TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

PRESUNTO AGRAVIADO: TONY SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-13.992.307, de este domicilio.

APODERADO JUDICIAL: ELIUD CORONEL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 276.237, de este domicilio.

PRESUNTOS AGRAVIANTES: ciudadanos EGLA FERNANDEZ y DANIEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, la primera nombrada titular de la cédula de identidad Nro. V.-10.738.483, mientras que el segundo no tiene acreditada identificación alguna, ambos de este domicilio.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 59.537

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

I
DE LA CAUSA

En fecha 13 de agosto de 2026, se recibió en este Juzgado, previa su distribución, acción de Amparo Constitucional interpuesto el abogado ELIUD CORONEL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 276.237, de este domicilio, actuando en nombre y representación del ciudadano TONY SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-13.992.307, de este domicilio, en contra de los ciudadanos EGLA FERNANDEZ y DANIEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, la primera nombrada titular de la cédula de identidad Nro. V.-10.738.483, mientras que el segundo no tiene acreditada identificación alguna, ambos de este domicilio. En tal sentido, expone en su escrito lo siguiente:
“(…) Omissis…
CAPÍTULO II
DE LOS HECHOS Y LA RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA POSESIÓN
1. Inicio de la relación alojativa y posesión pacífica: En fecha 26 de julio de 2012, mi poderdante TONY SIL-VA suscribió contrato de arrendamiento residencial con la ciudadana EGLA FERNÁNDEZ sobre el inmueble ubicado en la siguiente dirección: Conjunto Residencial Portales de Shalimar, Calle 129, Torre A, Piso 12, Apartamento 12-6, Urbanización La Trigaleña, Valencia, Estado Carabobo. Desde esa fecha, mi representado ha mantenido la residencia continua, legal, legítima y pacífica del inmueble junto a su núcleo familiar.
2. Cumplimiento de obligaciones y mantenimiento del inmueble: No obstante que la arrendadora exigió el pago mensual del condominio (hecho no estipulado originariamente), mi representado asumió no solo dicha carga sino también las deudas añejas anteriores a su llegada. Asimismo, ejecutó múltiples obras de acondicionamiento, pintura y reparaciones integrales, manteniéndolo en óptimas condiciones, constando ello en Acta de Inspección practicada oportunamente por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI).
3. Ausencias imprevistas y continuidad en las eroga-ciones: Durante el año 2017, la ciudadana Egla Fernández dejó de enviar a cobrar los cánones de arrendamiento a través de su hija. En 2019 reapareció temporalmente para asumir el condominio por siete (7) meses y posteriormente volvió a desaparecer a princi-pios de 2020. A pesar de la desidia de la arrendadora, mi poderdante ha sufragado de forma ininterrumpida las expensas de condominio y la manutención del in-mueble para salvaguardar la habitabilidad.
4. Antecedente violento de junio de 2022 y Procedi-miento SUNAVI: En junio de 2022, la accionada junto a su hija intentó un primer violentamiento al apartamento irrumpiendo y destruyendo la cerradura. El hecho fue atendido de forma oportuna por la Policía del Estado Carabobo (Módulo Las Chimeneas), lugar donde la accionada suscribió un Acta Compromiso de abstenerse de vías de hecho y encauzar cualquier reclamo por la vía legal administrativa de la SUNAVI. Iniciado el procedimiento legal ante SUNAVI y agotadas múltiples audiencias, la ciudadana Egla Fernández jamás presentó documentos que acreditaran legalmente su derecho de propiedad ni logró acuerdo alguno, desapareciendo nuevamente a mediados de 2024.
5. El Despojo Violento e Ilegal del 14 de Noviembre de 2026: El día viernes 14 de noviembre de 2026, la ciu-dadana EGLA FERNÁNDEZ, en compañía de su hijo DANIEL MARTÍNEZ, una mujer no identificada, un ce-rrajero e instrumentalizando a tres (3) niños menores de edad, irrumpieron arbitrariamente en la edificación. Mediante herramientas de cerrajería volaron la cerradura de la puerta principal del apartamento 12-6.

