TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, once (11) de agosto de 2026
Años: 216° de independencia y 167º de la Federación.
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
PARTE DEMANDANTE: LUCY ALBERT LATOUCHE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.905.862.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: GLADYS DEL VALLE QUINTANA y BETSY SILVA FERNANDEZ, inscritas en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 121.589 y 135.437, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SUCESIÓN DEL DE CUJUS LUIS ALBERTO LUCENA PERDOMO, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.086.456, integrada por los ciudadanos RUBÉN PASTOR LUCENA VÁSQUEZ, LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, LUIROSI COROMOTO LUCENA VÁSQUEZ, LUISA ELENA LUCENA JIMÉNEZ, LUISIANA LUCENA JIMÉNEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCENA JIMÉNEZ y OMAIRA EMELIZ JIMENEZ VARGAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-10.136.604, V-11.541.378, V-13.618.571, V-27.856.510, V-28.203.622, V-30.387.460 Y V-14.070.381, respectivamente.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE CO-DEMANDADA RUBEN PASTOR LUCENA VÁSQUEZ: DANIEL A. IZARRA MUJICA, EDITH KARELIS HERRERA CORDERO, EUSIRET ANDREINA CARRIZALEZ NIEVES, ANGELINA TERESA MACHADO CASTILLO Y MARÍA JESUS BELLERA MAVARES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 73.462, 130.284, 300.669, 308.352 y 311.585, en su orden.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE CO-DEMANDADA OMAIRA EMELIZ JIMENEZ VARGAS: RODRIGO ANDRÉS ALDANA ANZOLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 303.500.
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE CO-DEMANDADA LUISA ELENA LUCENA JIMÉNEZ, LUISIANA LUCENA JIMÉNEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCENA JIMÉNEZ: VICTOR ORLANDO RODRÍGUEZ ASSELTA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 303.429
ABOGADO (A) ASISTENTE U/O APODERADO (A) JUDICIAL DE LA PARTE CO-DEMANDADA LUIROSI COROMOTO LUCENA VÁSQUEZ y LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ: JESÚS ARMANDO GIL VÁSQUEZ y GUSTAVO ADOLFO DUARTE ALVARADO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.134 y 108.299.
-II-
DE LOS ANTECEDENTES
Se inician las presentes actuaciones por demanda de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, incoado por la abogada GLADYS DEL VALLE QUINTANA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 121.589, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LUCY ALBERT LATOUCHE, titular de la cédula de identidad N° V-13.905.862, contra la SUCESIÓN DEL DE CUJUS LUIS ALBERTO LUCENA PERDOMO, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.086.456, integrada por los ciudadanos RUBÉN PASTOR LUCENA VÁSQUEZ, LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, LUIROSI COROMOTO LUCENA VÁSQUEZ, LUISA ELENA LUCENA JIMÉNEZ, LUISIANA LUCENA JIMÉNEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCENA JIMÉNEZ y OMAIRA EMELIZ JIMENEZ VARGAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-10.136.604, V-11.541.378, V-13.618.571, V-27.856.510, V-28.203.622, V-30.387.460 y V-14.070.381, respectivamente, correspondiéndole conocer de la referida demanda a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo previa distribución de ley, dándosele entrada en fecha catorce (14) de octubre de 2024, bajo el Nro. 25.213 (nomenclatura interna de este Juzgado) asentándose en los libros correspondientes.
Mediante auto de fecha veintinueve (29) de octubre de 2024, se admite la presente demanda, y se ordena el emplazamiento de la parte demandada (folio 143 al 152 I pieza principal).
En fecha veintiocho (28) de noviembre de 2024, comparece el ciudadano Alguacil de este Tribunal, y deja expresa constancia que no le fue posible la práctica de la citación de la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, plenamente identificada, consignando a tal efecto, boleta de citación sin firmar librada a la ut supra identificada (Folios 185 al 207 I pieza principal).
En fecha cinco (05) de diciembre de 2024, comparece la abogada GLADYS DEL VALLE QUINTANA, plenamente identificada en autos, y suscribe diligencia solicitando la citación por cartel de la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, plenamente identificada (folio 231), siendo proveido dicho pedimento mediante auto de fecha diez (10) de diciembre de 2024 (Folios 232 al 234).
