En fecha 13 de agosto de 2024, fue presentado libelo de demanda por la ciudadana MIGDALIA ROSA NOGUERA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-7.085.508, asistida por la abogada Silvia Matilde García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 255.245, con motivo de Reconocimiento de Unión Estable de Hecho, en contra de los ciudadanos JAVIER FRANCISCO RODRÍGUEZ PORRAS, GERALDINE ALEJANDRA RODRÍGUEZ PORRAS, YOSSELYN CAROLINA RODRÍGUEZ PORRAS y MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ PORRAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V-12.396.609, V-14.184.553, V-17.314.014 y V-22.518.675, respectivamente . Correspondiendo el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, dándose entrada en fecha 13 de agosto de 2024, quedando la misma signada bajo el N°27.204. I En fecha 17 de septiembre de 2024, se dictó auto de admisión a la presente demanda, ordenándose la citación de la parte demandada de autos. En fecha 30 de septiembre de 2024, la parte demandante de autos presentó escrito, en la cual consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la citación. En fecha 2 de octubre de 2024, el alguacil consignó recibo de citación debidamente firmado por la ciudadana Yosselyn Carolina Rodríguez Noguera. En fecha 24 de octubre de 2024, la parte demandante consignó las publicaciones del cartel de citación y edicto librado por este Tribunal. En fecha 7 de noviembre de 2024, la parte demandante solicitó la citación por cartel de uno de los codemandados en virtud de ser infructuosa la citación realizada por el alguacil. En fecha 12 de noviembre de 2024, este Tribunal acordó librar una nueva compulsa, a fin de que le alguacil realizará la citación al ciudadano Javier Francisco Rodríguez Porras. En fecha 15 de noviembre de 2024, la parte demandante consignó as publicaciones del cartel de citación librado a las ciudadanas Geraldine Alejandra Rodríguez Porras, y María Alejandra Rodríguez Porras. Seguidamente en fecha 29 de noviembre de 2024, el alguacil dejó constancia de haber sido infructuosa la citación del ciudadano Javier Francisco Rodríguez Porras. En fecha 19 de marzo de 2025, la parte demandante solicitó la designación de un defensor Ad Litem. Posteriormente en fecha 20 de marzo de 2025, este Tribunal acordó lo solicitado y designó como defensora judicial a la abogada Angélica Benigno. En fecha 23 de mayo de 2025, se llevó a cabo el acto de juramentación de la defensora judicial designada. II Ahora bien, del recorrido procesal realizado, se pudo observar que el último acto de procedimiento realizado por la parte demandante consistió en la solicitud de designación de un defensor Ad Litem, siendo esta la última actuación procesal realizada; concluyendo que, desde el 19 de marzo de 2025, hasta la fecha actual, ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte demandante haya realizado algún tipo de impulso procesal, respecto a la citación de la parte demandada. Así las cosas, resulta necesario hacer mención a lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 267.Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente. De acuerdo al primer artículo antes transcrito y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, se debe entender que la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente al no impulsar el proceso de manera diligente. Por otra parte, con relación a la perención, el doctrinario venezolano Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Teoría General del Proceso, del año 2001, expuso lo siguiente: … En nuestro derecho, la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (…) a) para que la perención se produzca, requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan (…) La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año … De igual forma, es menester traer al análisis la interpretación de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 535 de fecha 11 de agosto de 2014, con ponencia de la Magistrada Aurides Mercedes Mora, en la cual se expuso lo siguiente: … En ese sentido, considera esta Sala necesario referirse a la institución procesal de la perención de la instancia, que es una sanción prevista por el legislador, ante la posible conducta omisiva de las partes dentro del proceso, que conduce a la extinción del mismo, como consecuencia de su inactividad durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de evitar la pendencia indefinida en el tiempo de los juicios. (…) La norma precedentemente transcrita, contempla la perención ordinaria o anual, contenida en el encabezamiento del citado artículo, originada por la inactividad de las partes en el transcurso de un año. Asimismo, del contenido de la referida norma se concluye que el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es responsabilidad de ellos el mantener con vida jurídica el proceso, conducta que, por otra parte, denota interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; lo contrario, el abandono del juicio, lleva a concluir que los intervinientes al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra cualquiera de los lapsos en comentario, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio… Con base a los criterios anteriormente planteados, así como el recorrido cronológico realizado, puede establecer este Jurisdicente, que la parte demandante incurrió en una falta de impulso procesal al restringir las actuaciones en el presente juicio con una actitud omisiva, entendiéndose como una manifestación tácita de no querer continuar con el juicio que se estaba desarrollando, acarreando como consecuencia que se produzca la perención de la instancia anual establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por tener la parte demandante más de un (1) año sin realizar actuaciones de impulso procesal en la presente causa. Así se establece. III Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: LA PERENCIÓN de la instancia, por haber transcurrido más de un año sin impulso procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA La Secretaria, Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previa formalidades de ley, siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.). - La secretaria Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR Exp. No.27.204-WA.