En el interior del inmueble se encontraba únicamente la ciudadana FRANCISCA RAMOS (C.I. 24.275.006), mujer de la tercera edad (75 años), quien fue víctima de agresión física y verbal al ser empujada en forma brusca al pasillo por el ciudadano DANIEL MARTÍNEZ. Fue despojada violentamente del pin del ascensor, de sus llaves personales y forzada a descender a pie doce (12) pisos por las escaleras de emergencia, causándole un estado de shock y descompensación física que requirió el auxilio de un oficial de seguridad del edificio. Se les impidió retirar ropa, medicinas, enseres o bienes personales, saliendo únicamente con dos mascotas en brazos.
6. Inacción policial momentánea y desprotección: Pe-se a la comisión del delito flagrante de Violación de Domicilio y Despojo Inmobiliario, los cuerpos policiales actuantes (Módulo Las Chimeneas y Los Sauces) y la Fiscalía 33° no restituyeron y el sitio alegando el límite del horario de labores por ser un viernes a las 6:00 p.m., dejando a una adulta mayor y a mi poderdante en situación de indefensión absoluta y deambular de casa en casa de familiares. (...)” (cursiva de este Tribunal).

En virtud de los hechos narrados y transcritos supra, se observa que la presunta agraviada pretende con la Acción de Amparo Constitucional sometida a conocimiento de este Tribunal, el cese de la perturbación a la que está siendo sometida y que se le restituya la situación jurídica infringida relacionada con el derecho constitucional a una vivienda digna.

II
DE LA COMPETENCIA
Debe pronunciarse en primer lugar este Tribunal respecto de su competencia actuando en sede Constitucional, para conocer de la presente acción de Amparo y a tal efecto observa:
En sentencia Nro. 1 de fecha 20 de enero de 2000, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente Nro. 00-0002 en ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso: Emery Mata Millán contra el Ministro del Interior y Justicia y otra, se reordenó la distribución competencial de la jurisdicción en materia de Amparo Constitucional, en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A tales efectos, y a la luz de la interpretación constitucional realizada por la mencionada Sala, se desprende del fallo en cuestión lo siguiente:
Omissis…
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.

Así las cosas, visto el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a los Tribunales de Primera Instancia conocer de aquellos amparos que se interpongan en la materia relacionada o afín con el mismo. Y ASÍ SE OBSERVA.-
Expuesto lo anterior, e incoada en fecha 16 de enero de 2026 la presente Acción de Amparo Constitucional por parte el abogado ELIUD CORONEL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 276.237, de este domicilio, actuando en nombre y representación del ciudadano TONY SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-13.992.307, como consecuencia de las presuntas vías de hecho que han estado cometiendo en contra de la quejosa en lo que respecta a la perturbación en cuanto a la posesión pacífica de la casa habitacional que ostenta, con lo cual, vulnera garantías fundamentales, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se constituye en Tribunal Constitucional, declarando su competencia para la sustanciación y resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; dado que se trata de la interposición de la Acción Extraordinaria de Amparo Constitucional contra hechos o actos materiales por cuenta de un particular que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional. Y ASÍ SE DECLARA.-

III
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES OBJETO
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Descendiendo en consecuencia, al análisis exhaustivo de los argumentos de hecho que sustentan la presente Acción de Amparo Constitucional, la presunta agraviada denuncia como vulnerados los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del hogar, a una vivienda digna y la garantía legal a la prohibición de desalojo arbitrario como parte de la perturbación,
Así las cosas, y previamente expuestos como han sido los términos sobre los cuales se interpone la presente Acción de Amparo, este Tribunal Constitucional pasa a pronunciarse sobre su admisibilidad o no, en los términos siguientes:

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez asumida la competencia, estima necesario este Tribunal efectuar las siguientes consideraciones en lo que concierne a la admisibilidad o no de la acción deducida, por lo que en consecuencia, se desprende claramente de los hechos narrados por la quejosa, que esta pretende discutir o que se le restituya por vía extraordinaria de amparo, situaciones o circunstancias fácticas relativas a la perturbación de la que es objeto, por cuanto está siendo perturbado en la posesión legal y pacífica que detenta sobre un anexo habitacional, solicitando que dichos actos cesen y así restituirle la situación jurídica presuntamente infringido.
Sin embargo, ante la situación descrita por el apoderado judicial del querellado, resulta menester advertir que contra todo actuación material o vías de hecho que vulnere o amenace con vulnerar un derecho o una garantía constitucional, se podrá recurrir a la acción extraordinaria de Amparo, siempre que no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz en consonancia con la protección que se solicite, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que ante la perturbación y las privaciones denunciadas por el demandante, existe tanto en la Norma Sustantiva como en la Adjetiva Civil, medios e instancias ordinarias preexistentes conforme a las cuales se puede obtener la satisfacción de sus pretensiones, y que de los autos que conforman la presente causa, esta Jurisdicente no constata que dichos mecanismos o instancias hayan sido agotados por el accionante, por lo que mal puede suplirse esta falta de acción con el recurso extraordinario de Amparo Constitucional, habida cuenta que este último no constituye una vía sustitutiva de los recursos ordinarios, pues de permitirse tal circunstancia, se desaplicaría indirectamente el ordenamiento jurídico vigente, ya que la acción de Amparo resultaría siempre, de manera obvia, más breve y eficaz, dada su propia naturaleza, por lo que en consecuencia, este último no es el medio idóneo para ventilar y/o resolver asuntos relacionados a la perturbación en cuanto a la posesión pacífica del inmueble por el querellante. Y ASÍ SE DECIDE.-
Como marco conceptual primario considera esta Juzgadora menester señalar que la Constitución de 1999, bajo el análisis de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, diseñó un sistema de garantías a las situaciones jurídicas constitucionales en las cuales el Poder Judicial juega un papel preponderante. De allí que al Poder Judicial le corresponde hacer efectivo, conforme lo ordena el artículo 26 constitucional, el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus intereses a través de una tutela efectiva. Ello se traduce en que todos los órganos judiciales devienen tutores de los derechos fundamentales.
En apoyo a lo dicho al principio, la Carta Fundamental señala en su artículo 49 las garantías intraprocesales que hacen plausible el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 26 en comento. Otro de los preceptos constitucionales que conforman este sistema de protección, es el contenido del artículo 253 ejusdem, de acuerdo con el cual a dichos operadores judiciales les concierne ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado. Para una mayor consolidación de este sistema procesal garantizador, el artículo 334 de la Cara Fundamental declara que todos los jueces están en la obligación de asegurar la integridad de esta última. En consecuencia, resulta congruente con este análisis previo determinar que la específica acción de Amparo Constitucional constituya un medio adicional a los ordinarios, en la tarea de salvaguardar los derechos fundamentales.
Así las cosas, según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 1496 de fecha 13 de agosto de 2001, Exp. Nro. 00-2671, bajo ponencia del Magistrado José Delgado Ocando, la acción de Amparo Constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues su agotamiento previo, es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo. El segundo supuesto procede, cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

