de 2025 (folio 76 y 77)
En fecha cinco (05) de mayo de 2025 comparece la abogada CARLA ANDREINA LUNA TORRES, plenamente identificada en autos y solicita la citación por cartel de la parte demandada de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil (folio 78)
Mediante auto de fecha diecinueve (19) de mayo de 2025 se acuerda la citación por Cartel de la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214 (folios 80 y 81)
En fecha diecisiete (17) de junio de 2025, comparece la abogada DAYSI NAHIM NAVAS FIGUEROA, actuando con el carácter acreditado en autos y suscribe diligencia consignando ejemplares del diario La Calle y Notitarde en los cuales se encuentran publicados el cartel de Citación librado a la parte demandada (folios 82 al 25), siendo agregados a las actas que conforman el presente expediente en la misma fecha.
En fecha trece (13) de octubre de 2025, comparece la abogada CARLA ANDREINA LUNA TORRES, plenamente identificada, a los fines de solicitar el nombramiento de un Defensor Ad-Litem para la parte demandada, siendo acordada tal petición, en fecha quince (15) de octubre de 2025, designándose como Defensor Ad-Litem al abogado GUSTAVO BOADA CHACÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.292.604 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°67.420, librándose a tal efecto la respectiva Boleta de Notificación, quien aceptó el cargo y fue debidamente juramentado en fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2025. (folios 87 al 91)
En fecha veintiséis (26) de enero de 2026, comparece la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214, asistida por el abogado RICHARD ALEXANDER VALDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 327.907 y presenta escrito de contestación a la demandada y reconvención (folios 92 al 93).
-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
SOBRE LA CESACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DESIGNADA POR EL TRIBUNAL (DEFENSORA AD LITEM) DE LA PARTE DEMANDADA.
Siendo la oportunidad procesal para pronunciarse acerca de los efectos jurídicos de la comparecencia de la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, asistida por el abogado RICHARD ALEXANDER VALDEZ, plenamente identificado, a darse por citada en juicio, es necesario señalar que, en el caso que nos ocupa, se observa que, existe la circunstancia en actas de: 1) Haberse designado y juramentado el Defensor Judicial de la parte demandada; y, 2) La comparecencia de la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, posteriormente a la juramentación del Defensor Judicial. Por tanto, es deber insoslayable de quien aquí decide, pronunciarse acerca de la consecuencia jurídica originada por tales situaciones, en base a las siguientes consideraciones:
LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA en sentencia Nº 33 del 26 de febrero de 2004, con Ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 2002-001212 (Caso: Roraima Bermúdez Rosales),
“Para decidir, la Sala observa:
El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).
“La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
“Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito:
1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.
2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.
“Debido a ese doble fin, el defensor no obra como mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante –quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos, de los bienes del defendido, si éstos existen.
“Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.
“Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función del defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
“En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
“El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
“Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
“Para tal logro no basta que el defensor envié telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
“A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
“Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de personas natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.. (…).”(Subrayado y Negrilla de este Tribunal).-
Conforme con el criterio jurisprudencial explanado, se impone por parte de quien aquí juzga, el análisis de la situación procesal in comento, pues, la misma tiene directa relación con disposiciones procesales de estricto orden público y constitucional. Así se constata.
Razona quien aquí decide que el derecho a la defensa dentro de un proceso jurisdiccional, es fundamental para todo justiciable y así lo consagra el artículo 49 constitucional, por esa razón, nuestra legislación prevé en el proceso de naturaleza civil, la figura de los defensores judiciales, cuyo propósito es que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea representado y defendido, así no sea personalmente en la relación jurídica procesal que comienza con la contestación de la demanda, por ello considera esta juzgadora, que el Defensor de Oficio, una vez juramentado y citado, debe asumir la defensa del demandado que no puede ser citado personalmente, para que se forme así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido y defenderlo debidamente. Así se analiza.
Ahora, no es menos cierto, que ante la constitución en juicio de representantes facultados por la parte demandada para su defensa, según, el cargo y las funciones de la defensora Ad-litem deben cesar de inmediato a partir de la última fecha indicada y consiguientemente, sus atribuciones representativas; pues, nadie puede representar mejor los intereses de la parte demandada como el mismo demandado, ya sea personalmente o mediante apoderados judiciales que a bien tenga a designar a su libre albedrío, no siendo la norma legal capaz de contradecir y vulnerar el principio constitucional a la defensa contemplado en el artículo 49 de la Carta Magna. Así se declara.
Bajo este contexto se hace menester traer a colación lo establecido por LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en sentencia número 12, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año 1990, estableció:
“Omissis… Nuestro ordenamiento positivo ha acogido la figura del defensor ad litem creada por el derecho común, quien es representante sin haber recibido mandato del representado, admitiendo la figura en los artículos 136 y 137 del derogado Código de Procedimiento Civil (equivalente a los artículos 223 y 224 del vigente), para situaciones originadas del hecho de no encontrarse la persona demandada o de comprobarse que no está en la República para practicarse en él las citaciones y notificaciones en juicio, con la finalidad de que las causas no se paralicen por tan excepcionales situaciones y evitar así un lamentable estado de indefensión. En los supuestos legales previstos en esos dos artículos, el defensor ad litem deriva su facultad representativa de un acto soberano del Juez, que procede con el carácter de órgano del Estado a quien la ley autoriza expresamente para nombrarle al demandado, de manera directa y autónoma, un defensor, sin que la voluntad del representado sea tomada en cuenta en absoluto para efectuar nombramiento.
Por consiguiente, el poder representativo del defensor ad litem es indelegable e insustituible: Por el contrario, a la facultad representativa del apoderado judicial ordinario o especial tiene su causa o título en la voluntad del mismo poderdante, de ahí que existiendo una representación que reposa en la propia y directa voluntad del representado, sea lógico suponer que la representación de un Abogado que exhiba poder con facultad expresa- para ello. Haga cesar de ipso facto en sus funciones a quien representaba hasta ese instante al demandado no presente aún en el proceso. Es obvio que esta sustitución encuentra mayor aplicación si en vez de presentarse un extraño en el juicio, es personalmente el mismo demandado o su legítimo representante quien lo hace y asume su defensa: En tales casos, el cargo oficial y las funciones del defensor ad litem cesan ipso facto y consiguientemente, sus funciones representativas como lo ordenan los citados artículos (CSJ, Sent.18-12-90, en Pierre Tapia, O.:ob.cit. Nº12, p.251 -252)”.

