En fecha 23 de junio de 2025, fue presentado escrito libelar por la ciudadana BERNABELA ISABEL ZÚÑIGA QUINTANA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-12.605.704, asistida por el abogado José Rafael Alonzo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 31.065, con motivo de la demanda por Amparo Constitucional, en contra de la sociedad mercantil R.F 2007, INVERSIONES, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 5 de octubre de 2007, bajo el Nro. 29, Tomo 87. Correspondiendo el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, quedó signada bajo el N° 27.379.
I
En fecha 30 de junio de 2025, se dictó auto de admisión a la presente demanda, ordenando se libraran las notificaciones acordadas y oficio No. 254-2025, así como se evidencia desde el folio cincuenta y uno (51) hasta el cincuenta y cinco (55) de la presente pieza principal.
Ulterior a ello, el 9 de julio de 2025, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber sido infructuosas las notificaciones de los representantes de la sociedad mercantil presuntamente agraviante. En esta misma fecha, la presunta agraviada, asistida de abogado, suscribió diligencia mediante la cual consignó nueva dirección para la práctica de la notificación.
Así pues, en fecha 14 de julio de 2025, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber sido positiva la notificación de la presunta agraviante a través de una tercera persona, la cual recibió y firmó la boleta de notificación consignada.
En este sentido, el 18 de julio de 2025, este Tribunal emitió auto mediante el cual ordenó nuevamente la notificación de la sociedad mercantil, en vista que, la boleta de notificación consignada por el Alguacil fue recibida y firmada por una tercera persona distinta a la que representa a dicha sociedad.
En virtud de ello, en fecha 21 de julio 2025, la presunta agraviada, asistida de abogado, suscribió diligencia mediante la cual suministró nueva dirección para el fin de la notificación a otro representante de la presunta agraviante.
Es por ello, que en fecha 23 de julio de 2025, este Tribunal acordó el traslado del Alguacil a la dirección suministrada a fin de realizar dicha notificación. En la misma fecha se libró nueva boleta de notificación.
Seguidamente, en fecha 30 de julio de 2025, la ciudadana Bernabela Isabel Zuñiga Quintana, plenamente identificada, asistida de abogado, suscribió diligencia por medio la cual solicitó la citación por carteles.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, este Tribunal dictó auto en el cual negó lo solicitado por la ciudadana Bernabela Isabel Zuñiga Quintana, plenamente identificada, y en consecuencia, instó a la mencionada ciudadana a gestionar lo conducente con el Alguacil a fin de que impulsara la notificación ya acordada.
Ahora bien, del recorrido procesal realizado se puede constatar que desde la fecha de la admisión de la presente demanda, han transcurrido más de treinta (30) días sin que la parte demandante haya dado cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para la citación de la parte demandada, configurándose de esta manera la perención breve establecida en el artículo 267 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, que establece: “… 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado …”
II
Con respecto a la perención breve, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 176, de fecha 4 de abril de 2018, con ponencia de la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, estableció lo siguiente:
La norma antes transcrita, regula la institución de la perención, la cual consiste en una sanción a las partes que por negligencia o descuido hayan abandonado el juicio por un lapso determinado que, según las circunstancias del caso, podrá ser declarada luego de haberse materializado la inacción y al ser aplicada produce como consecuencia la extinción del proceso, que busca evitar la perpetuación indefinida en el tiempo de los juicios.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, mas no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
(…)
Con base en la jurisprudencia antes transcrita, la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, no opera cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en el proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil.
Con base a los criterios legales y jurisprudenciales previamente citados, este Juzgador determinó que, la parte demandante incurrió en una falta de impulso procesal, al no haber cumplido con las obligaciones que le impone el Código de Procedimiento Civil, específicamente la establecida en el artículo 267 numeral 1°, referente a la citación de la parte demandada, por cuanto estaba en el deber de impulsarla una vez admitida la demanda, lo cual hasta la presente fecha no ocurrió. En consecuencia, quien aquí decide considera que en el presente juicio operó la perención breve de la instancia. Así se establece.
III
Por las razones de hecho y derecho antes explanadas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, decide:
ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido un lapso de treinta (30) días sin que la parte demandante haya cumplido con las obligaciones que le impone la ley para la citación de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia al día veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiséis (2026). Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación. -
El Juez Provisorio,
Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR
En la misma fecha se publicó la sentencia que consta de tres (3) páginas, siendo las 10:00 de la mañana.
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR
Exp. N° 27.379/N.A
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