A mayor abundamiento, es importante destacar que ha sido por regulación jurisprudencial que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que la acción de Amparo Constitucional resulta procedente cuando se hayan agotado los medio judiciales ordinario preexistentes, y aún cumplido esto, la situación jurídica no haya sido restituida o satisfecha, por lo que en caso contrario, no habiéndose incoado o agotados tales remedios procesales, la acción extraordinaria de amparo deviene en inadmisible. De manera que, resultaría procedente la actuación tuitiva del Estado, una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados por la accionante, y que solo bajo el supuesto de que aún verificado esto, la situación jurídico constitucional denunciada no haya sido satisfecha, a la luz del ejercicio de la tutela judicial que deben impartir los jueces de la República, en su rol de ser los únicos canales procesales previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, destinado a verificar si ha sido agotada previamente la vía ordinaria, en el deber de velar por el restablecimiento de los derechos fundamentales que han sido denunciados como vulnerados, señalando la vía existente e idónea para tal fin. Dicho en otros términos, la imposición del agotamiento de la vía requerida no refiere a que el accionante deba interponer cualquier tipo de recurso, sino solo aquellos que posibiliten el restablecimiento de los derechos fundamentales que denuncia como violentados.
De tal modo, que ha sido criterio pacífico, reiterado e inveterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Sentencia N.° 2369/2001 del 23 de noviembre, caso: “Mario Téllez García y otro”, para que sea admitida la acción de amparo, se hace imperativa la condición de que no exista un medio procesal ordinario e idóneo capaz de restituir la situación jurídica infringida, o que el mismo haya sido agotado y no hubiera sido eficaz para reparar la lesión constitucional o bien que el accionante justifique razonadamente porque los mismos no son eficaces y eficientes.
En tal sentido, se advierte que el querellante cuentan con medios ordinarios idóneos previstos en la Ley Adjetiva Civil y la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, para aquellos casos como el de auto, que pretende el cese de la perturbación en la posesión del inmueble habitacional y la privación del mismo en cuanto a los servicios públicos básicos como los denunciados, con los que pueden en derecho atacar dicha circunstancia antijurídica, pero que resulta claro para esta Sentenciadora, que la quejosa no agotó dichos mecanismos procesales o justificó y demostró la insuficiencia de los mismos para restituir la situación jurídica presuntamente infringida. De allí que, al patentizarse que la accionante en amparo no ejerció tales medios ordinarios que la ley y la jurisprudencia regulan para el restablecimiento de dicha situación jurídica infringida, en casos como el aquí examinado, la acción de amparo debe ser declarada indefectiblemente inadmisible. Y ASÍ SE DECLARA.-
Es por ello que la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, ha sido en extremo celosa en inadmitir acciones de amparo constitucional, ante la verificada existencia de recursos, remedios y/o medios ordinarios procesales preexistentes, cualquiera que fuere la naturaleza de los mismos. En efecto, dentro de las causales de inadmisión de la pretensión de amparo se encuentra el previo agotamiento procesal de la vía de cuestionamiento disponible, a menos que de ello resulte o se derive la consolidación del daño o imposibilidad de la restitución de la situación jurídica infringida, lo que haría nugatorio el requerimiento judicial de la tutela constitucional por la inoportunidad de su ejercicio, lo cual debe ser alegado y probado en autos por el legitimado activo, según la doctrina judicial de esta Sala Constitucional, circunstancia esta última que la quejosa no cumplió o demostró. Y ASÍ SE OBSERVA.-
En consecuencia de lo anterior, la Acción de Amparo Constitucional no es supletoria ni en forma alguna sustitutiva de los medios procesales ordinarios que le son conferidos a las partes, en virtud de lo cual, en el caso bajo examen, no resulta procedente conforme a derecho el ejercicio de la Acción de Amparo Constitucional para procurar restituir la situación jurídica que presuntamente le ha sido infringida al querellante, ya que cuya pretensión debe ser objeto de control legal y no, en modo alguno, de control constitucional. Y ASÍ SE OBSERVA.-
En virtud de los argumentos de hecho, de derecho y los jurisprudenciales suficientemente vertidos supra, es por lo que ante el ejercicio inadecuado de la presente Acción de Amparo Constitucional, respecto a que de existir otra vía judicial capaz de dar respuesta útil a la pretensión procesal, debe optarse por agotar esta prima facie, y que solo en caso de la inoperancia de estas vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado, resultaría procedente recurrir en Acción de Amparo, es decir, este último recurso extraordinario se hace procedente cuando el sistema procesal ordinario se revela inidóneo, es por lo que resulta forzoso para esta Juzgadora declarar INADMISIBLE la pretensión de tutela constitucional. Y ASÍ SE DECIDE.-

V
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en sede constitucional, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE IN LIMINE LITIS, la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el abogado ELIUD CORONEL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 276.237, de este domicilio, actuando en nombre y representación del ciudadano TONY SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-13.992.307, de este domicilio, en contra de los ciudadanos EGLA FERNANDEZ y DANIEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, la primera nombrada titular de la cédula de identidad Nro. V.-10.738.483, mientras que el segundo no tiene acreditada identificación alguna, ambos de este domicilio.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia, en el site denominado Región Carabobo.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, estado Carabobo, a los catorce (14) días de agosto de 2026. Año 216º de la Independencia y 167° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA

ABG. JESUANI SANTANDER
LA SECRETARIA TITULAR

ABG. ADRIANA CALDERÓN
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las nueve horas ante meridiem (09:00a.m).

LA SECRETARIA TITULAR

ABG. ADRIANA CALDERÓN

EXP. 59.537
JS/AC/bp