En fecha treinta (30) de enero de 2025 Comparece la abogada GLADYS DEL VALLE QUINTANA, plenamente identificada en autos, y mediante diligencia consigna un (01) ejemplar del diario La Calle y Notitarde en los cuales fueron publicados los cartel de notificación librado por este Tribunal de la parte co-demandada ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ (folios 235 al 237 de la I pieza principal).
En fecha veinte (20) de marzo de 2025, comparece la secretaria del Tribunal y deja expresa constancia que se trasladó a la dirección aportada por la parte demandante para fijar el cartel de citación de conformidad con el artículo 223 de Código de Procedimiento Civil,. ( folio 240 de la I pieza principal)
En fecha veintiuno (21) de mayo de 2025, comparece la abogada GLADYS DEL VALLE QUINTANA, plenamente identificada, a los fines de solicitar el nombramiento de un Defensor Ad-Litem para la parte co-demandada, ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, siendo acordada tal petición, mediante auto de fecha veintiséis (26) de mayo de 2025, designándose como Defensora Ad-Litem de la parte co-demandada, a la abogada YOLANDA CÁCERES MANTILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.089.625 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 203.765, librándose a tal efecto Boleta de Notificación, quien aceptó el cargo y fue debidamente juramentada en fecha veinte (20) de enero de 2026.
En la presente causa se cumplieron con todos y cada uno de los extremos exigidos para la notificación, juramentación de la Defensora Judicial designada, abogada YOLANDA CÁCERES MANTILLA, plenamente identificada.
En fecha cinco (05) de agosto de 2026, comparece la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.541.378, parte co-demandada, asistida por los abogados JESÚS ARMANDO GIL VÁSQUEZ y GUSTAVO ADOLFO DUARTE ALVARADO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.134 y 108.299 en el acto de evacuación de testigos (folios 80 pieza principal).
-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
SOBRE LA CESACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DESIGNADA POR EL TRIBUNAL (DEFENSOR AD LITEM) DE LA PARTE DEMANDADA.
Siendo la oportunidad procesal para pronunciarse acerca de los efectos jurídicos de la comparecencia de la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.541.378, parte co-demandada, asistida por los abogados JESÚS ARMANDO GIL VÁSQUEZ y GUSTAVO ADOLFO DUARTE ALVARADO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.134 y 108.299 en el acto de evacuación de testigos, es necesario señalar que, en el caso que nos ocupa, se observa que, existe la circunstancia en actas de: 1) Haberse designado y juramentado la Defensora Judicial de la parte demandada; y, 2) La comparecencia de la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, posteriormente a la juramentación de la Defensora Judicial. Por tanto, es deber insoslayable de quien aquí decide, pronunciarse acerca de la consecuencia jurídica originada por tales situaciones, en base a las siguientes consideraciones:
LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA en sentencia Nº 33 del 26 de febrero de 2004, con Ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 2002-001212 (Caso: Roraima Bermúdez Rosales),
“Para decidir, la Sala observa:
El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).
“La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
“Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito:
1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.
2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.
“Debido a ese doble fin, el defensor no obra como mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante –quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos, de los bienes del defendido, si éstos existen.
“Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.
“Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función del defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
“En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
“El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
“Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
“Para tal logro no basta que el defensor envié telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
“A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
“Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de personas natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.
“Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicios, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial –que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella. (…).”(Subrayado y Negrilla de este Tribunal Superior).-

Conforme con el criterio jurisprudencial explanado, se impone por parte de quien aquí juzga, el análisis de la situación procesal in comento, pues, la misma tiene directa relación con disposiciones procesales de estricto orden público y constitucional. Así se constata.
Razona quien aquí decide que el derecho a la defensa dentro de un proceso jurisdiccional, es fundamental para todo justiciable y así lo consagra el artículo 49 constitucional, por esa razón, nuestra legislación prevé en el proceso de naturaleza civil, la figura de los defensores judiciales, cuyo propósito es que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea representado y defendido, así no sea personalmente en la relación jurídica procesal que comienza con la contestación de la demanda, por ello considera esta juzgadora, que el Defensor de Oficio, una vez juramentado y citado, debe asumir la defensa del demandado que no puede ser citado personalmente, para que se forme así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido y defenderlo debidamente. Así se analiza.
