CAPITULO IV DECISIÓN Por todos los razonamientos expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara: Sin Lugar la Cuestión Previa contenida en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, interpuesta por los ciudadanos Jesús Alberto Padrón Flores y Janelia del Carmen Marín Márquez, ya identificados, en su carácter de demandados, en el juicio por Cumplimiento de Servidumbre interpuesto por el abogado Alfonso Fajardo Oviedo, ya identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante ciudadanos Carmelo Leonardo Páez, Prospero José Hernández Reyes y Marvella Coromoto Rojas, ya identificada. Se indica a la parte demandada, que la contestación de la demandada se verificará de conformidad con lo establecido en el artículo 358 del Có.....

Vista la diligencia que antecede, estampada por una parte por la ciudadana MARIA XIOMARA VARGAS HERNANDEZ y por la otra TERESA DE JESUS GALLO SOLEDAD, asistidas por los abogados FRANCISCO RAFAEL LUQUE y OLIVA FARFAN MARQUEZ, mediante la cual dan cumplimiento al acuerdo transaccional de fecha 12 de Marzo de 2008; haciendo entrega la ciudadana MARIA XIOMARA VARGAS HERNANDEZ,un cheque de gerencia signado con el Nro. 0953814, de Corp Banca, Banco Universal, a la ciudadana TERESA DE JESUS GALLO SOLEDAD, por la cantidad de Ocho mil Bolìvares (Bs. 8.000), de fecha 27 de Mayo de 2008, entregando èsta a su vez la llave del anexo totalmente desocupado. Solicitan igualmente la homologación de la Transacción. El Tribunal en vista de lo anterior, en nombre de la Repùblica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte la correspondiente HOMOLOGACION a la TRANSACCION de fecha 12 de Mayo del año en curso y ordena el archivo del expediente.

UNICO: SIN LUGAR la inhibición formulada por la abog. MAGALY PÉREZ VELÁSQUEZ, Jueza Unipersonal N° 3 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en consecuencia se acuerda remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes.

IV DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: SIN LUGAR la suspensión solicitada de conformidad con el artículo 263 del Código Orgánico Tributario por los ciudadanos Franklin Antonio Piñate Batista y Víctor Manuel Rivas Flores, mayores de edad, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 6.400.343 y V- 4.875.579, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 86.007 y 48.991, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de INVERSIONES TWENTY ONE C.A.., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 08 de junio de 2000, bajo el Nº 54, Tomo 26-A, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº AL/R-001/2008 del 07 de enero de 2008, emanada de la Alcaldía del Municipio Valencia del Estado Carabobo. Se ordena.....

Por todos los razonamientos expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamientos: UNICO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los abogados CARMEN MARISOL ALTUVE, RUBEN BARRIOS VELASQUEZ, en su condición de Defensores de CARMEN MARISOL ALTUVE; Abg. LUIS EDUARDO MELENDEZ U; y VIRNA SOIREE CASTILLO T., en su carácter de defensores del imputado JAIME ANTONIO LONDOÑO MOYA, y el abogado ANTONIO JOSE MARVAL JIMENEZ, en su condición de Defensor de los imputados ISMAEL EDGARDO DIAZ, SILDO JESUS GONZALEZ y ALEXANDER RAMON SILVA, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 31 de Marzo de 2008, mediante la cual decretó Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad contra los ciudadanos .....

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ANTONIO JOSE MARVAL JIMENEZ, con el carácter de defensor del acusado LUIS GERARDO NUÑEZ NUÑEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 7 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de Agosto de 2007, mediante la cual lo Condenó a sufrir la pena de UN (1) AÑO DE PRISION.

ABSUELVE al ciudadano OSWALDO BARRERA RIVERO, Natural de Yaracuy Estado Cojedes, nacido en fecha 14/01/1968 edad: 40 años, titular de la Cedula de Identidad: 11.234.315, hijo de: Juvenal Barrero y de madre desconocida, residenciado en: Zona Industrial Paraparal, segunda transversal, frente de la compañía DIRIMAR, casa de bloque verdes, cerca de la paletera, Valencia Estado Carabobo, de profesión u oficio Independiente del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal vigente para el momento de los hechos; y en consecuencia se ordena el cese de la Medida de coerción que pesa en su contra y se acordó su inmediata libertad desde la sala de audiencia así como librar los oficios respectivos. Se exonera de costas al Estado Venezolano de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, Y ASÍ SE DECIDE. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de decisiones que lleva est.....

ABSUELVE al ciudadano JESUS ALBERTO RIVAS CRUZ, natural de Caracas, Distrito Capital, de 33 años de edad, fecha de nacimiento 19 de octubre de 1971, estado civil Soltero (Concubino), titular de la Cédula de Identidad personal numero V.-21.099.844, hijo de Antonio José Rivas Toro (f) y Dioselina Cruz de Rivas, domiciliado en La Cabrera, Sector Punta Palmita, Parcela 144, Granja La Laguna, Estado Carabobo, del delito de delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal; y en consecuencia se ordena el cese cualquier medida que pese sobre el referido ciudadano por el presente caso y se acuerda librar los oficios respectivos. Se exonera de costas al Estado Venezolano de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, Y ASÍ SE DECIDE.

II DECISION Por las razones expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente demanda interpuesta por los ciudadanos Heriberto Antonio Freites Rojas y Thais Geannine Lugo Parra, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.252.822 y V-8.613.717, respectivamente. Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Primera Instancia, en Puerto Cabello a los 30 días del mes de mayo de 2008, siendo las diez de la mañana. Publíquese, registre y déjese copia para el copiador de sentencias. La Juez Temporal Abogada MARISOL HIDALGO GARCIA La Secretaria Suplente ALIDA GONZALEZ RODRIGUEZ En la misma fecha se cumpli.....

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación interpuesto por la abogada María Guadalupe García Sanz, quien actúa en su carácter de apoderada de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 17 de julio de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo apelado que declaró la Nulidad de las actuaciones realizadas desde la consignación del poder y la Reposición de la causa al estado en que se agote la citación de la demandada, mediante la notificación y juramentación del defensor ad-litem designado. Se condena en costas a la recurrente conforme a lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento civil.