TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUÍN Y DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Guacara, doce (12) de junio del 2026
Años: 215° de Independencia y 167° de la Federación
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
DEMANDANTES: JOSE GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-16.551.261 y V- 19.554.323, de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE Y/O APODERADA JUDICIAL DE LOS DEMANDANTES: ZORANGEL TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 312.795.
DEMANDADA: ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.291.503.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.
SENTENCIA: (HOMOLOGACIÓN-CONVENIMIENTO) INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 3872-2026
-II-
SÍNTESIS
En fecha veintisiete (27) de enero de 2026, interponen procedimiento los ciudadanos JOSE GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-16.551.261 y V- 19.554.323, de este domicilio, debidamente asistidos por la abogada ZORANGEL TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 312.795; en contra de la ciudadana, ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.291.503; por ante el Tribunal Distribuidor de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, la cual correspondió conocer a este Tribunal previa distribución de ley, recibiendo el físico y demás recaudos en fecha veintiocho (28) de enero del 2026, dándosele entrada en la misma fecha bajo el Nº 3872-2026, asentándose en los libros correspondientes.
En fecha veintiocho (28) de enero del 2026, este Tribunal realizo nota de testado.
En fecha dos (02) de febrero del 2026, este Tribunal dictó auto indicando a las partes actoras, que los Poderes de representación consignados carecen de capacidad de postulación, ya que los poderes deben ser otorgados a profesionales del derecho para que puedan actuar en juicio.
En fecha doce (12) de febrero del 2026, se recibió diligencia presentada por la abogada ZORANGEL TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 312.795, quien consigna Poder Apud Acta otorgado por el ciudadano JOSE GABRIEL MEDINA MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.551.261, y Poder Apud Acta otorgado por la ciudadana YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 19.554.323, a la abogada arriba mencionada, para que los mismos sean certificados a través de los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal.
En fecha trece (13) de febrero del 2026, se dicó auto acordando la habilitación de la Sala Telemática de este Tribunal, para la debida certificación de los Poderes Apud Actas otorgados por los ciudadanos JOSE GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, a la abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificados, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal.
En fecha veintitrés (23) de febrero del 2026, se levantó acta dejando constancia que se constituyó el Juzgado en su sede en Sala Telemática, con el fin de Certificar el Poder Apud Acta otorgado por la ciudadana YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, a la abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificadas, dicho poder fue certificado por la Secretaria de este Juzgado, a través de los medios electrónicos, tal como consta en acta levantada que corre inserta al folio treinta y dos (32) y treinta y tres (33) del presente expediente.
En fecha veintitrés (23) de febrero del 2026, se levantó acta dejando constancia que se constituyó el Juzgado en su sede en Sala Telemática, con el fin de Certificar el Poder Apud Acta otorgado por el ciudadano JOSE GABRIEL MEDINA MORENO, a la abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificados, dicho poder fue certificado por la Secretaria de este Juzgado, a través de los medios electrónicos, tal como consta en acta levantada que corre inserta al folio treinta y cinco (35) y treinta y seis (36) del presente expediente.
En fecha veintiséis (26) de febrero del 2026, se dictó auto solicitando a la parte actora, consigne documento alguno que pruebe que la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificada, era la legitima propietaria de las bienhechurías objeto de la presente demanda, al momento de venderlas a los ciudadanos JOSE GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO antes identificados.
En fecha diecisiete (17) de marzo del 2026, se recibió diligencia presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificada, y consigna copia simple de documento privado de compra venta de las bienhechurías objeto de la presente demanda, donde la ciudadana MARCOLINA DEL CARMEN SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.876.141, le vende las mismas a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificada y a la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.415.639. Asimismo, consigna documento privado en copia simple, donde la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, antes identificada, le cedió el 50% de las bienhechurías a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA.
En fecha veinte (20) de marzo del 2026, se dictó auto agregando lo consignado por la parte actora y a su vez se le solicita Certificado de Empadronamiento actualizado y cesión de derechos debidamente reconocida o autenticada.
