Por las razones de hecho y de derecho explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de REPOSICIÓN DE LA CAUSA formulada por el abogado JORGE ENRIQUE COA MATHEUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 3.672.611, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 22.175, actuando en su carácter de apoderado judicial de la demandada Sociedad de Comercio AGROPECUARIA SAN DIEGO C.A.

Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la cuestión previa opuesta por la abogado RORAIMA BERMÚDEZ GONZÁLEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 42.536, actuando en su carácter de apoderada judicial del demandado de autos FRANCISCO JOSÉ LOVERA MONAGAS. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, se declara DESECHADA la demanda por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN) intentada por los abogados CLEVER RAFAEL MEDINA AIGNER y LOUISNETTE MARTÍNEZ GUERRERO, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos JESÚS RAFAEL CONTRERAS MEJÍAS y JAMES BELL ¿ SMYTHE ROMERO contra el ciudadano FRANCISCO JOSÉ LOVERA MONAGAS, todos debidamente i.....

En sintonía con los criterios jurisprudenciales supra parcialmente transcritos, estima este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho, de conformidad con los artículos 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil, concatenados con los artículos 2, 26, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en observancia al propio auto de admisión a la demanda, el cual ordena la aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22 de mayo de 2001, es ordenar CORREGIR EL AUTO DE ADMISIÓN dictado en fecha 01 de marzo de 2011, solo en lo que respecta a la orden de citación de la parte querellada

este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece. Se acuerda la Notificación de ambas partes de la presente decisión.

En consecuencia, este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece. A tal efecto, se ordena la notificación de las partes.

En consecuencia, este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece. A tal efecto, se ordena la notificación de las partes.

En consecuencia, este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece. A tal efecto, se ordena la notificación de las partes.

En consecuencia, este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece.