TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
Valencia, veintitrés (23) de marzo de 2026
Años: 215° de independencia y 167º de la Federación.

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
PARTE DEMANDANTE: PEDRO JOSÉ COYANTE RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.967.690.

ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 256.170.

PARTE DEMANDADA: UMILCE HAICHEL AGUIAR RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.774.443.

ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: MARÍA GRISNELY MARTÍNEZ HURTADO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 316.806.
MOTIVO: PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL.
EXPEDIENTE: 25.439
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA – (MEDIDA CAUTELAR NOMINADA)

-II-
DE LOS ANTECEDENTES
Se abre el presente Cuaderno de Medidas: Tal y como fue ordenado mediante auto de fecha cinco (05) de marzo de 2026, en virtud del escrito de solicitud de medidas consignado por el ciudadano PEDRO JOSÉ COYANTE RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.967.690, asistido por la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 256.170, y se le insta a la parte actora a consignar copias fotostáticas del libelo de demanda y demás documentales que estime pertinente a los fines de que este Tribunal se pronuncie sobre las medidas peticionadas. (folio 01 del cuaderno de medidas).
En fecha diez (10) de marzo de 2026, comparece la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, plenamente identificada en autos, a los fines de consignar escrito e instrumentales (folios 02 al 09).
En fecha doce (12) de marzo de 2026, comparece la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, y presentan escrito (folios 10 al 19).
En fecha dieciséis (16) de marzo de 2026, comparece la abogada MARÍA GRISNELY MARTÍNEZ HURTADO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 316.806, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana UMILCE HAICHEL AGUIAR, titular de la cédula de identidad N° V-12.774.443, parte demandada, y presenta escrito oponiéndose a las medidas cautelares solicitadas (folios 20 al 21).
En fecha dieciséis (16) de marzo de 2026, comparece la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, y presentan escrito (folios 22 al 24).
Mediante auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2026, este Tribunal fija oportunidad para emitir pronunciamiento con relación a la medida solicitada (folio 25).
En fecha diecisiete (17) de marzo de 2026, comparece la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, plenamente identificada, y presenta escrito (folios 26 al 27).
Ahora bien, siendo la oportunidad correspondiente, pasa este Tribunal a pronunciarse en los términos siguientes:
-III-
DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
La parte demandante, solicita MEDIDAS CAUTELARES, en los siguientes términos:
“...En acatamiento a lo ordenado por este Juzgado en auto de fecha reciente, mediante el cual se acordó la apertura de un CUADERNO DE MEDIDAS por auto separado de conformidad con el Artículo 588, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil (CPC), acudo en este acto a fin de formalizar la solicitud de Medidas Preventivas destinadas a garantizar la integridad de los bienes que integran el acervo común y evitar que la ejecución del fallo de partición resulte ilusoria. II. DEL "FUMUS BONI IURIS" (Presunción de Buen Derecho) El derecho que reclamo emana de la existencia de la comunidad conyugal, cuya procedencia ya fue declarada por este digno Tribunal mediante sentencia interlocutoria de fecha 28 de enero de 2026. Al no haber existido oposición a la partición, se ha consolidado la presunción legal de igualdad de cuotas sobre los bienes comunes, tal como lo preceptúa el Artículo 760 del Código Civil. En consecuencia, mi cualidad de comunero sobre el 50% del patrimonio es un hecho jurídico indiscutible en autos.
III. DEL "PERICULUM IN MORA" (Peligro por la Mora) Existe un riesgo fundado y manifiesto de que los bienes muebles, consistentes en maquinaria de gimnasio, equipos electrónicos y mobiliario especializado ubicados en la sede principal de ALFREDO FITNESS C.A. (GYM), sean objeto de ocultamiento, traslado, desmejora o enajenación por parte de la ciudadana demandada, quien detenta la posesión material de los mismos. Dado que se trata de activos de fácil movilidad y depreciación, el retardo en la custodia judicial de estos bienes pone en grave peligro la satisfacción de mis derechos legítimos en la fase de liquidación. Se configuran así los extremos del Artículo 585 del CPC. IV. SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO Con fundamento en el Artículo 599, Ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, el cual autoriza el secuestro cuando se pretenda la propiedad de una cosa mueble y haya motivos fundados para temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, solicito formalmente:
* MEDIDA DE SECUESTRO sobre la totalidad de la maquinaria, equipos de entrenamiento, pesas, caminadoras, sistemas de sonido y mobiliario administrativo que conforman el activo de ALFREDO FITNESS C.A. (GYM).
* EJECUCIÓN E INVENTARIO: Solicito que, al momento de practicarse la medida, el Tribunal (o la Comisión que se designe) proceda al levantamiento de un Inventario Detallado, dejando constancia del estado, marca, modelo y cantidad de cada uno de los bienes, sirviendo este acto como garantía de transparencia para la labor de la Partidora judicialmente nombrada.
V. SOLICITUD DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR Asimismo, de conformidad con el Artículo 600 del CPC, solicito se decrete Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre cualquier bien inmueble registrado a nombre de la comunidad conyugal o de sociedades mercantiles constituidas durante la unión, a fin de evitar que se altere la situación jurídica de los mismos durante el proceso...omissis...”

-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Antes de pronunciarse quien aquí decide de manera expresa sobre lo solicitado por la parte accionante con relación a las cautelas, se procede a realizar algunas consideraciones generales acerca de las medidas cautelares señalando que estas, son instrumentos de la justicia dispuestos para que el fallo dictado por el órgano jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, por tanto, son expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitarlas y el Juez podrá acordar las medidas que considere pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado para garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva; sin embargo, para declarar o no su procedencia, corresponderá al juez verificar los extremos que la ley exige y a su vez realizar un verdadero análisis de los hechos señalados y probados por el solicitante, para constatar si se hace necesario decretar las medidas solicitadas, quiere decir entonces, que se hace imperante para el juez precisar si el daño o la amenaza de que se produzca, es posible en la realidad y establecer la certeza de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es la existencia de un peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho; en otras palabras, que se den las condiciones de la providencia cautelar, a saber: 1° La existencia de un derecho. 2° El peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. De manera pues, que para decretarse la medida no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza de credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se desprende el peligro de infructuosidad de ese derecho.
Respecto a este punto, LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, estableció mediante Sentencia No. 2531 de fecha veinte (20) de diciembre de 2006, lo siguiente:
“…La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala, si bien la potestad cautelar se reconoce como una garantía fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida –en perjuicio de su contraparte- valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia” (S.S.C. N° 1590 del 10/08/06, Caso: Telecomunicaciones Molvinet). Así, para su otorgamiento se exige la determinación de ciertas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares atienden a la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión y, como consecuencia, es razonable que para obtener esa protección adelantada se exija a su reclamante la demostración inicial del buen derecho que le asiste, del peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso y la mínima afectación al interés general que supondría la adopción de la tutela provisional, según sea el caso. (Negrillas y Subrayado de este Tribunal).

En este sentido el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece cuales son los extremos que deben cumplirse para que sea decretada la cautela solicitada, indicando que:
Artículo 585: las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Negritas subrayado y cursiva de este Tribunal)

Es así que la indicada norma hace referencia a los extremos legales para que pueda decretarse cualquier cautela de las previstas en el Código de Procedimiento Civil, a saber, que: 1º Exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y 2º Se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, los cuales se traducen en los aforismos jurídicos en vocablo latino: Periculum in mora y Fumus boni iuris. Tal cual como lo indica el autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra Medidas Cautelares (pp.187; 2000), en el capítulo ateniente al Decreto de la Medida, donde precisa que los supra indicados extremos se constituyen en Requisitos de la Vía de Causalidad, los cuales a su entender imponen al demandante la carga de probar su existencia para validar su petición de cautela, en contraposición a las medidas solicitadas con fundamento en la Vía de Caucionamiento, que requiere el afianzamiento de la medida de forma pecuniaria por parte del solicitante. Así se analiza.
Ahora bien, en este punto considera necesario quien aquí decide traer a colación lo señalado por, LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de 2008, con respecto a que las medidas provisionales proceden solo en los casos de extrema gravedad y urgencia, cuando sea necesario evitar daños irreparables siempre que la parte compruebe la existencia de los extremos fundamentales y concurrentes, bajo los siguientes términos:
Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris).

Por su parte, LA SALA DE CASACIÓN CIVIL mediante Sentencia No. 0287 de fecha dieciocho (18) de abril de 2006, estableció lo siguiente:
Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aun, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.

A mayor abundamiento LA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, por auto de fecha 19 de julio de 2007, en el cuaderno de Medidas Nº X-2007-000053, Expediente Nº 1999-15976, indicó respecto a que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada en los siguientes términos
Las medidas cautelares son actos procesales, que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el actor al proponer su acción, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que, la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto de decretarse como procedente, el Juez dispondrá de actos de ejecución que impidan que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces.

Así las cosas, de lo anteriormente citado se desprende que, para el decreto de las medidas cautelares solicitadas, deberá el juez crearse un juicio de valor con fundamento en la probabilidad de existencia de los elementos que se desprendan de la petición del solicitante, los cuales serán los que le permitirán evidenciar la existencia de un riesgo manifiesto de que pueda quedar ilusoria la pretensión del demandante al momento de ser dictada la sentencia a su favor, para lo cual debe acompañar medio de prueba veraz y suficiente que permita deducir que existe una presunción grave de tal circunstancia y de que lo acompaña el derecho a reclamar tal cautela.
En este contexto, se reafirma lo expuesto en relación a las peticiones de medidas preventivas, respecto a que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar sino que se deberá acompañar las pruebas que sustenten de forma contundente lo solicitado, el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal no sólo las razones de hecho y de derecho en que sustenta su solicitud, también en los medios probatorios sobre los cuales va a fundar su pedimento, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos, por lo que deberá constar en el expediente aquello que permita demostrar con certeza la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de que la ejecución de la decisión no llegue a producir efectos bien sea por el retardo que traiga consigo el juicio o por circunstancias que prolonguen el proceso y le sean imputables a una de la partes, siempre que así lo peticione quien requiera la medida y que además, exista peligro de producirse un daño jurídico grave, real e inminente a una de las partes, siendo que todo ello deberá ser verificado por el operador de justicia mediante exhaustivo análisis al caso particular. En consecuencia, si carecieran esos elementos de convicción, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedencia exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, todo ello en atención al deber del Juez de atenerse en sus decisiones "a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, por cuanto si bien es cierto que la labor de un juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello. (Negrilla y Subrayado de este Tribunal).
Así las cosas, es necesario señalar que, si bien es cierto la ley establece el derecho del actor a solicitar medidas, no es menos cierto que, para que una medida cautelar sea decretada es necesario que la parte solicitante de la cautela realice una verdadera y real justificación conforme lo disponen las normativas legales vigentes, no siendo posible a esta Juzgadora inferir o deducir hechos que no consten en el expediente, todo ello conforme a los artículos 49, 49.1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que, evidenciándose que la parte accionante no realizo una verdadera y real justificación, la presente solicitud de medidas cautelares nominadas de Prohibición de Enajenar y Gravar y de Secuestro deben ser decretadas IMPROCEDENTES con fundamento en lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 588, eiusdem, y el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así lo hará este juzgador en la dispositiva de este fallo. Así se decide..
-V-
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. PRIMERO: IMPROCEDENTES la medida cautelar de SECUESTRO y PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR solicitada por la abogada JENIANA LESEIN CALLES MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 256.170 actuando con el caracter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO JOSÉ COYANTE RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.967.690, parte demandante.
2. SEGUNDO: : No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo
Publíquese, Regístrese, y déjese copia digitalizada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Valencia, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2026. Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA JUEZA

FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA
LA SECRETARIA,

ROSALBA RIVAS ROSO