En fecha siete (07) de abril del 2026, se recibió diligencia presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificada, donde solicita se libre oficio a la dirección de Catastro de la Alcaldía del municipio San Joaquín, estado Carabobo, a los fines de que emitan el Certificado de Empadronamiento actualizado.
En fecha trece (13) de abril del 2026, se dictó auto acordando librar oficio a la dirección de Catastro de la Alcaldía del municipio San Joaquín, estado Carabobo, con el fin de que emita Certificado de Empadronamiento actualizado, tal como fue solicitado por la parte actora.
En fecha veintisiete (27) de abril del 2026, se recibió diligencia presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificada, donde consigna Certificado de Empadronamiento actualizado de fecha dos (02) de septiembre del 2025, emitido por la oficina de Catastro del municipio San Joaquín, estado Carabobo, tal como fue solicitado por este Juzgado.
En fecha veintinueve (29) de abril del 2026, se dictó auto agregando Certificado de Empadronamiento de fecha dos (02) de septiembre del 2025, emitido por la oficina de Catastro del municipio San Joaquín, estado Carabobo, consignado por la parte actora.
En fecha veintinueve (29) de abril del 2026, se admitió la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, y se ordenó librar orden de comparecencia y recibo de citación a la demandada ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificada.
En fecha veintinueve (29) de abril del 2026, se dictó auto solicitando nuevamente la cesión de derechos realizada por la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificadas, debidamente reconocida o autenticada.
En fecha veinte (20) de mayo del 2026, se recibió diligencia presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificada, donde solicita la Habilitación de la Sala Telemática, con el fin de que se practique la citación a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificada, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal.
En fecha veinte (20) de mayo del 2026, se recibió diligencia presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, abogada ZORANGEL TOVAR, antes identificada, donde solicita la Habilitación de la Sala Telemática, con el fin de que la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, antes identificada, reconozca la cesión de derechos de las bienhechurías objeto de la presente demanda, realizada a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA.
En fecha veinticinco (25) de mayo del 2026, se dictó auto acordando la habilitación de la Sala Telemática, con el fin de practicar la citación a la demandada ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificada, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal.
En fecha veinticinco (25) de mayo del 2026, se dictó auto acordando la habilitación de la Sala Telemática, con el fin de que la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, reconozca o no, la cesión de derechos de las bienhechurías objeto de la presente demanda, realizada a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificadas, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal.
En fecha veintiocho (28) de mayo del 2026, se dictó auto indicando que por problemas de conectividad no pudo realizarse la Audiencia de citación fijada para el día de hoy, por lo que se reprograma para el primer (1er) día de despacho siguiente.
En fecha veintiocho (28) de mayo del 2026, se dictó auto indicando que por problemas de conectividad no pudo realizarse la Audiencia fijada para el día de hoy, para que la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, reconociera o no, la cesión de derechos de las bienhechurías objeto de la presente demanda, realizada a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificadas, por lo que se reprograma para el primer (1er) día de despacho siguiente.
En fecha primero (01) de junio del 2026, se levantó acta dejando constancia que se constituyó el Juzgado en su sede, con el fin de practicar la citación a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Juzgado, a través de la aplicación Google Meet, oportunidad en la cual la ciudadana antes mencionada, asistida por la abogada EDITH NAVAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 152.880, reconoció como suyas las huellas y firma estampadas en el documento privado, tal como consta en acta levantada y que se encuentra inserta al folio sesenta y cuatro (64) del presente expediente.
En fecha primero (01) de junio del 2026, se levantó acta dejando constancia que se constituyó el Juzgado en su sede, con el fin de que la ciudadana MARIA ELENA MILLAN ESPAÑA, reconociera o no, la cesión de derechos de las bienhechurías objeto de la presente demanda, realizada a la ciudadana ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, antes identificadas, a través de los medios electrónicos dispuestos por este Juzgado, a través de la aplicación Google Meet, oportunidad en la cual la ciudadana antes mencionada, reconoció como suyas las huellas y firma estampadas en el documento privado de cesión de derechos, tal como consta en acta levantada y que se encuentra inserta al folio sesenta y ocho (68) del presente expediente.
