En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO en los mismos términos expresados, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada. Así se decide.- REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Valencia, 22 de noviembre de 2010.-

Este Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Homologa el Acuerdo realizado por las partes, y por cuanto los acuerdos alcanzados por estas no vulneran derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni hay violación de normas de Orden Publico, en consecuencia, se da por terminado el juicio, se le otorga los efectos de Cosa Juzgada.

"...este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales intentada por el abogado JORGE CASTILLO MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.076.364, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 61.287, actuando en sus propios derechos contra el Ciudadano, JOSE ARELIS ZAMBRANO CASANOVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-9.341.328, por la cual se reconoce al actor el derecho de cobrar honorarios hasta la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00).Y ASI SE DECIDE..."

V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) CON LUGAR el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por el abogado Jorge Pino Perozo, en su carácter de apoderado especial de OFICINA TECNICA DE INGENIERIA, C.A, (OTI), contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCNT/SM/AJT/2008/00144/-401 del 25 de septiembre de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente y convalidó el contenido de la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-263 del 04 de mayo de 2005 en la que determinó que la contribuyente emitió 2.225 facturas de ventas entre enero de 2003 y abril de 2005 que no cumplen con las disposicion.....

DECISION Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÒN. Queda en estos términos CONFIRMADA la sentencia recurrida, se ordena la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Notifíquese la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así mismo notifíquese la presente decisión al Sindico Procurador y al ciudadano Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del.....

En este estado el tribunal deja constancia que las personas que ocupaban el inmueble procedieron voluntariamente a trasladar todos sus bienes en los transportes aportados y pagados por la parte actora, al lugar donde ellos indicaron. Seguidamente el Tribunal, declara cumplida su misión, deja expresa constancia que durante el lapso que duro la practica de la medida no se causaron daños a persona alguna ni a bienes materiales, garantizando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de las personas, igualmente se contó con la custodia a cargo del Inspector Jefe de la Policía de Carabobo Miguel Bandali, ordenando se remitan las actuaciones a su tribunal de causa y que el mismo regrese a su sede siendo las 1:00 de la tarde, es todo, termino, se leyó y conformes firman.

Por las razones de hecho y de derecho explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INCOMPETENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Abogados, y declina la competencia para conocer y decidir la presente causa, en un Juzgado de Primera Instancia Penal con Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Carabobo. SEGUNDO: NOTIFÍQUESE A LAS PARTES DE LA PRESENTE DECISIÓN, por cuanto la Juez de este Despacho se encontraba de reposo medico, desde el día 01 de Noviembre de 2010 hasta el 21 de noviembre de 2010, ambas fechas inclusive; ello a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso, consagrado en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese y déjese copia. Remítase e.....

Con fundamento a lo antes expuesto este Juzgado Segundo de los Municipios Guacara y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en sede de Protección del Niño y del Adolescente, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y con Autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION, quedando en consecuencia con Fuerza de Cosa Juzgada y fijada la Obligación de Manutención que el padre pasará a su hijo antes mencionado de la forma siguiente: PRIMERO: La cantidad de Ciento Cincuenta Bolívares Exactos (Bs. 150,00) Quincenal, con acuse de recibo. SEGUNDO: El padre se compromete a incrementar en un Diez por Ciento (10%) anualmente el monto aquí establecido. Ambos padres se comprometen a cancelar el Cincuenta por Ciento (50%) de gastos extraordinarios de ropa, asistencia médica, recreación, matricula, útiles escolares y otro que requiera el niño. Expídase por secretaría a la parte interesada copias certificadas de la presente d.....

Este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición interpuesta por la Abog. ISABEL CABRERA DE URBANO, en su carácter de Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de esta Circunscripción Judicial, con sede en esta ciudad. En consecuencia, remítase el presente expediente al precitado Tribunal, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA

ÚNICO: SIN LUGAR la recusación formulada por el ciudadano Juan María Jayo Cortabarria, en contra de la abogada Yuleima Castillo Oviedo, Jueza Provisoria del Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil, se impone al recusante una multa de dos bolívares con 00/100 céntimos (Bs. 2,00), debiendo pagar la multa en el término de tres (03) días de despacho siguiente a la fecha en la cual el Tribunal donde se intentó la recusación, ordene el pago de la planilla en cualquier oficina receptora de fondos nacionales, en el entendido de que el Tribunal de Municipio actuará como agente de retención.