Ahora, no es menos cierto, que ante la constitución en juicio de representantes facultados por la parte demandada para su defensa, según, el cargo y las funciones del defensor Ad-litem deben cesar de inmediato a partir de la última fecha indicada y consiguientemente, sus atribuciones representativas; pues, nadie puede representar mejor los intereses de la parte demandada como el mismo demandado, ya sea personalmente o mediante apoderados judiciales que a bien tenga a designar a su libre albedrío, no siendo la norma legal capaz de contradecir y vulnerar el principio constitucional a la defensa contemplado en el artículo 49 de la Carta Magna. Así se declara.
Bajo este contexto se hace menester traer a colación lo establecido por LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en sentencia número 12, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año 1990, estableció:
“Omissis… Nuestro ordenamiento positivo ha acogido la figura del defensor ad litem creada por el derecho común, quien es representante sin haber recibido mandato del representado, admitiendo la figura en los artículos 136 y 137 del derogado Código de Procedimiento Civil (equivalente a los artículos 223 y 224 del vigente), para situaciones originadas del hecho de no encontrarse la persona demandada o de comprobarse que no está en la República para practicarse en él las citaciones y notificaciones en juicio, con la finalidad de que las causas no se paralicen por tan excepcionales situaciones y evitar así un lamentable estado de indefensión. En los supuestos legales previstos en esos dos artículos, el defensor ad litem deriva su facultad representativa de un acto soberano del Juez, que procede con el carácter de órgano del Estado a quien la ley autoriza expresamente para nombrarle al demandado, de manera directa y autónoma, un defensor, sin que la voluntad del representado sea tomada en cuenta en absoluto para efectuar nombramiento.
Por consiguiente, el poder representativo del defensor ad litem es indelegable e insustituible: Por el contrario, a la facultad representativa del apoderado judicial ordinario o especial tiene su causa o título en la voluntad del mismo poderdante, de ahí que existiendo una representación que reposa en la propia y directa voluntad del representado, sea lógico suponer que la representación de un Abogado que exhiba poder con facultad expresa- para ello. Haga cesar de ipso facto en sus funciones a quien representaba hasta ese instante al demandado no presente aún en el proceso. Es obvio que esta sustitución encuentra mayor aplicación si en vez de presentarse un extraño en el juicio, es personalmente el mismo demandado o su legítimo representante quien lo hace y asume su defensa: En tales casos, el cargo oficial y las funciones del defensor ad litem cesan ipso facto y consiguientemente, sus funciones representativas como lo ordenan los citados artículos (CSJ, Sent.18-12-90, en Pierre Tapia, O.:ob.cit. Nº12, p.251 -252)”.

Visto así las cosas y observando que la razón de la Institución de la defensora Ad- Litem fue diseñada legalmente para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, únicamente ante la imposibilidad de citar al demandado, en casos como el de marras, donde se deja constancia en actas de la constitución de la representación de la parte demandada, es de deducir el cese Ipso facto en sus funciones, de quien representaba hasta ese instante a la parte co-demandada, abogada YOLANDA CÁCERES MANTILLA, en la figura de Defensora Ad-litem, pues, la parte co-demandada optó por hacerse presente en juicio. Así se ordena.-
En el caso de autos, como se aprecia de la exposición inicial, se juramento al defensor Ad-litem de la parte co-demandada, en consecuencia, visto lo argumentado, debe ordenarse el cese inmediato en las Funciones Representativas del Defensor Judicial designado y tener presente en juicio a la parte co-demandada en juicio. Así se advierte.
-V-
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, en virtud de los argumentos esgrimidos, declara: EL CESE INMEDIATO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANA LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.541.378 POR PARTE DE LA DEFENSORA AD LITEM (JUDICIAL) designada abogada YOLANDA CÁCERES MANTILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.089.625 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 203.765, y en consecuencia, se tiene como parte del proceso a la ciudadana LUIENGRI ROSANGEL LUCENA VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.541.378, asistida por los abogados JESÚS ARMANDO GIL VÁSQUEZ y GUSTAVO ADOLFO DUARTE ALVARADO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.134 y 108.29, en su orden.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia digitalizada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Valencia, a los once (11) días del mes de agosto de 2026. Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA JUEZA,
FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA
LA SECRETARIA,
ROSALBA RIVAS ROSO