Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE la demanda por por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO POR INTIMACION), presentada por NAHIR MAYELA CERVEN DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nro. 4.867.199 y de este domicilio en su carácter de PRESIDENTE de la COOPERATIVA HENAMIRYU, R. L, debidamente inscrita por ante la oficina del Registro Publico de los Municipios Naguanagua y San Diego del Estado Carabobo, en fecha 10 de septiembre de 2003, bajo el Nro. 15, folios 1 al 9, tomo 19, Protocolo Primero, asistida por la Abogado DAYSI ALMEIDA PALACIOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 27.885 y de este domicilio. Publíquese y déjese copia.

En sintonía con los criterios jurisprudenciales supra parcialmente transcritos, estima este Tribunal que lo procedente y ajustado a derecho, de conformidad con los artículos 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil, concatenados con los artículos 2, 26, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO DE NUEVA ADMISIÓN, con el fin de corregir el error involuntario antes mencionado. Y así se decide. Se dejan sin efecto todas las actuaciones, efectuadas con posterioridad al auto de admisión viciado, dictado en fecha 26 de octubre de 2012. En cuanto a las medidas cautelares decretadas por el Tribunal, se ordena expresamente dejarlas en plena vigencia y vigor. Admítase la demanda, subsanando los vicios cometidos en el auto de admisión anterior, lo cual se hará por auto separado.

Con fundamento en todo lo antes explanado, siendo que este Juzgado tiene suficiente certeza judicial del estado en que se encuentra el complejo de viviendas; siendo que las mismas se encuentran ocupadas por terceros interesados compradores de buena fe, y, habida cuenta de que los ocupantes se encuentran civilmente organizados en beneficio de su comunidad o beneficio comunal, sumado a que no fue acreditado el fomus bonis iuris por parte del solicitante, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario, amparado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y, en aras de coadyuvar a los fines del Estado como lo es dotar a la población de Viviendas Dignas, en este momento histórico que vive nuestro País, la República Bolivariana de Venezuela, y, por consiguiente, nuestro Pueblo, declara: ÚNICO: SE NIEGA LA MEDIDA de prohibición de enajenar y gravar, solicitada por la representación judicial de la parte actora en la presente causa. Y así.....