REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUIN Y DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN MARIARA. Mariara, 09 de junio de 2026 215º y 167º EXPEDIENTE N° 2077-23 SOLICITANTES: Ciudadanos BEATRIZ ELENA CUART LÓPEZ y PABLO JOSÉ SANTANA BUENDIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-7.141.815 y N° V-7.133.967. ABOGADO ASISTENTE: PABLO SANTANA inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 200.317. MOTIVO: DIVORCIO 185-A. TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. I.- ANTECEDENTES En fecha 28 de septiembre 2023, se recibió la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, por distribución número 083-23, presentada por los ciudadanos BEATRIZ ELENA CUART LÓPEZ y PABLO JOSÉ SANTANA BUENDIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-7.141.315 y N° V-7.133.967. debidamente asistido por el abogado en ejercicio PABLO SANTANA inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 200.317, en la cual solicita que el Tribunal decrete la disolución del vínculo conyugal que los une, ello de conformidad con el Articulo 185-A del Código Civil; solicitud que correspondió conocer a este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, previo sorteo de distribución. En fecha 10 de octubre de 2023, se le dio entrada con admisión bajo el N° 2077-23, se formó el expediente, se ordenó notificar a la fiscalía competente (folios 01 y 09). Es por lo que se considera concluida la sustanciación; razón por la cual pasa este Tribunal a decidir la presente solicitud de DIVORCIO 185-A de la siguiente manera: II.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En mi condición de Juez Provisorio de este Tribunal designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de fecha 02 de abril de 2024 según oficio N° TSJ/CJ/OFIC/0183-2024, siendo juramentado por el DR. OMAR ALEXIS MONTES MEZA en la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 06 de mayo del año 2024, según Acta N° 02-2024, llevada por ese despacho. Seguidamente, tomé posesión de este Tribunal como Juez Provisorio, según Acta N° 016-2024, levantada en esa misma fecha y asentada en el Libro de Actas, y en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva, ME ABOCO al conocimiento de la presente solicitud, procediendo a revisar las actas que conforman este expediente este tribunal observa: Que en fecha 10 de octubre de 2023, se le da entrada con Admisión a la presente a la presente solicitud contentiva de DIVORCIO 185-A, asignándole el numero 2077-23, y se ordenó notificar al FISCAL ESPECIAL PARA PROTECCIÓN DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CIVIL E INSTITUCIONES FAMILIARES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, pero es hasta la fecha de hoy 08 de junio de 2026, que las partes solicitantes no han realizado actuación alguna mediante la cual consignase los medios y recursos necesarios para la practicar de la debida notificación fiscal, por lo que este sentenciador visualiza que operó LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, no obstante, previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, pasa a realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución: El Tribunal observa: artículo 267 del Código de Procedimiento Civil consagra: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención Omissis” Ahora bien, la perención es el efecto procesal extintivo de la instancia, causado por la inactividad de las partes solicitantes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. En sentencia Nro. 211, de fecha 21 de junio del 2000, correspondiente al expediente Nro. 86-485, la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dejo asentado lo siguiente: La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el, artículo 269 supra citado. De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia patria, que son requisitos de procedencia de la denominada perención anual: Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de impulso procesal en la causa. 2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de impulso procesal, sólo aquellas que realmente persigan la realización del actor procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de impulso procesal, solicitudes que no persigan dicho fin. 3) No se consideran tampoco actos de impulso procesal de las partes las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia. 4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador después de vista la causa. De manera que, conforme a la disposición y a los criterios mencionados, la perención, se verifica de derecho y es la extinción o la anulación del procedimiento por falta de impulso procesal. En este sentido, aplicando lo anteriormente citado en el caso de marras, se evidencia de las actas que conforman el expediente que no existe actuación alguna por las partes solicitantes desde el día diez (10) de octubre de 2023, hasta la presente fecha de hoy día 09 de junio de 2026, sin que las partes solicitantes hayan realizado ninguna actuación que les permitiera cumplir con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la notificación fiscal, en consecuencia, se verifica el supuesto de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECLARA. III.- DISPOSITIVA En razón de todo lo antes expuesto, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUIN Y DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN MARIARA, Administrando Justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, declara: consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. Regístrese, publíquese la anterior sentencia y déjese copia digitalizada en el copiador de sentencias correspondiente. Publíquese en la página web. Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho de este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUÍN Y DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN MARIARA, al noveno (09°) día del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). Años 215º de la Independencia y 167º de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, Abg. ALEXANDER E. ARÁMBULO U. LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. VANESSA FONTAINE. En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las 10:30 p.m, se dejó copia digitalizada para el archivo. LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. VANESSA FONTAINE. EXP. N° 2077-23 AEAU/VF/MT.