Visto así las cosas y observando que la razón de la Institución del defensor Ad- Litem fue diseñada legalmente para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, únicamente ante la imposibilidad de citar al demandado, en casos como el de marras, donde se deja constancia en actas de la constitución de la representación de la parte demandada, es de deducir el cese Ipso facto en sus funciones, de quien representaba hasta ese instante a la parte demandada, abogado GUSTAVO BOADA CHACÓN, pues, la parte demandada optó por hacerse presente en juicio dentro del lapso de contestación a la demanda, por sí mismo. Así se ordena.-
En el caso de autos, como se aprecia de la exposición inicial, se juramento al defensor Ad-litem de la parte demandada, el representante de éste, en consecuencia, visto lo argumentado, debe ordenarse el cese inmediato en las Funciones Representativas del Defensor Judicial designado y tener presente en juicio a la parte demandada en juicio. Así se advierte.
-V-
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, en virtud de los argumentos esgrimidos, declara: EL CESE INMEDIATO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANA ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-4.452.214, POR PARTE DEL DEFENSOR AD LITEM (JUDICIAL) designado abogado GUSTAVO BOADA CHACÓN inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°67.420, y en consecuencia, se tiene como parte del proceso a la ciudadana ELOISA RAFAELA MEDINA LOZADA ut supra identificada asistida por los abogados RICHARD ALEXANDER VALDEZ y MARCO ROMAN AMORETTI, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 327.907 y 21.615 respectivamente.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia digitalizada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Valencia, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2026. Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA JUEZA,

FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA
LA SECRETARIA,

ROSALBA RIVAS ROSO