-III-
DE LA PRETENSIÓN
En el caso concreto de marras, los ciudadanos JOSÉ GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, asistidos por la abogada ZORANGEL TOVAR, identificados ut supra, incoa la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA argumentado:
Que (…) Para fines legales que me interesan, de conformidad con los artículos 1363 y 1364 del código civil vigente ruego a usted ciudadano juez se sirva ordenar la citación de la ciudadana MILLAN ESPAÑA ELBA…omissis…. en la oportunidad procesal de su comparecencia ante tribunal manifieste, declare o revele, si RECONOCEN EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRIVADO, el cual produzco, promuevo y presento en original marcado con la letra A como instrumento fundamental, esencial o imprescindible de la solicitud formulada, y así mismo si reconoce la firma que aparece en el referido instrumento, la cual aparece estampada, grabada o dibujada (…)
Que (…) Estimo la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, En la cantidad TRESCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (380.000,00) que equivalen a (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS (1634 U.T) lo que hace competente a su instancia tanto por la cuantía, como por materia y el territorio (…)
Que (…) fundamento el derecho, que me asiste para proponer, presentar o formular la presente solicitud de reconocimiento de contenido y firma de documento privado. en lo preceptuado en los artículos 341, 341, 342, 444 t 450 del código de procedimiento civil vigente. en concatenado con lo establecido en los artículos 1354, 1363 y 1364 del código civil vigente (…)
-IV.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
A objeto de sentenciar se señala en forma previa, que es necesario traer a colación lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el cual de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que dispone lo siguiente:
Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.
La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha encaminado la Jurisprudencia al establecer que, si la escritura o el documento no está firmado, no hará por tanto fe contra nadie. Los documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aun cuando lo hayan sido. En el primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, constituye una prueba de la verdad, de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil.
La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento.
En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman lo siguiente:

El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica).
Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe ser analizada bajo lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 444. La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.
La citada disposición se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente” …
En el caso en estudio, se trata del reconocimiento de un documento privado, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes.
Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo, y hacen plena prueba entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y obtiene efecto jurídico en juicio solo entre las partes que los suscribieron.
Por su parte, los instrumentos privados pertenecen al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente:

Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución.

En esta línea de consideraciones que se vienen manejando, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.-Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.” (Negrilla y subrayado de quien aquí Juzga)
Las disposiciones transcritas anteriormente, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado al reconocerlo, si así lo hiciere, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir que, en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que el actor pretende que el demandado reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor.
Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto.
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado observa que la demandada, compareció usando los medios electrónicos dispuestos por este Tribunal, reconociendo el contenido y como suya la firma estampada en el documento privado que riela en el folio dos (02) y Vto., del presente expediente, tal como consta en acta que corre inserta en el folio sesenta y cuatro (64) del presente expediente.
Entonces, tal como establece el artículo 1364 del Código Civil y el artículo 444 del Código de procedimiento civil, al comparecer la demandada reconoció formalmente el documento objeto de la presente demanda, resulta forzoso para esta sentenciadora reconocer el instrumento privado por existir un reconocimiento formal contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido y firma del documento privado de compra venta de bienhechurías a que se contrae la presente demanda y en consecuencia procedente la pretensión de reconocimiento de contenido y firma del documento privado presentado como documento fundamental de la acción que cursa del folio dos (02) y Vto., del presente expediente, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre la ciudadana, ELBA CONCEPCION MILLAN ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.291.503 (VENDEDORA), y por la otra, los ciudadanos JOSE GABRIEL MEDINA MORENO y YANETH ARACELYS GUTIERREZ MANTUANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-16.551.261 y V- 19.554.323, de este domicilio (COMPRADORES). Y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.