PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha 15 de abril de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Puerto Cabello, que declara consumada la perención y en consecuencia extinguida la instancia. No hay condenatoria en costas conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

UNICO: SE DECLARA COMPETENTE al Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo para conocer del presente juicio por prescripción adquisitiva, a quién se ordena continuar conociendo de la causa. Conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, comuníquese mediante oficio a la Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo del contenido de la presente decisión.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada en fecha 11 de marzo de 2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo; TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la cuestión previa opuesta por la demandada, contenida en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la caducidad de la acción. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el 27 de mayo de 2009, por el Juzgado Séptimo de los municipios Valencias, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, la cual declara sin lugar la oposición formulada por la parte demandada a las medidas preventivas decretadas por ese juzgado en fecha 27 de mayo del presente año. Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.